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- 09/04/2017 02:00
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Alan Dershowitz, profesor jubilado de la Escuela de Derecho de Harvard, solía contar a sus estudiantes el secreto, a menudo repetido, de un buen abogado.
‘Cuando la ley está de tu parte', decía Dershowitz, ‘golpea la mesa con la ley. Cuando los hechos están de tu lado, golpea la mesa con los hechos. Y cuando ni la ley ni los hechos están de tu lado, sólo golpea la mesa.'
Al atacar las llamadas ciudades-santuario, los conservadores no cuentan ni con los hechos ni con la ley. Así es que golpean la mesa. Simplifican excesivamente, se contradicen y hablan en círculos. El asunto los enloquece, y así es como suenan. ¿Apoyan los derechos de los estados? Depende.
Los legisladores de California están trabajando en una propuesta de ley para un ‘estado santuario', que mantendría a la policía local y del estado excluida de la imposición de la ley migratoria. SB 54 —que fue aprobada en el Senado del estado la semana pasada— prohíbe que la policía interrogue a un individuo sobre su categoría migratoria, que permita que los agentes federales de inmigración entrevisten a alguien preso, o que asista a esos agentes a imponer la ley de inmigración.
Los conservadores están furiosos. Dicen que California se ha sublevado y que hay que frenarla.
Sin embargo, hace unos años, al defender la ley migratoria racista de Arizona, se pronunciaron a favor de los derechos de los estados y felicitaron a las localidades por desafiar al gobierno federal.
¿Y qué de la independencia de los departamentos de policía locales? ¿Apoyan los conservadores eso? Depende.
Recientemente, el Procurador General de EE.UU., Jeff Sessions, ordenó una revisión de decretos de consentimiento entre el Departamento de Justicia y los departamentos de policía locales acusados de abuso. Defendiendo la autonomía de las autoridades locales, Sessions envió un memorando a su personal: ‘El control local y la responsabilidad local son necesarios para una vigilancia policial local eficaz. No es responsabilidad del gobierno federal administrar agencias del orden no-federales.'
Excepto, parece, cuando esas agencias del orden locales se niegan a cooperar con los agentes federales de inmigración. En ese punto, es ‘responsabilidad' del gobierno federal no solo administrar las localidades sino aplastarlas. La sola idea de las ciudades santuario ha hecho de los conservadores una masa candente. Por lo tanto han creado una realidad alternativa.
Imaginen una situación en que los inmigrantes ilegales fluyen descontroladamente por la frontera mexicano-americana y se aprovechan de los estadounidenses a voluntad —robándoles, atacándolos y matándolos. Después, huyen a esos santuarios donde viven por el resto de sus días sin temor de las autoridades federales. Y, en las raras ocasiones en que uno de esos depredadores termina en la cárcel del condado, las fuerzas de seguridad locales los miman. Cuando los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas piden a las autoridades locales que los retengan allí para poder interrogarlos sobre su situación migratoria, ese pedido es ignorado y se devuelve al sinvergüenza a la sociedad.
En verdad, hay que imaginarlo. Porque no es real. Sin importar lo que digan los conservadores, eso no es lo que ocurre en todos los Estados Unidos. Si uno es un inmigrante ilegal, no hay lugares mágicos donde las leyes de inmigración federales son nulas y donde los agentes federales no pueden encontrarlo, arrestarlo ni deportarlo.
Cuando expongo esto a los que se oponen a las ciudades santuario, cambian de tema y hablan sobre cómo los departamentos del sheriff que administran las prisiones no ‘cooperan' con los agentes federales. Pero legalmente no se requiere que los agentes de la policía local actúen como mandaderos de las autoridades federales. Quizás cooperen si lo desean, por cortesía profesional. A propósito, eso escasea en la dirección opuesta. Cualquier policía se lo puede decir: Los agentes federales están poco dispuestos a cooperar con la policía local.
Cuando explico esto a los conservadores, cambian de tema otra vez y acusan a la policía local, a los alcaldes, a los consejos municipales y juntas de supervisores del condado de ‘asistir e instigar' a los indocumentados al protegerlos de los agentes de inmigración federales.
Pero eso tampoco es cierto. Las autoridades locales dicen que solo quieren ver una orden de arresto con el nombre del individuo antes de entregarlo; por supuesto, eso significa convencer a un juez de que la persona está en el país ilegalmente, y eso exige pruebas que los federales generalmente no tienen.
Además, si el gobierno federal está verdaderamente interesado en sancionar a los que ‘asisten e instigan' a los indocumentados, ¿por qué no perseguir a los que les dan dinero? Se llaman empleadores. Y probablemente ofrezcan algo de resistencia. Cuando atacan las así llamadas ciudades santuario, los conservadores presentan argumentos que se disuelven como el algodón de azúcar en una tormenta. Lo que explica por qué se aferran tan desesperadamente a falsedades y narrativas ficticias. ¿Qué otra cosa queda? La realidad y la verdad no son tan bondadosas.
THE WASHINGTON POST WRITERS GROUP