Exmandatarios de España y América, preocupados por la democracia en El Salvador

Expresidentes de 23 naciones, incluyendo a tres exmandatarios de Panamá, piden restablecer las reales garantías de los derechos humanos para todos los salvadoreños.

Por Panamá están firmando Nicolás Ardito Barletta, Mireya Moscoso y Ernesto Pérez Balladares.

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), teniendo presente lo declarado por esta el pasado 6 de mayo, en cuanto a que, como lo demuestra la experiencia reciente en la región, “no hay bienestar sostenible al margen de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia”, expresa ante la comunidad democrática del mundo su grave preocupación por la deriva que toman las realidades políticas en El Salvador y le aproximan a las experiencias de las llamadas dictaduras del siglo XXI.

El Salvador es parte del Pacto de Bogotá que establece a la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, a cuyo efecto las normas de esta y las de la Carta Democrática Interamericana, como interpretación auténtica de dichos tratados, le son vinculantes y obligan a sus poderes en sus decisiones; de suyo al ejercicio del control de convencionalidad a la par del control de constitucionalidad a que estén sometidos sus actos.

Los exmandatarios recordaron que en uso de una mayoría política, la Asamblea Legislativa salvadoreña procedió, sin fórmula de juicio ni ejercicio del derecho a la defensa, a la destitución de los jueces constitucionales el pasado 1 de mayo, sucesivamente a lo cual, la misma Asamblea, arguyendo el gobierno que “retirará a los jueces corruptos”, decidió reformar la Ley de Carrera Judicial y así hacer cesar en sus magistraturas a un tercio de los jueces integrantes del Poder Judicial.

“Ha obviado y se ha separado, abiertamente, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a cuyo tenor “el cese masivo de jueces, particularmente de Altas Cortes, constituye no sólo un atentado contra la independencia judicial sino también contra el orden democrático”, aseguraron los exmandatarios.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, abrogando su jurisprudencia constante, arguyendo el cambio de los tiempos, apelando a lo que considera un mandato de la soberanía popular que ella interpreta, reescribe la Constitución por vía judicial a objeto de disponer la figura de la reelección presidencial; con el agravante de que omite y evita citar, palmariamente, la reciente decisión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Agrega la Corte, de modo terminante que, “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares”.

Por consiguiente, los expresidentes instan a los organismos multilaterales competentes, a la misma ONU y a la OEA, que se han expresado en favor de la alternabilidad en el ejercicio del poder y la limitación de las reelecciones, disponer de sus competencias estatutarias para que el Estado salvadoreño regrese a la senda de la experiencia efectiva de la democracia, de su sujeción al Estado de Derecho, y restablezca, lejos de los fraudes constitucionales y convencionales, las reales garantías de los derechos humanos para todos los salvadoreños.