Una mirada al debate sobre la convergencia económica

Hoy día, la suma de los retos a los que nos enfrentamos en materia económica, social, política y sanitaria, son un promotor de desigualdad. ¿Qué impone esto a la convergencia económica?

La convergencia económica es la transición de países en desarrollo y emergentes a economías avanzadas, condicionada a la disponibilidad de los recursos que promueven la capacitación del capital humano.

Este último, un aspecto fundamental como promotor del crecimiento y la riqueza. Dicha afirmación ilustra cómo la desigualdad no tiene cabida en este contexto. Por lo que se torna importante que nos volquemos a determinar la realidad de la desigualdad, los aspectos que la promueven actualmente y qué acciones deberían de ponerse en práctica para disminuir sus afectaciones.

La desigualdad es un aspecto de distinción que se establece desde la definición de clases sociales. Tal como lo definen los conceptos del 0,01% y 1%, que determinan niveles de poder adquisitivo y capacidad patrimonial. Indicadores que se generan de factores como la educación y las ocupaciones profesionales. Mientras exista el acceso a la educación y otros aspectos base como la salud, habrá oportunidades de entrar en mejores niveles y promover generaciones que mejoren su calidad de vida.

Recordemos que la desigualdad tiene diversas caras. Por lo que su determinación escapa del simple hecho de la diferencia de ingresos, un aspecto que solo es parte de la amplia definición de disparidades sociales.

La desigualdad supone una diferencia de oportunidades en cuanto al goce o acceso a la educación, la salud, el trabajo formal, traduciéndose en exclusión social y marginalización, lo que limita la convergencia que depende en gran parte del desarrollo de capital humano.

El tema de la desigualdad es del interés internacional, por lo cual a partir de 1990 se han potenciado increíblemente los esfuerzos por reducir la pobreza. De acuerdo con los indicadores, desde ese entonces se ha logrado una reducción del 35% a menos del 10%. Sin embargo, en el panorama actual, se teme que los avances en la reducción de pobreza estén en riesgo.

En lo que respecta al ámbito internacional, se estima que aproximadamente 1,200 millones de jóvenes han visto interrumpida su educación. Esto sin contar los retos que traen consigo los nuevos sistemas de educación, donde los países en desarrollo y emergentes no se encuentran en capacidad de proveer el aprendizaje por medio del uso de la tecnología.

Otro aspecto promotor de desigualdad es el irrespeto a la institucionalidad. Cuando no existe el respeto a las leyes que delimitan la conducta de la sociedad como un colectivo, se propician los actos de poca transparencia. Estos últimos generalmente relacionados con una administración ineficaz de los recursos económicos, o incluso termina en el clientelismo.

Frente a la situación actual, somos testigos de cómo los organismos de transparencia internacional generan cuestionamientos a las economías latinoamericanas, una región donde particularmente la corrupción en el sector público se ha intensificado en la última década. No obstante, el índice de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional (2019), confirma que pocos son los países bajo análisis que reportan poco o ningún progreso contra la corrupción.

Entre las sugerencias para combatir las disparidades sociales y la falta de transparencia se plantea la promoción de la participación colectiva en las decisiones, así como la reducción de la influencia de los grandes capitales en la política.

El pronóstico de las consecuencias se agrava si nos volcamos a las afectaciones que puede tener el incremento de la desigualdad en los índices de pobreza. De acuerdo con los indicadores citados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su informe 'Determinando la desigualdad en tiempos de covid-19' (FAO, 18 junio 2020), si el coeficiente de desigualdad GINI incrementa en un 2% por país, se podría esperar un aumento de la pobreza del 35% al 65%.

Tomando en consideración la actualización de las 'Perspectivas de la economía mundial' (FMI, junio 2020), deducimos que la desigualdad tiene a sus pies un escenario amplio para expandirse.

Podríamos vislumbrar, además, menos recursos a disposición de los sectores público y privado, menos plazas laborales, menos ingresos y menos oportunidades.

Al estar la convergencia condicionada a la disponibilidad de un recurso y de capital humano capacitado, se pone en cuestionamiento la capacidad de las naciones en desarrollo y emergentes a su transición.

Mientras, otros vinculan su éxito a aspectos de los ciclos económicos y determinados factores que tienden a propiciar lo que se define como crecimiento acelerado: Taiwan y Corea del Sur, luego de la Segunda Guerra Mundial, con los acelerados crecimientos promedio per cápita de los años 1990-2007, cuando las economías en desarrollo reportaron un crecimiento promedio de 2,5 puntos porcentuales por arriba de las economías avanzadas, elevándose a 3,5 puntos porcentuales entre 2000-2007.

Para abril de 2020, las publicaciones de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales confirmaban un crecimiento negativo del 3,0% para la economía mundial.

Sin embargo, se dejaba espacio para experimentar ciertas mejoras en los períodos consecuentes que podrían variar estos indicadores a resultados más favorables.

Como testigos de lo que acontece en el ámbito doméstico e internacional, es una realidad que la situación sanitaria no ha mejorado y que, por ende, el comercio trabaja a un mínimo del 20% de su capacidad.

Y esto, ¿en qué nos compete? Estos indicadores ponen en duda la convergencia o transformación de las economías en desarrollo y emergentes, a economías avanzadas, lo cual se traduce en mayores retos para la competitividad y posicionamiento, una lucha en la que solamente un PIB positivo o relativamente bueno tiene espacio para definir el éxito.

Es necesario concentrarse en otros aspectos, como la promoción de las oportunidades sociales y el respeto a la institucionalidad.