Zorel Morales: 'Nadie ha presentado una prueba de que la mina ha contaminado el ambiente'

El director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), Zorel Morales, conversó con La Estrella de Panamá, para analizar la situación minera y las posturas que el presidente, José Raúl Mulino, ha expresado hasta el momento.

Sí, es totalmente factible, solo es cuestión de que se tenga la voluntad de hacerlo. El problema es que la mayoría de la población, incluyendo muchos abogados, desconocen que en Panamá existe un Código Minero que data de 1963. De hecho, hubo otro que data de principios de 1900.

Hay un trabajo que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo entre 2021 y 2023 sobre mejoramiento institucional del sector minero de Panamá; expertos extranjeros lo revisaron y determinaron que el código necesita una actualización para añadirle la parte de seguridad minera y el tema de cierre de minas, como está establecido en los estándares internacionales.

Añadieron que el código tenía que ser reglamentado de manera exhaustiva y que era un código muy robusto, especialmente por el hecho de que no se metía en la competencia de otras leyes. Esto es porque solo se dedica a regular la operación minera, desde el punto de vista técnico, y deja todo al resto de las leyes que existen en el país. Por eso es importante hacer los contratos mineros bajo el Código Administrativo, en donde solo está lo que el código establece. No puede ir más allá.

La minería generó muchos beneficios para el país, aunque muchos no lo quieran aceptar; los números son reales. En 2023, entre impuestos sobre la renta, otros impuestos, regalías mineras, tasas y pagos a diversas instituciones, pagos al seguro social y otros, la empresa dio casi $600 millones.

Además de eso, se hicieron compras locales por $900 millones y se pagaron $325 millones en salarios, ya van cerca de $1.620 millones.

Si tú divides esa cantidad, sobre las exportaciones totales, que fueron de $2.550 millones, te vas a dar cuenta de que el 63 % de las ganancias de la minería se quedaron en el país.

Muchas personas no quieren aceptar que [el cierre de] la mina ha tenido un impacto significativo. Además, desde el año 2021, las tres calificadoras de riesgo [que evalúan a Panamá] coincidieron en que el crecimiento de Panamá era uno de los más altos de América Latina producto de dos motores económicos: el Canal de Panamá y la mina de cobre.

Las calificadoras vienen diciéndolo desde hace tiempo: si tú quitas uno de nuestros dos motores, vamos a tener consecuencias. Posiblemente, el desempleo esté ya en dos cifras y el porcentaje de informalidad es altísimo.

Uno no puede resolver este problema con una actividad como el turismo, en donde el 64 % de sus empleos son informales. Para arreglar el tema de la Caja de Seguro Social (CSS) se necesitan empleos formales, que paguen sus cuotas a la CSS.

Nadie, hasta este momento, ha presentado una prueba de que la mina ha contaminado, matado gente, generado cáncer o acabado con las poblaciones aledañas a la mina.

La Corte Suprema de Justicia dijo, en la sentencia que declara inconstitucional el contrato, que la mina estaba afectando el derecho a la salud de los niños que hay en los alrededores. Yo no sé a qué se referirán, pero yo sí conozco el área.

Lo que está sucediendo allá es que los niños ahora sí están yendo a la escuela, sí tienen centros de salud y muchos de ellos -que fueron becados por la empresa- hoy son ingenieros que no tienen trabajo porque cerraron el lugar.

Antes de que comenzara la mina, en esa área las actividades reinantes eran el narcotráfico y la minería ilegal. Allí había una nula presencia del Estado. El ausentismo escolar era del 95 %.

Desde el año 2009, cuando se comenzaron los trabajos de la mina, ese porcentaje disminuyó a cero. Si eso quiere decir que los derechos de los niños han sido violados por la presencia de la mina, que me digan qué es no violarlos.

El estudio de impacto ambiental obliga a la empresa a hacer una conservación ambiental de 215.000 hectáreas, dentro de las tres zonas protegidas que hay en el área (Parque Nacional Santa Fe, Omar Torrijos y Donoso).

La mina fue la primera, desde la época precolombina, en proteger esa zona, porque el gobierno no tiene los recursos financieros para ejecutar los planes de conservación del área.

Esa zona fue cuidada, ya que la empresa se dedicaba a monitorear la calidad del agua, las lluvias, la flora y la fauna. Se rescataron y conservaron muchas especies y todo fue pagado por el cobre panameño.

Te recomiendo que vayas y lo veas tú mismo. Nosotros nos hemos sentado con ellos y han sido muy vocales y honestos en reconocer que no sabían lo que perdían con la salida de la mina. Eso es algo que se debe mostrar.

Eso es otro mito. La Corte no ordenó el cierre de la mina. Si miras la última página del fallo, te vas a percatar de que se ordenó declarar inconstitucional la Ley 406 que aprueba el contrato. Por ningún lado le añade que hay que cerrar la mina, solo anularon el contrato.

Si queremos abrir para cerrar de manera responsable, tenemos que operar la mina. Si no, van a tener que buscar el dinero para financiar un cierre no programado -que va a costar más que el cierre final- y va a ser más difícil de controlar que no haya daños ambientales.

Eso no tiene sentido. Ninguna empresa va a suspender un procedimiento de esta índole. Todavía estamos en una situación en la que puede ganar Panamá y la empresa, pero para eso hay que sentarse a una mesa de negociación con la asesoría de gente que conozca la actividad.

No, ellos no tenían a nadie que conociera del tema minero y no se acercaron a nosotros. Nosotros ofrecimos asesorarlos, pero no quisieron. Nunca nos quisieron escuchar. Para establecer una negociación como esta hay que conocer cómo se maneja esta actividad.

Nosotros hemos enviado tres cartas formales al gobierno de Mulino, pero no nos ha atendido todavía. Yo creo que sería muy importante que nos atendiera porque el tema de la minería no solo abarca esta mina, sino la diversificación de las actividades del país y la oportunidad para nosotros de resolver problemas ambientales que tenemos en este país.

No hay seguridad de que esa reunión sucedió y, hasta donde nosotros sabemos, no se dio. Esa noticia vino de una fuente que no es demasiado confiable.