Las secuelas que deja el régimen de excepción salvadoreño

Tras 70,000 personas detenidas por su presunta vinculación a estructuras criminales, la efectividad del régimen de excepción en El Salvador, para generar una “sensación de seguridad”, es innegable, confiesa el diputado Jaime Guevara, quien encabeza la bancada del partido opositor  Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a este medio.

“Nosotros reconocemos que muchos miembros de estructuras criminales han ido a parar a la cárcel, dejando una sensación de seguridad en la población, algo que respaldamos”, dijo.

Lo que Guevera no respalda son las “capturas arbitrarias y documentadas”, de personas que, siendo inocentes, terminan por quedar detenidas. “Es necesario que le digan al pueblo salvadoreño cómo van a sostener el éxito que han tenido en el ataque frontal a las estructuras criminales, sin permitir que civiles inocentes queden encarcelados”, comenta el diputado opositor.

En los más de 14 meses que el régimen de excepción lleva en ejecución, se han tenido que liberar más de 5,000 personas, tras no probarse que pertenecieran o que estuviesen vinculados a alguna pandilla, según detalló el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, en conversaciones con medios locales.

Uno de esos inocentes detenidos fue el profesor Alexander Molina, quien es subdirector del centro escolar Altavista y empresario de taxis. “Ofrezco servicios de taxis desde el 2010, porque no quiero estar dependiendo de un salario mensual. Tenía tres hijas pequeñas y necesitaba tener más dinero”, comenta el trabajador, en conversaciones con el medio salvadoreño El Faro, esta semana.

Se trata de una labor que el educador efectuó durante años y que se vería truncada, el domingo 27 de marzo de 2022, día en el que comenzó el régimen de excepción. “Me topé con un cerco policial, en el que me pidieron mis documentos y el de mis cuatro empleados”, relata Molina, quien asegura que la policía lo detuvo “ilegalmente”, a pesar de mostrar toda la documentación correspondiente, contactar con su abogado y llamar a la directora del centro educativo, en el cual laboraba.

El educador fue llevado al Centro Penitenciario de Seguridad de Izalco Fase I, junto con sus empleados, en donde estuvo detenido cinco meses, hasta ser liberado, no sin antes ser “víctima de palizas” y ver cómo uno de sus colaboradores, Marco Tulio Castillo, fue “vapuleado” por los agentes del centro penal, hasta el punto de fallecer, dos meses después, con signos de tortura en su cuerpo. “Falleció gracias a la golpiza que recibimos de parte de los custodios y los agentes policiales”, rememora con disgusto el empresario.

Castillo se suma a las 153 personas que han fallecido bajo custodia de la policía de El Salvador, durante el régimen de excepción, según datos de la ONG Cristosal.

Aunque Molina salió de la cárcel, los empleados que siguen con vida y fueron detenidos, continúan en el centro penitenciario. “Son víctimas inocentes y siguen allí... por favor, que se haga justicia”, implora el hombre de 48 años.

Aun así, el profesor confiesa que, durante mucho tiempo, se vio en la obligación de tener que “pagar renta” a las pandillas de la zona, para poder operar. “Nosotros estábamos sometidos a esos términos, teníamos que hacerlo, porque nuestra vida estaba en juego... así que recogíamos una cuota de $150 semanales, para poder operar todos los vehículos”, es por ello que, cuando los oficiales lo detuvieron, consideraron que él era un “colaborador de las pandillas” y terminaron por apresarlo.

Según El Faro, durante su detención, el empresario estuvo expuesto a torturas físicas, secuelas psicológicas, privación o restricción de alimentos, supresión de cuidados médicos, incomunicación con su equipo legal, presenció asesinatos y estuvo mezclado con pandilleros.

El diputado Christian Guevera, quien preside la bancada oficialista, comentó en conversaciones con El Heraldo, que las condiciones de los reos dentro de las cárceles son “extremadamente duras y frías”, dado que “no tienen derecho a visitas, llamadas, ni contacto con el exterior”. A esto hay que sumarle que duermen en una cama de metal y consumen únicamente frijol con tortillas, dos veces al día.

“Ellos no van a comer proteínas, hasta que todos los demás salvadoreños y perros de la calle, tenga acceso a proteínas”, agrega Guevara.

Un informe publicado por Human Rights Watch y Cristosal, titulado 'Podemos detener a quien queramos': Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador, plantea que para finales de 2022, se habían apresado a 1,600 niños.

“Las personas están saliendo de las cárceles muertas o con signos de torturas... es un caos humanitario”, pondera el diputado opositor Guevara, quien explicó a La Estrella de Panamá que durante la sesión plenaria en donde se aprobó extender por decimoquinta vez el régimen, no se abordó ningún mecanismo para evitar que esto siga sucediendo.

El funcionario cree que esta medida seguirá siendo extendida hasta las elecciones generales del próximo año, pues representa la carta más poderosa del presidente Nayib Bukele, para aspirar a la reelección.

“Ellos (los diputados oficialistas) argumentan que lo van a extender hasta que Bukele quiera, pero eso no es sostenible”, analiza el diputado.

A la fecha de publicación de esta nota, La Estrella de Panamá no ha logrado conseguir declaraciones de la bancada oficialista, sobre el estado del régimen de excepción.