Proveedores de la mina piden dialogar con la ciudadanía; Gobierno reafirma estrategia de negociación

Abel Olivieros es un morador de la comunidad de Coclesito, provincia de Colón que, al igual que otros pobladores de la zona, desarrolló buena parte de su carrera profesional dentro del proyecto minero Cobre Panamá. “Yo me hice profesionalmente en esa mina al aprender y conocer muchas cosas allí”, dijo a este medio.

El aprendizaje que Olivieros vivió dentro de la mina le llevó a tomar la decisión de emprender su propio negocio hace tres años, bajo el nombre de Talentos Humanos, el cual, en sus mejores momentos, llegó a contratar a 25 empleados, los cuales se dedicaban al mantenimiento de los equipos mineros.

Tras la paralización de la mina en noviembre de 2023, el impacto económico negativo ha hecho que la empresa de Olivieros pase a tener solo un empleado. “La mina era mi cliente principal, luego del cierre he tenido que detener todo porque no hay dónde ofrecer mis servicios [...] La verdad es que no hay trabajo”, lamentó.

La realidad que pasa Olivieros también la viven otros 2.000 proveedores locales y nacionales que, pese a múltiples esfuerzos, no han podido reinventarse.

“Los productos que se usan en la industria minera tienen unas especificaciones técnicas que hacen difícil colocarlos en el mercado nacional a un precio competitivo”, explicó el poblador del área.

La situación que atraviesan los proveedores es comprendida por Zorel Morales, líder de la Cámara Minera de Panamá (Camipa), quien dijo aLa Estrella de Panamá que la minería generó muchos beneficios al país, aunque “algunos no lo quieran a aceptar”.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de la Contraloría General de la República, muestran que el cese de operaciones de Cobre Panamá generó que el producto interno bruto (PIB) del país en 2024 no registrase la inyección del 4,8 %.

“Yo creo que todos los panameños tenemos que tener conciencia de la gravedad del problema económico que tiene el país. Uno de los mayores componentes de ese problema es la situación de la Caja de Seguro Social (CSS) y eso se arregla con empleos formales”, aseguró Morales.

Según el ingeniero, el cierre de la mina ocasionó la pérdida de 54.107 empleos formales, entre la mina y los proveedores, y se dejaron de percibir $2.514.00 millones entre ingresos directos al país versus exportaciones. Sin mencionar los $120 millones que la empresa iba a dar a la CSS todos los años.

“Esto hay que analizarlo con serenidad, no con sentimentalismos o pasiones. Hay que conocer los datos y la verdad”, recalcó.

Esta semana, el presidente de la República, José Raúl Mulino, celebró una reunión con los proveedores afectados. Sobre este encuentro, el mandatario reveló que era “muy instructivo” y que, la realidad que están pasando los proveedores es “triste y deprimente”.

“Los que más capacidad tienen han podido sobrevivir mejor, otros que tuvieron que cerrar y otros que han tenido su inventario congelado”, relató.

Mulino definió la realidad de que el distrito de Coclesito está atravesando como “caótica” y se comprometió a visitar el área próximamente.

Sobre la reunión con el mandatario, Olivieros comentó que fue positiva. “Como yo soy de la comunidad, aproveché el espacio para invitarlo a Coclesito, porque me gustaría que él escuchara lo que están pasando los demás residentes”, expresó.

El microempresario aseguró que la llegada de la mina representó un cambio muy positivo para los habitantes de la comunidad. “La mina representaba para nosotros lo que representa el Canal de Panamá para los citadinos”, alegó.

Olivieros dijo que, tras la suspensión de operaciones, muchos jóvenes han tenido que abandonar sus estudios, ya que la empresa becaba a varios estudiantes de la comunidad.

Se trata de programas que facilitaron el acceso a la universidad a varios jóvenes panameños y que, dada la terminación de la mano de obra minera, se han tenido que paralizar, dejando a personas sin poder concluir su educación superior.

“Nosotros sentimos que, como comunidad, hemos retrocedido como 20 años en el pasado, ya que la informalidad laboral se ha disparado y la minería ilegal se ha incrementado”, sentenció.

Olivieros pidió a la ciudadanía que se pueda abrir un diálogo en torno al desarrollo minero. “Nosotros solo queremos que nos escuchen, esto es muy difícil para nosotros, porque sentimos las consecuencias del cierre de la mina todos los días. Nosotros, como proveedores y comunitarios queremos ser parte de la solución, porque somos los afectados”.

“Nosotros no buscamos confrontación, porque eso no lleva nada, solo queremos poder explicarles bien qué es la mina y los beneficios que trae, a la par de poder escuchar sus inquietudes”, finalizó.

El presidente Mulino adelantó que el tema de la mina será abordado luego de finalizar el proceso de reforma de la Caja del Seguro Social.

Los arbitrajes

Mulino reiteró que no va a sentarse a hablar sobre la mina hasta que se suspendan los procesos arbitrales que se mantienen en contra de Panamá. Esto, luego de que la empresa First Quantum Minerals y su filial, Cobre Panamá, hayan aceptado posponer el proceso de arbitraje que tienen en contra del país.

La compañía anunció que la fecha de audiencia del arbitraje va a pasar de septiembre de 2025 a febrero de 2026, luego de que el Gobierno Nacional pidiera más tiempo para “valorar la situación con respecto a la mina”.

En el comunicado, con fecha del 11 de febrero, se citan comentarios del director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, quien manifestó estar optimista respecto a las perspectivas de la compañía canadiense en 2025.

“Estoy optimista sobre las perspectivas de este año para First Quantum. En Panamá, esperamos discusiones constructivas con el Gobierno y el pueblo panameño para resolver la situación en la mina Cobre Pana.má”, manifestó.

La empresa comentó que su intención es alcanzar un acuerdo con el país antes de continuar con el proceso arbitral.

El líder de Camipa recordó que, hasta la fecha, Panamá mantiene siete procesos arbitrales en su contra, producto de la cancelación dela actividad minera. En total, estos suman cerca de $57.000 millones.

“La empresa First Quantum mantiene dos procesos arbitrales en contra del país. Uno por $20.000 millones y otro por $30.000 millones. Aunque, también hay fondos de inversión que nos están exigiendo, a raíz de la aprobación de la Ley 407 de 3 de noviembre de 2023, que impuso una moratoria minera por tiempo indefinido”, detalló Morales.