‘Orden financiero’, el objetivo del Gobierno con el presupuesto 2025

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se ha planteado que el presupuesto del Estado para el 2025 sea “una demostración clara de compromiso político y económico en función de demostrarle al mundo que en Panamá va a imperar el orden financiero en el manejo de los fondos públicos”.

“Cuando se anuncie el plan de ajuste fiscal que comenzaremos desde la vigencia del presente presupuesto y que será trasladado al siguiente, el mundo entero entenderá que Panamá tiene un control nuevamente de las finanzas públicas, saneando lo viejo, pero enfocándonos hacia adelante”, comentó el presidente, este jueves, en el inicio de sus conferencias semanales, que hará con los medios de comunicación.

Asimismo, Mulino espera que estos trabajos sean tomados en cuenta por las calificadoras de riesgos que han dado un compás para saber cómo se manejará el nuevo gobierno.

Con miras de ir recopilando información para el presupuesto del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) ya inició un calendario de consultas presupuestarias para la vigencia fiscal 2025, que permitirá a las instituciones presentar y sustentar sus necesidades, programas y proyectos. Esta jornada se extenderá hasta el 26 de julio.

La revisión buscará plantear los recortes que se harán al Presupuesto General del Estado, con el objetivo de cumplir con la meta de déficit fiscal, del 2%. Entre las entidades participantes se encuentran el Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaportes de Panamá, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y la Autoridad de Aeronáutica Civil.

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024 asciende a $30.690.4 millones, suma que representa una disminución de $2.064 millones con respecto al presentado originalmente por $32.754.5 millones.

Para el economista Olmeda Estrada, las revisiones en el gasto se tienen que hacer a profundidad, si realmente el gobierno quiere realizar una contención del gasto público, más allá de lo que está haciendo con la devolución de autos alquilados y revisión de planillas, porque el gobierno no puede seguir financiando un “déficit inoperante e improductivo”, que solamente generan un aumento de la deuda.

Cree “efectivamente” que bajo esa perspectiva se está frente a un presupuesto que va a llenar las expectativas de los panameños que se encuentran pidiendo un orden y, por supuesto, transparencia en el manejo público.

“El país no puede, ni debe exagerar gastos cuando los ingresos están bajos y no hay manera de cubrir el gasto público, entonces, se tienen que hacer recortes fuertes y se tienen que revisar subsidios que no están jugando su papel. Esa es la exigencia que se tiene en estos momentos para que el gasto público se reduzca y que esté de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en Panamá, en estos momentos”, comentó Estrada.

Sin embargo, el economista Juan Jované, aclaró que se debe evaluar cómo el Gobierno hará la contención del gasto, porque mal llevada reduce la demanda efectiva de la economía.

“Lo bueno es que lo van hacer, la pregunta es ¿cómo lo van hacer? y que no tenga un efecto recesivo en la economía”, subrayó Jované, quien prefiere, por ahora no especular en lo que hará el gobierno hasta que presente oficialmente el presupuesto del 2025, en los próximos seis meses, como dicta la ley. “Ahorita sería un poco especular. Hay que esperarlo”, dijo.

En reiteradas ocasiones, el ministro del Mef, Felipe Chapman, ha enfatizado en la necesidad de crear planes para iniciar la formulación del presupuesto del año 2025, en las que destacó la importancia de evitar gastos innecesarios y el mal uso de los recursos públicos, subrayando que más del 80% de la actividad económica en Panamá proviene del sector privado.

Chapman ha hecho hincapié en la necesidad de que el gobierno tome decisiones acertadas para maximizar el rendimiento de los recursos limitados disponibles, asegurando que cada inversión pública genere un beneficio significativo para los ciudadanos; citando el ejemplo exitoso de la inversión en el Canal de Panamá, destacando cómo esta decisión estratégica ha beneficiado a la población panameña.

Además, ya anunció la implementación de un plan estratégico de gobierno a cinco años, que incluye un plan fiscal de igual duración, que tiene como objetivo no solo fortalecer la confianza nacional, sino también recuperar la confianza de los mercados de capitales y las agencias calificadoras de riesgo.

“Es fundamental que el plan fiscal a largo plazo sea creíble y confiable, garantizando así una gestión financiera responsable y transparente que beneficie a todos los panameños”, declaró el ministro de Economía en un comunicado.

Según el balance de déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), del MEF, para marzo del 2024, el país contaba con un déficit de 1,88% del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque a esto hay que sumarle los $800 millones que cinco ministerios le adeudan a los proveedores y que, el Estado no está en condiciones de pagar, en estos momentos, lo que puede elevar el porcentaje cerca del 2,4%.

Esto, en un contexto en el que el país reportó un déficit de $116.8 millones (3,9%), en materia de recaudación de ingresos corrientes y documentos fiscales, durante los primeros cinco meses de 2024, según informes de la Dirección General de Ingresos (DGI), detallando que se percibieron $2.842.8 millones. Otro elemento importante es que, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024 ($30.690.4 millones) se aprobó bajo la premisa de que se iba a ejecutar solo el 90%.

Todos estos son factores que el MEF se está planteando para poder cumplir la meta del 2% del déficit para final de año; y cualquier replanteamiento del presupuesto tiene que llevar un “fuerte recorte a varias instituciones”, porque no se está recaudando lo esperado y hay deudas importantes. Además, con esto se busca que el país no vea mermada su calificación de riesgo en Moody’s y Standard & Poor’s.

La deuda pública ha ido incrementando exponencialmente en los últimos años, pasando de los $10.231,3 millones en 2005, a los $46.025.0 millones para finales de 2023, explicó el economista Estrada.