Reglas claras para un mejor Panamá

Las reformas económicas que se aplicaron a finales del siglo pasado para modernizar el Estado consistieron particularmente en la liberalización de la economía, la desregulación del mercado y la privatización de las empresas públicas, todas ellas dirigidas a fortalecer el papel de las fuerzas del mercado en el logro de mayores niveles de eficiencia económica y competitividad que se requieren en una economía globalizada cada vez más integrada.

Panamá inició la apertura comercial con la eliminación de los permisos de importación, lo cual significó una reducción significativa del porcentaje de la producción doméstica cubierta por el régimen de permisos. Por otra parte, se registró una desgravación arancelaria sustancial que redujo el arancel máximo negociado en OMC de 320% ad valoremn en abril 1996 a un arancel máximo de 60% en abril 1997 (arroz y papas). Además se suprimieron los precios oficiales de importación casi por completo como uno de los compromisos adquiridos con la adhesión a la OMC, lo cual no solamente significó la reducción arancelaria sino la adopción de disciplinas para dar seguridad y certidumbre a los flujos de comercio e inversión internacionales.

Otro aspecto fundamental de la reforma económica panameña fue la privatización de empresas estatales. La privatización se concibió con el objeto de fortalecer las finanzas públicas y canalizar los recursos escasos del sector público en las áreas estratégicas y socialmente prioritarias. Además, con la privatización se buscó la modernización de actividades fundamentales para el desarrollo del país en condiciones de competencia que permitieran un mejor acceso a los mercados internacionales.

Se destaca dentro del proceso de privatización la creación del marco legal para otorgar en 1997 la concesión a la empresa Panama Ports para desarrollar, construir, operar, administrar y dirigir las terminales portuarias de contenedores, de pasajeros, carga a granel, carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal. Al igual que ocurrió con las leyes de privatización de la telefonía, electricidad y demás actividades donde el Estado participa en empresas mixtas, el inversionista está obligado a rendir cuentas y repartir utilidades.

Es decir, los panameños somos accionistas de Panama Ports, Cable & Wireless, Unión Fenosa, etc., y tenemos derecho a que, cada cierto tiempo, las empresas compartan sus resultados financieros y repartan las utilidades que allí se reflejen. Con esta información, las partes interesadas pueden constatar en qué se invierten sus dineros y cuán bien o mal la empresa administra sus operaciones. La rendición de cuentas, además de ser una obligación contractual, es una herramienta importante que le genera credibilidad y transparencia a la empresa, al permitirle ganar la confianza de sus accionistas y tener expectativas en el futuro.

Es harto conocido que las empresas de telefonía como Cable & Wireless o de distribución eléctrica como Edemet, por ejemplo, han publicado en su sitio web la información completa de sus estados financieros auditados. Desde que iniciaron operación en Panamá, por ejemplo, C&W ha pagado al Estado más de $780 millones en concepto de dividendos. Esta es una empresa de telecomunicaciones que siempre ha mantenido tecnología de punta y está abierta a una intensa competencia en el mercado celular y, aun así, publican sus resultados y reparten cuantiosos dividendos. Igualmente sabemos que las empresas eléctricas hacen lo mismo y reparten sus ganancias con sus accionistas minoritarios.

Pero ese no es el caso de Panamá Ports, que teniendo un 10% de participación del Estado panameño, se ha negado en compartir estados financieros y dividendos. Incluso, al preguntársele a la empresa o al mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la anterior información, su respuesta es un silencio sepulcral. En vista de semejante oscurantismo, elevamos una solicitud de información amparada en la Ley 6 de 2002 que dicta normas de transparencia y acceso de información pública y que señala en su artículo 14 que las autoridades están obligadas a suministrar dicha información.

Posteriormente a nuestra petición y en una respuesta escueta de por parte del MEF, se informó que Panamá Ports pagó al Estado este año un dividendo de un millón de dólares, el único que ha pagado desde que inició operaciones en 1997. Es decir, Panamá Ports es una empresa que supuestamente se ha ganado $10 millones en más de 17 años, con todo que durante este tiempo recibió ‘plumazos y equiparaciones' que la favorecieron y carga por el orden de más de 25 millones de TEUs. ¿Quién se los cree? En un principio, el argumento era que la empresa reinvertía sus ganancias pero es hora que nuestras autoridades reclamen lo justo, porque si observamos desde el Puente de las Américas, esta es una empresa boyante que supera los mil millones de dólares en inversión y le quedan todavía 33 años de concesión.

Aunque las reformas económicas son fundamentales para la operación eficiente del aparato productivo del país, es necesario señalar que este resultado no se garantiza únicamente con estas reformas ya que es necesario contar con reglas claras y herramientas legales que normen la operación de los mercados bajo condiciones de competencia. Por lo anterior y como consecuencia del proceso de reformas económicas iniciado hace más de tres décadas, es urgente que el Gobierno Nacional exija rendición de cuentas a todas las empresas mixtas y verifique si, en efecto, la información suministrada sobre el reciente y único pago de dividendos de Panamá Ports es correcta y si además existen otros aspectos pendientes del contrato firmado con el Estado panameño hace 17 años.

ABOGADO Y EXADMINISTRADOR GENERAL DE LA ACODECO

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NEGOCIO RESPONSABLE

Los estados financieros de las empresas mixtas deben ser públicos.

Desde que CWP inició operaciones ha pagado al Estado más de $780 millones en dividendos.