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- 04/05/2019 02:00
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Los constantes actos de corrupción en el sector público son una de las mayores limitantes para la reducción de la pobreza y el logro de bienestar y desarrollo sostenible de los países en desarrollo, por lo que se hace necesario comprender que dicho acto delictivo tiene diversas manifestaciones que escapan de los casos comunes que implican la recepción de cuantiosas sumas de dinero por quienes ocupan altos cargos o el intercambio entre estos cargos y agentes del sector privado.
Hoy la corrupción a nivel estatal implica actos menos sospechosos que se tejen desde la administración del recurso humano del sector público, situación que se acentúa en el ámbito internacional a partir de finales del siglo XX, cuando se comienzan a reportar en diversos países en desarrollo, principalmente de África, numerosos actos que implican la asignación y distribución ineficiente de recursos estatales a usuarios que no rinden beneficio a la sociedad.
Siendo estos actos menos llamativos en comparación a los típicos escándalos de corrupción, se les ha catalogado como ‘corrupción silenciosa'.
En el ámbito local panameño no escapamos de esta realidad que empaña la transparencia, integridad y por ende eficiencia del sector público. La expresión más directa de dicha acción delictiva la tenemos en los recientes reportes y comunicados oficiales sobre el manejo inadecuado de las planillas 080 (personal de confianza), 172 (servicios profesionales) y donaciones de la Asamblea Nacional de la República de Panamá en el último quinquenio.
De acuerdo con las cifras publicadas por la Contraloría de Panamá, las sumas no justificadas en concepto de planillas y donaciones se aproximan a los $166 millones de dólares.
Siendo la corrupción silenciosa un acto de desviación del recurso estatal a fines ajenos al bien común de la sociedad general, esta causa la afectación sobre cualquier intento de crecimiento y desarrollo país abriéndose paso a una mayor persistencia a la desaceleración PIB.
Por ello, desde esta perspectiva es fundamental que se comprenda la naturaleza y las implicaciones a largo plazo que esta repartición no apropiada del recurso estatal puede tener en la economía y por ende competitividad país.
IMPLICACIONES DEL SILENCIO
Desde la perspectiva económica, en teoría si el dinero está en circulación debe de estar contribuyendo a la promoción del desarrollo y por ende a la sociedad. Sin embargo, en el contexto de la desviación del escaso recurso económico estatal a fines ajenos al bienestar de la sociedad general, los beneficios son completamente nulos si los comparamos al ‘qué tal si hubiesen sido asignados a proyectos de infraestructura o a verdaderas consultorías'.
Para comprender la gravedad real de este acto corrupto perpetuado en silencio es fundamental que nuestra atención escape de la exacerbante cuantía y más bien se determinen las afectaciones directas como indirectas que la corrupción silenciosa tiene sobre la economía país si consideramos que la desviación de dicho recurso tiene implicaciones negativas que escapan de ser temporales.
Entre las principales afectaciones directas tenemos la promoción de la economía informal al considerar la naturaleza del ingreso. Dado que la captación del dinero se origina de una actividad ‘profesional' que probablemente no se practica por parte de los usuarios registrados en planillas, se exacerban las probabilidades de que un porcentaje significativo de estas personas que perciben salarios no justificados no reporte al fisco.
FICHA
La autora conduce el segmento ‘Su ventana financiera' en @Estrellaonline
Nombre completo: Laritza del Rosario Lezcano Navarro
Ocupación: Consultora Financiera
Resumen de su carrera: Master en Inversiones y Finanzas y Diplomado de Economía y Finanzas de la Universidad Queen Mary University of London. Licenciatura en Contabilidad, Banca y Finanzas de la Universidad Santa María La Antigua de Panamá. Experiencia laboral en auditoría comercial, análisis financiero e implementación de análisis cuantitativo.
Como afectación directa también se considera la tendencia a una baja productividad del Estado resultado de contrataciones de personal no facultado y en la no promoción de acciones que potencien la oportunidad a diversas áreas geográficas del país. A modo de ilustración de previa afirmación, consideremos la analogía del Estado como una empresa. Si esta última no procura contratar recurso humano capacitado y comprometido así como el uso adecuado de su capital disponible, las probabilidades de que no rinda a los niveles requeridos se elevan.
Igual sucede en el Estado y quienes conforman su Órgano Legislativo o cualquier otro ente estatal, donde el reclutamiento de capital humano apropiado así como la asignación de recursos a verdaderas necesidades del sistema son una pieza fundamental para el camino al éxito de la sociedad general.
Otra afectación directa es la potencial fuga de capitales que podría estar originándose bajo la presunción de que en estas pobladas planillas de ‘servicios especiales y profesionales' probablemente se encuentren incluidos ciertos usuarios que habitan en el extranjero.
En lo que a afectaciones indirectas respecta, estas las veremos reflejadas principalmente en la reputación y credibilidad del sistema local, variables que son determinantes para la definición del ambiente de negocios de un país.
Estudios publicados sobre transparencia revelan que a mayor corrupción se reporte en una determinada jurisdicción mayor es el número de entidades del sector privado que reportan haber sido condicionados a pagos extraordinarios para el establecimiento y desarrollo de operaciones comerciales como industriales.
Y a pesar de que existen casos en los que el sector privado acepta las condiciones, continúan siendo numerosas las entidades privadas que toman muy en consideración el no integrarse a mercados donde los actos corruptos son pronunciados de manera constante originándose un mercado comercial e industrial poco diversificado que impacta tanto la economía local y la competitividad de un país.
A partir de esta lista, no exhaustiva, de implicaciones directas e indirectas de la corrupción silenciosa podemos percatarnos que el problema no es temporal. Que dichas acciones desencadenan una serie de eventos que no favorecen al anhelado desarrollo sostenible y eleva el índice GINI o niveles de desigualdad que reporta actualmente el país.
Sin bien la corrupción silenciosa no es el factor unánime que empaña las oportunidades, sí se convierte en un nuevo reto a combatir por parte de la sociedad civil, la empresa privada y los participantes de administración de estado que no se encuentren alineados a dichos actos delicitivos.