El campo argentino paraliza sus actividades para protestar contra el Gobierno

Las principales entidades agropecuarias de Argentina impulsaron este miércoles un paro total de sus actividades para mostrar su rechazo a las políticas del Gobierno de Alberto Fernández, en un contexto económico adverso por la escasez de combustible y las dificultades para importar fertilizantes.

Durante esta jornada, la denominada Mesa de Enlace, integrada por las cuatro mayores patronales rurales de Argentina, acordó un cese de comercialización de granos y hacienda por 24 horas, además de organizar una serie de protestas con epicentro en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia oriental de Entre Ríos.

"Todavía no hemos visto ni una sola política pública para el sector. En Argentina, siete de cada diez dólares que se generan hoy (por exportaciones) vienen del sector agropecuario. Somos parte de la solución a los problemas que tiene el país", afirmó en declaraciones a Efe el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, antes de la celebración de una asamblea con el resto de dirigentes gremiales en esta localidad entrerriana.

Esta movilización, la cuarta convocada por la Mesa de Enlace desde la asunción de Alberto Fernández como presidente en diciembre de 2019, contempla un amplio abanico de demandas, con foco en el desabastecimiento de combustible, el alza en los precios del gasoil (o gasóleo) y las restricciones a las importaciones, especialmente de fertilizantes, que resultan necesarios para las próximas campañas de siembra gruesa.

El paro del campo, que no incluye cortes de carreteras ni de rutas como en protestas pasadas, también aborda preocupaciones más amplias del sector, como los impuestos a las exportaciones (conocidos en Argentina como "retenciones") o las políticas en materia económica de un Gobierno que, entienden, no favorece el desarrollo de la industria agropecuaria.

Para el presidente de la SRA, la situación mejoraría con medidas "orientadas a favorecer la producción y el crecimiento" del sector, entre ellas terminar con un doble tipo de cambio "que destruye la competitividad de las exportaciones", lo que no pasa necesariamente por una devaluación de la moneda local.

"Hoy el mundo brinda una oportunidad histórica, por el caso de la guerra (en Ucrania), entonces hay que aprovecharlo para que el campo genere más materias primas y alimentos, creando empleo, desarrollando el interior y favoreciendo el arraigo en las provincias", aseveró Pino.

Replicada en numerosos puntos del país, con un seguimiento especial en las provincias del interior y sin incidentes reportados hasta el momento, esta movilización sirve para expresar el rechazo contra un Gobierno sumido en fuertes tensiones internas, que motivaron la dimisión del exministro de Economía Martín Guzmán a principios de julio y su reemplazo por Silvina Batakis, una economista de perfil heterodoxo que, por el momento, no ha calmado el ánimo de los mercados.

Esta jornada de protestas se da en un contexto particularmente boyante para el sector agropecuario: según las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, las exportaciones de productos agroindustriales rondarán los 41.281 millones de dólares en 2022, unos 3.231 millones más que el año anterior, ratificándolo una vez más como el principal generador de divisas del país suramericano.

Los productos más vendidos al exterior serán, de acuerdo a estas proyecciones, los derivados de la soja, con un pronóstico de 23.685 millones de dólares para este año, y las manufacturas de maíz (9.631 millones) y de trigo (4.451 millones), con incrementos anuales en todos los complejos exportadores.

Sin embargo, la escasez de combustible observada desde mediados de marzo y la creación de un fideicomiso para estabilizar el precio del trigo y desacoplarlo de los altos precios internacionales, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, caldearon los ánimos de un sector históricamente crítico con los gobiernos kirchneristas.

De hecho, el pasado 23 de abril un grupo de productores autoconvocados también marcharon contra el Gobierno nacional en diversos distritos del país, un "tractorazo" que no contó con el aval de la Mesa de Enlace agropecuaria pero que sí fue apoyado por algunas entidades agropecuarias regionales y representantes de la oposición política.

El jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, manifestó este miércoles su rechazo a estas movilizaciones, al considerar que el Gobierno ya impulsó una serie de medidas para garantizar la provisión de combustibles, suspendiendo de forma temporal los impuestos a la importación de gasoil o aumentando la producción de las refinerías locales.

"No estamos de acuerdo con este paro. Pensamos que no conduce a nada. Hay una situación energética muy compleja a nivel mundial, pero felizmente esto se ha ido resolviendo", aseguró Manzur en declaraciones a los medios de comunicación, agregando que el diálogo con el sector agropecuario "siempre está abierto" para "incrementar la producción".

Según los últimos datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, entre el 1 y el 10 de julio se observó una mejora general en los niveles de abastecimiento de combustibles, con sólo dos provincias (Entre Ríos y Buenos Aires) que presentan problemas graves de suministro.