Mipymes, un desafío para el próximo Gobierno

Los últimos cinco años no han sido fáciles para las micro, pequeñas y medianas empresas, reconoció Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), a este medio.

La pandemia y las protestas han hecho que un rubro que contaba con cerca de 96,000 empresas, pasara a registrar la quiebra de más del 60% de estas, para 2022.

“Eso no significa que las empresas se perdieron, sino que se vieron en la necesidad de reconvertirse”, esto hizo que empresas que tenían cerca de 20 años en un negocio, pasaran a iniciar desde cero, en un nuevo rubro. “Antes el promedio de edad de las empresas era de 20 años, ahora la mayoría tiene cerca de tres años de experiencia”, valoró Martínez, quien ve con preocupación la vulnerabilidad a que posee el tejido empresarial del sector.

“El 80% de las empresas quiebran en sus primeros dos años y las mipymes son responsables del 76% del empleo nacional”, reveló el empresario, quien cuestiona las medidas que se han estado implementando, en los últimos años. “El Gobierno tomó la decisión de incrementar en 4.5% el salario mínimo, esto en un contexto en el que el país no ha mejorado sus condiciones sociales y de mercado, lo que se traduce en un aumento del 4.5% de los costos de funcionamiento y empleomanía”, acotó.

Según Martínez, el problema es que si dentro de las empresas se incrementan los costos, vamos a ver pérdidas de puestos de trabajo y aumento de desempleo, porque no se han aumentado las ganancias, pero se tiene que dar un mayor salario, eso quiere decir que alguien se va a quedar sin trabajo”, prevé.

El líder de Unpyme alegó que, en la actualidad, hay cerca de 82,000 empresas y que las condiciones actualidad del país harán que “le toque al nuevo gobierno enfrentar una perdida significativa en nuestro sector”.

“Este gobierno no ha querido enseñarle a la población a pescar, sino que acostumbró a las personas a recibir los peses, a través de subsidios, sin tener que esforzarse por ellos”, sentenció el empresario, quien criticó que “de cada tres empleos que se generan a nivel nacional, dos son informales y uno es dentro del Gobierno”.

A juicio de Martínez, el Estado se ha enfocado en “engordar la planilla pública”, algo que se paga con los impuestos. “El problema es que no nos están retribuyendo de forma justa lo que pagamos en impuestos”, ponderó.

Este pensamiento es compartido por Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). “Para las empresas nacionales no es atractivo formalizarse, porque tienen que pasar por largos y costosos procesos burocráticos y cuando lo consigues, no ves los beneficios reflejados en materia de salud, educación, seguridad o infraestructura”, comentó a este medio.

“Si me pides que dé el 40% de mis ganancias en impuestos, retribúyelos adecuadamente”, sentenció Martínez.

El problema es que, actualmente, en Panamá, es más rentable trabajar desde la informalidad que desde la formalidad. “No digo que sea bueno, o que esté de acuerdo con eso, pero es una realidad”, lamentó.

Según datos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la tasa de desempleo, para agosto de 2023, era de 7.4% (155 mil personas desocupadas), en donde cinco de cada 10 plazas de empleo correspondían a empleos informales (765 mil empleados).

“El desempleo cayó, pero el nivel de informalidad no ayuda a mejorar la situación social de un país, en el que 47 de cada 100 empleados son informales”, resaltó Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos y Analítica de la CCIAP.

Panamá tenía 878,608 empleos formales y 716,113 empleos informales en el 2019. Para 2023, la cifra era de 848,518 y 765,152, respectivamente. Esto quiere decir que hay 30,000 empleos formales que no se han recuperado y que, los empleos informales han aumentado en 49,039, tras la pandemia.

“Sí seguimos expandiendo el tamaño de la planilla pública, como mecanismo para crear empleo, estamos inflando un globo que cuando explote, va a tener graves consecuencias sociales”, recalcó Martínez.

El especialista prevé que si esto sucede, todas las personas que laboraban en el Gobierno se van a ver obligadas a trabajar en el sector de las mipymes y no se han producido las condiciones idóneas para que esto se dé, de manera orgánica.

Al analizar las razones detrás de esta realidad, el líder de Unpyme cree que no se debe a la falta de asesoría o de personal capacitado, sino que se trata de algo político.

“La ambición de los gobiernos es reelegirse y para eso es bueno aumentar el salario mínimo, los subsidios, la planilla y el clientelismo, pero eso atenta contra la salud de la micro, pequeña y mediana empresa”, puntualizó.

Esta “ambición” es la que Martínez cree que llevó al Ejecutivo a prolongar el debate sobre el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social. “Eso iba a acarrear un gran costo político”, aseveró.

“La mejor forma de gobernar un país es dándole a la población las condiciones adecuadas para que desarrolle su potencial, nosotros estamos dispuestos a apoyar, pero el próximo gobierno tiene que tomar este tema desde una óptica técnica y no política”, concluyó.