Plan de contención del gasto público: Economistas plantean los posibles escenarios

Para los economistas y financistas, que el gobierno haya aprobado un plan de contención del gasto público por $1,387 millones en el Presupuesto General del Estado vigente (2024), no es una sorpresa, pero sí una medida “sumamente delicada”.

El economista Raúl Moreira, por ejemplo, recordó que la reducción del gasto público llega en un momento en que los ingresos corrientes del Estado, al mes de junio, alcanzaron una cifra de $3,451 millones, o sea, $527 millones menos de lo que se había presupuestado, así como un déficit, que hasta marzo supera los $1,600 millones.

Allan Corbett, profesor universitario auxiliar de maestría de la Universidad de Panamá, por su parte, consideró que la contención del gasto -de los cuales el Estado tiene que pagar casi $900 millones- “no es tan radical”, ya que si se ve en base al presupuesto general del Estado, esto no representaría ni el 1%, porque se estaría hablando de reducciones en viáticos, viajes, etc.

Las reacciones de ambos especialistas se dan luego de que el Consejo de Gabinete aprobó, este martes, la Resolución N. 69-24 del 30 de julio de 2024, para adoptar medidas administrativas y fiscales para la contención del gasto en el gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros. Esto se debe a que las recientes evaluaciones técnicas sobre el comportamiento de las finanzas públicas prevén una caída estimada de los ingresos corrientes del gobierno central con respecto a lo presupuestado.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los ingresos totales del Estado registran una variación a la baja de aproximadamente 18% del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal del año 2024, aunado a la identificación de cuentas por pagar al 30 de junio de 2024 por la suma aproximada de $853 millones.

En la conferencia de prensa del martes, el ministro del MEF, Felipe Chapman, anunció que el plan de contención del gasto se aplicará en la segunda mitad del 2024. El objetivo, detalló, es cerrar la brecha entre ingresos y gastos, de forma tal que puedan generar resultados fiscales más favorables de los que se han tenido hasta el momento. “El nivel de gasto que se está proponiendo es cónsono con el cambio que ha habido en los ingresos, incluyendo este ajuste para poder cumplir antes que finalice el año con el pago de las cuentas pendientes por más de $800 millones”, señaló Chapman.

Corbett dijo que una fórmula financista que pudo utilizar el ministro del MEF, sin afectar la reducción del gasto público, fue convertir los $800 millones de pagos pendiente a proveedores, con documento de deuda negociable en el mercado; con un porcentaje mínimo de interés a un año y otro tramo a dos años, a través del mecanismo de “factoring” o factoraje.

Indicó que hay que tomar en cuenta que esas deudas ya tienen incorporadas los gastos de financiamiento, porque el gobierno siempre demora en sus pagos, así que esto tendría un efecto del spread (la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero).

“De esta forma, él (Chapman) no tendría apuro en pagar tanto dinero de un solo golpe. Sin embargo, cada quien ve las cosas como cree y se sienta cómodo. Si él prefiere utilizar el mecanismo de cortar los gastos públicos, no hay ningún problema, porque esa es otra forma de hacerlo. Si bien es cierto, que se requiere más inversión para dinamizar la economía, por otro lado, hay que ser prudente en el gasto”, recalcó Corbett, quien es financista.

Moreira, en este contexto, planteó que lo importante es saber qué sectores serán los afectados con la decisión de contener el gasto público, de los cuales el MEF espera cumplir con la meta fiscal del 2% para este 2024 y el pago a los proveedores del sector privado.

Moreira reveló que con el escenario actual esperaba que el gobierno aumentará el techo déficit fiscal arriba del 2% y hasta el momento cree que es poco probable que se den los cumplimientos acordados desde el MEF, ya que si no tiene los ingresos, el Estado dejaría de realizar los proyectos y actividades establecidas en su plan de gestión.

“El ministro del MEF ha dicho que la contención del gasto les va a permitir cumplir el déficit establecido del 2%, (pero) eso hay que verlo porque a marzo, el déficit estaba por $1,600 millones, y en esos tres meses, esa cifra era más de la mitad que el déficit del 2023”, manifestó el también expresidente del Colegio de Economistas.

“Habría que ver en qué el Estado no va a gastar o invertir para no pasarse del déficit, pero si deciden cumplir con todos los proyectos que tienen van a tener que emitir más deuda y eso generaría la necesidad de aumentar el límite del déficit”, añadió.

Otros temas que se encuentran relacionados al plan de contención del gasto público, según el economista, tienen que ver con qué pasará con los subsidios, los incentivos a las empresas privadas, la evasión fiscal -que ya alcanza los más de $1,400 millones anuales-, los proyectos públicos heredados y por hacer, así como también el aumento o no de las planillas y un posible cambio en la tasa del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms), entre 9% o 10%.

Para esta semana se tiene planeado publicar, en Gaceta Oficial, la resolución que establece los lineamientos del plan de contención del gasto público, adelantó a este medio el ministro del MEF, sin dar mayores detalles.

A la espera de conocer los detalles del plan de contención del gasto público, Moreira recalcó que promover estas iniciativas son decisiones importantes, ya que de esta forma, el gobierno buscará alinear los presupuestos con sus promesas o planes, que presentó durante la campaña electoral porque “se percataron de que los ingresos reales no serían suficientes”.