Órgano Judicial defiende consultoría de comunicación

El Órgano Judicial justificó la polémica consultoría licitada por mejor valor por $1,8 millones, para contratar a una agencia de publicidad que desarrolle una estrategia de comunicación de la Ley 402 de 2023 del Código Procesal Penal, a pesar de que juristas advierten de que existen otras prioridades.

El 27 de marzo se efectuará la apertura de propuestas con solo dos empresas validadas según el portal de Panamá Compra: BB&M, presidida por Mario Bárcenas -hermano del director de la Autoridad de Aeronáutica Civil-, y Q Publicidad, representada por Aldo Montenegro.

Sin embargo, abogados consultados coincidieron en señalar que la Dirección de Comunicación del Órgano Judicial, así como el Instituto Superior de Judicatura de Panamá (Isjup) pudieran efectuar la estrategia comunicativa.

Para el servicio de un año y cuatro meses se exige mínimo 15 años de experiencia y que la publicitaria facture un mínimo de $1,5 millones anuales, cuando según la Asociación Panameña de Agencias de Publicidad, apenas cinco empresas superan ese rango.

Por su parte, el Órgano Judicial argumenta, a través de su Dirección de Comunicación, que trabajan estrategias, divulgan las acciones y noticias, pero que “cambiar la forma de impartir justicia, como en este caso, con la implementación del nuevo Código Procesal Civil, que transita de la escritura a la oralidad, requiere de una estrategia que va más allá de una campaña publicitaria o una pauta en medios”.

No obstante, la contratación implica dos entregables de materiales audiovisuales, un diagnóstico, plan de voceros, la ejecución de un plan de medios y la evaluación de un foro, según el pliego de cargos de Panamá Compra.

El Órgano Judicial añadió que implica un acercamiento estratégico a grupos en áreas de difícil acceso, a organizaciones de la sociedad civil, a abogados y otros actores clave.

Además, aunque se cuenta con el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Isjup y con la Dirección de Comunicación, “requerimos apoyo adicional para abarcar otros segmentos de la población”.

Según el Órgano Judicial, “sí se utilizan” las herramientas disponibles para divulgar el Código Procesal Civil y que se emplea la experiencia de la aplicación del sistema penal acusatorio, pero que para las capacitaciones que deben recibir los jueces y la comunicación general “se hace necesaria la contratación de un servicio externo para esta fase de divulgación”.

La especificación del mínimo de $1,5 millones de facturación, así como 15 años de experiencia, es una garantía de la capacidad de la empresa de llevar hasta el final el proyecto con todos los requisitos, acotó el Judicial.

Otra de las voces que se sumó a los cuestionamientos fue el exmagistrado Adán Arnulfo Arjona, quien indicó que la contratación es “inusual”, por lo que no recordó que hasta el momento se contratara algo similar.

“Lo que se hacía era que se formaban jornadas y acercamientos con grupos gremiales, porque es un cambio en la forma de trabajar; eso no es un tema de publicidad, sino de capacitación y formación”.

La Estrella de Panamá no encontró en el portal de Panamá Compra una consultoría similar del Órgano Judicial en los últimos 15 años.