Panamá asegura que es 'buen pagador' de sus obligaciones de responsabilidad fiscal

Con la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Presupuesto General del Estado, Panamá establece límites específicos en cuanto al balance fiscal. De esta forma se asegura un control adecuado del gasto, sea corriente o de capital, así como de propulsar una generación de ingresos tributarios y no tributarios para poder afrontar el déficit de la mejor manera.

Con esta explicación, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, salió a la defensa, luego que la calificadora Fitch cambiara la perspectiva del país de estable a negativa tras identificar presiones fiscales, de las cuales resalta la situación actual del subsistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), que podrían dificultar la consolidación fiscal.

Almengor, durante su vista a un evento de la Superintendencia de Mercados de Valores, este martes, justificó que el aumento de un 60% que registró la deuda pública, durante los últimos tres años (2020-22-23), ocurrió por la caída de ingresos provocada por la pandemia del SARS-CoV-2 y que alcanzó los $4.400.077 millones.

“Los recursos fueron orientados a las necesidades de salud y seguridad social y, por supuesto, a los alivios sociales a nivel nacional, ya que estábamos orientados en un momento de crisis global para salvar vidas y preservar la salud y la seguridad de los panameños, y eso es una muestra fehaciente de que el gobierno fue responsable de sus actuaciones”, recalcó.

Con los años corrientes del 2022 y 2023, el viceministro de Finanzas del MEF destacó que se han venido desacelerando los montos y los niveles de contratación de deuda pública.

Exhortó a la comunidad internacional a “no solo ver los números desde un punto de vista frío o simple, sino que también debe transmitir un sentido social, cómo ha sido la administración sostenible de las finanzas públicas, que ha hecho el gobierno”.

Almengor señaló que el grado de inversión que mantiene Panamá es “inmensurable”, porque producto del grado de inversión tiene más acceso a capital o flujo de capital. Esto a su vez, dijo, permite que las tasas de interés o la deuda pública se contraten a términos “más favorables”, tanto a nivel de gobierno como del sector privado, que al final se traduce como un factor de atracción de inversión a nivel global.

“Si bien no lo percibimos en el día a día, todos nos vemos beneficiados de un robusto sistema financiero en Panamá, ya que el gobierno ha demostrado ser un buen pagador de sus obligaciones financieras”, aseguró.

Aunque los riesgos en grado de inversión siempre prevalecerán, el viceministro de Finanzas recordó que dos de tres calificadoras tienen a Panamá en un grado superior que el otorgado por Fitch, que cambió la perspectiva de estable a negativa. Los retos y amenazas que se mencionan en el reporte, los considera importantes.

En su reporte, Fitch informó que cambió la perspectiva de estable a negativa por las presiones fiscales persistentes y las perspectivas inciertas de consolidación del país

Con la calificación BBB- el organismo sustentó que el gobierno ha dependido de maniobras contables para reducir los déficit fiscales durante el último año. Sin embargo, Almengor aclaró que todos los registros contables y presupuestarios que ha realizado el gobierno se dan en función de los manuales del Fondo Monetario Internacional y que incluso reciben el visto bueno de parte de las propias agencias calificadoras. “No me parece correcto denominar como maquillaje financiero algo que se ha hecho en esta administración”, dijo.

Gastos como los subsidios al combustible, la electricidad y una creciente factura de intereses, se mostraron como esas presiones dentro del déficit fiscal en 2023, que al final se traduciría en una gran expansión del gasto presupuestario en 2024, es decir, con un aumento del riesgo de un mayor deslizamiento ascendente de la deuda pública.

Otro escenario detectado es el creciente desequilibrio en el subsistema de pensiones de beneficios definidos de la CSS, que sigue siendo un riesgo clave a mediano plazo que también podría potencialmente empeorar la carga de la deuda de Panamá.

Para Fitch, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece objetivos de equilibrio fiscal e incluye un objetivo indicativo de deuda-PIB del 40%, ha sido bastante desigual, dado que las autoridades informaron de un déficit del 3,9% del PIB en 2022, pero esto se basó en maniobras contables, incluido un “swap de flujo de efectivo” para caer en déficit fiscal.

Ante la ausencia de una política monetaria independiente, consideró que se debe mejorar la credibilidad de la fortaleza del marco fiscal. Recordó que el gobierno también ha acumulado retrasos que pueden resultar en una mayor carga de deuda.

Por último, mencionó que la falta de avances en la implementación de medidas en materia del futuro de las pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) sigue dando lugar a desequilibrios crecientes.

Fitch también elevó el techo país de la calificación de Panamá a “AA-”. Reconoce que el dólar es un fundamento importante de la economía panameña y nos hemos caracterizado con una economía sin riesgo de cambio y la ausencia de controles de movimiento de capital.

También proyectó un déficit fiscal del 3,7% del PIB. Aunque los ingresos se podrían beneficiar de grandes recursos, estos pueden tener un impacto fiscal neutral.

Tras estos resultados, recientemente la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) solicitó al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, brindar al país una explicación clara y realista; así como un plan de acción que refleje políticas financieras contundentes que reviertan la situación actual.

Adolfo Fábrega, presidente de la Cciap, mencionó en un comunicado que “este cambio de perspectiva a negativa es producto directo de un creciente endeudamiento para cubrir una planilla abultada y de la realidad financiera de ingresos decrecientes que no cubren los gastos. Sumado a esto, un presupuesto elevado para el próximo periodo que a todas luces refleja propósitos electorales”. Precisó que “la actual administración tiene el deber de reconducir su actuar financiero en los meses que le quedan por delante”.

“En un país donde existe un balance de poderes, la Asamblea Nacional ya hubiese citado al ministro de la cartera de Economía y Finanzas para que diera las explicaciones del caso, puesto que se debe a los ciudadanos. Algo tan delicado no puede pasar desapercibido. Esperamos que el Órgano Legislativo actúe según corresponde”, comentó Fábrega.

El presidente de la Cciap resaltó que “todos estamos llamados a comprender el impacto que tendría la pérdida del grado de inversión y tomar las medidas para que esto no suceda.

Durante los últimos años, al mantener el grado de inversión, hemos gozado como país de una elevada inversión extranjera y un acceso sin precedentes a los mercados financieros, lo cual ha permitido un crecimiento económico importante apalancado en obras de infraestructura, construcción comercial y residencial; así como, el desarrollo de nuestro hub de conectividad”.

Explicó que cuando un aumento en el endeudamiento no va acompañado de un aumento en la productividad para sostener su crecimiento, inmediatamente desmejora la calificación de riesgo, se dificulta y encarece el acceso a crédito tanto al país, como a las empresas y ciudadanos. Cuando los países pierden su grado de inversión, eventualmente, pueden perder el acceso a crédito en condiciones competitivas e inversión extranjera. “Desde afuera nos mandan un mensaje de poner la casa en orden, y desde este gremio reiteramos un rechazo a cualquier contratación de deuda destinada a gastos de funcionamiento”, puntualizó.

El viceministro de Finanzas señaló que una administración pública no es suficiente para resolver las necesidades, tanto de una población como la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sostuvo que con todo lo dicho por Fitch será responsabilidad de la administración entrante, en 2024, continuar con las políticas fiscales de sostenibilidad de las finanzas públicas y disciplinas fiscales.