Los trabajadores de la mina exigen que se establezca una mesa de diálogo para abordar el tema minero

Desde que se suspendió el desarrollo de las operaciones en la mina Cobre Panamá, hace ocho meses, la calidad de vida para los pobladores de las comunidades de Donoso y Omar Torrijos, en provincia de Colón y La Pintada, en Coclé, se han visto afectadas.

Las plazas de trabajo que brindaba el proyecto minero se redujeron sustancialmente, pasando de 9.600, en septiembre de 2023 a 1.600, en la actualidad. Una tendencia que también impacto el desarrollo de emprendimientos locales y los programas de capacitación laboral que tenía la empresa en esa región.

Es por eso que distintas agrupaciones sindicales, que aún operan en el proyecto minero y pobladores de esas comunidades, convocaron a los medios, ayer, 9 de julio, para dar a conocer la realidad de lo que están atravesando.

Aniano Pinzón, secretario general de la Confederación Unión General de Trabajadores (UGT, capitulo Panamá), explicó que ellos están buscando que se establezca una mesa de diálogo para abordar el destino que tendrá el proyecto minero, discusión en la cual, exigen estar presentes.

“Desde el inicio del proceso del Contrato de Concesión denunciamos la falta de consulta a los trabajadores organizados del sector y de las comunidades, especialmente en temas tan sensitivos como el acceso al empleo, el salario, la salud y seguridad de los trabajadores y el medio ambiente”, comentó.

“Lastimosamente, fuimos totalmente ignorados por el gobierno anterior, como prueba del evidente y absoluto desprecio por los trabajadores mineros y las comunidades”, agregó.

Pinzón aclaró que ellos no están abogando por la firma de un nuevo contrato, sino por el desarrollo de un plan de reactivación económica y social en las comunidades, para “sacarlos de la situación de pobreza en la que los han dejado”.

Michael Camacho, quien es dirigente sindical de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa), demandó que el Ejecutivo le dé celeridad a la aprobación y ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina, previsto en el proceso de transición para el cierre de operaciones, sin excluir a los trabajadores y las comunidades.

“Nos han abandonado y engañados. Dejaron a los trabajadores en incertidumbre, de la cual no hemos podido salir”, confesó.

Este sentir es compartido por Leonardo Carrasco, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Perforación de Panamá (Sinticopp), quien consideró que el pasado gobierno no tomó “acción responsable” en esta materia, dejándole esta situación al nuevo mandatario. “Él [José Raúl Mulino] habló de convocar una auditoría internacional, eso está bien, pero debe ser rápido, porque los trabajadores y las comunidades están pasando un difícil momento”, analizó.

En tanto, Cecilia Martínez, moradora de Coclesito, manifestó que “muchas mujeres de mi comunidad estaban felices con ver a sus hijos capacitarse y tener un empleo honrado, pero ahora eso se perdió” con el cierre.

Martínez comentó que, había cerca de 5.000 mujeres siendo capacitadas en el desarrollo de artesanías, agricultura, costura y otros emprendimientos, que ahora no cuentan con una plataforma para llevar ingresos a sus hogares.

“Nosotros no queremos un subsidio, queremos que nos garanticen una fuente de empleo, porque nosotros siempre hemos sido trabajadores”, detalló.

Eliécer Fernández, morador de uno de los sectores aledaños a la mina, pidió que se reinserte a la población que estaba trabajando en la mina, dentro del proceso de cierre de operaciones.

“Queremos ser partícipes de una veeduría técnica ciudadana, para que la comunidad tenga garantías de que, en los procesos a realizarse, sean efectivos y seguros”, exclamó.

Facundo Acosta, quien también forma parte de la comunidad de Coclesito, alegó que cerca del 80% de las personas de su pueblo han quedado sin empleo y que los pocos que siguen trabajando en la mina, no tienen certeza de que van a poder continuar.

Otra problemática que tienen es que Minera Panamá era la encargada de suministrarle a las comunidades muchos servicios básicos, como luz y agua, los cuales, según Acosta, se encuentran suspendidos, hasta que el Gobierno Nacional tome una decisión sobre el desarrollo de las actividades por parte de la compañía.

Para Acosta, uno de los problemas más delicados son las 132 mil toneladas de concentrado de cobre que están en la mina, a la espera de una respuesta gubernamental.

“El Ministerio de Comercio e Industrias recomendó que se exportase el material, para salvaguardar la salud de las personas y la preservación del ambiente. Yo vivo muy cerca de donde está la mina y, aunque por el momento no nos está afectando, nos preocupa que con el aumento de las temperaturas, el concentrado pueda perjudicarnos”, acotó el joven.

Desde Utramipa manifestaron su preocupación por esta realidad. “Se han realizado análisis sobre los riesgos que trae, pero no se ha dado respuestas”, indicó Camacho.

El líder sindical aprovechó la oportunidad para referirse al proyecto minero de Petaquilla Gold contiguo al proyecto Cobre Panamá, en el que “se utilizó material peligroso (cianuro), sin un plan de cierre seguro y aprobado”, lo que es en sí un peligro ambiental, que también debe ser abordado.