Ley de interés preferencial, crucial para el crecimiento del sector

El Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda) prevé para este año (2023) un crecimiento de 23% para el sector inmobiliario, pero estas perspectivas se podrían ver afectadas si no se extiende la ley de interés preferencial, como punto focal para mantener la confianza de los inversionistas y lograr sus expectativas.

A finales de marzo pasado, el diputado presidente del primer órgano del Estado, Crispiano Adames, presentó el anteproyecto que modifica la Ley 94 de 2019 y la Ley 3 de 1985 (el proyecto 1009), que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios, como uno de los requerimientos fundamentales del convenio que suscribió la Asamblea Nacional con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), en el primer periodo que asumió la presidencia, pero solo llegó a tercer debate a finales de abril. “Al no tener nuevamente la ley, no vamos a poder cumplir con la expectativas, pero lo más importante, no vamos a poder cumplir con los ciudadanos que requieren de una vivienda”, dijo este miércoles 14 de junio la directora de Convivienda, Elisa Suárez.

Suárez insistió en que hay una marcada “abstención” de comprar mientras no se tiene vigente la ley de interés prefencial y, por supuesto, los bancos también estarán restringiendo mucho los créditos e hipotecas en este renglón.

“Esperábamos crecer 23% en el año 2023, tenemos la mejor intención de hacer las inversiones, que eso se diera, y el baño de agua fría ha sido que se ha vetado la ley de interés preferencial. Lamentablemente esto va a causar nuevamente una restricción de los clientes, que van a esperar hasta tener la ley de interés preferencial”, sostuvo Suárez.

La empresaria resaltó que “esta ley no es para los promotores ni para los inversionistas, sino para el pueblo, y si no lo hemos entendido todavía, pues lamentablemente no sé cómo hacer para hacerlo entender”.

La necesidad de extender la ley de interés preferencial se dio luego de que a finales de diciembre de 2022 vencieron algunos tramos de estas hipotecas y otros el 1 de enero de 2023. El vencimiento de estos tramos deja sin efecto el beneficio de interés preferencial para algunas viviendas que tienen su permiso de ocupación después de esa fecha. El proyecto 1009 que modifica la Ley 3 de 1985 establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones. La iniciativa, por ejemplo, plantea que el tramo preferencial no podrá exceder de 4% los préstamos para viviendas por un periodo de 10 años renovable, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a $45.000 y no exceda de $120.000. Asimismo, un 2% de los préstamos para vivienda plurifamiliar vertical con un periodo de 5 años no renovable, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a $120.000 y no exceda de $150.000 a nivel nacional. El último tramo preferencial sería de 1,5% de los préstamos de vivienda plurifamiliar vertical por un periodo de 5 años no renovables, cuyo valor registrado al momento del financiamiento sea mayor a $150.000 y no exceda de $180.000 a nivel nacional. Los préstamos hipotecarios con intereses preferenciales podrán ser otorgados hasta el 1 de agosto del año 2028.

Uno de los puntos más álgidos de la propuesta es el artículo 5 transitorio que establece que los préstamos hipotecarios preferenciales que se otorguen desde el momento de la promulgación de esta ley, hasta el 1 de agosto de año 2028, se acogerán a los beneficios de la Ley 3 de 1985, salvo las excepciones establecidas en la norma.

“Al tener la ley aprobada en tercer debate las proyecciones se dispararon en todos los segmentos del interés preferencial. Eso para nosotros obviamente es un tema que debemos resolver. Es un problema que debemos resolver como país, porque ahí es donde compra, con esa ley, el panameño. Insisto, de clase media profesional”.

Suárez precisó que el 82% del mercado es clase media trabajadora que solo puede comprar proyectos que estén dentro del interés preferencial, por lo que es “realmente desalentador” lo que está ocurriendo.

“No por eso vamos a dejar de insistir y tratar de corregir lo que provocó que se echara para atrás (la propuesta). Seguiremos trabajando arduamente por la aprobación de la ley de interés preferencial que es la única que le permite a los ciudadanos de nuestro país tener viviendas dignas y ser un país en América Latina en que se puede ser propietario de su vivienda”, expresó Suárez.

El viceministro de Ordenamiento Territorial, José Batista González, por su parte, reconoció que la razón principal por la que se decidió echar para atrás la propuesta de extender la ley de interés preferencial para vivienda fue porque “no hubo la consulta necesaria de parte de la Asamblea con el Órgano Ejecutivo”.

Indicó que siempre que se va a hacer una ley y se está involucrando a alguna institución, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, primero deben hacerse las consultas. Precisó que en este caso se establecieron unos plazos que van hasta 2028, lo cual se considera “inconveniente”, y por otro lado estaban unos compromisos del presupuesto nacional, y “por Constitución una ley no puede comprometer el presupuesto nacional”.

“Al establecer condicionantes a los ingresos se está comprometiendo el presupuesto, y esta ley de alguna manera es un subsidio, y al subsidiar parte del financiamiento, tú limitas los ingresos del impuesto de bienes inmuebles. Entonces, esto tiene efectos en el presupuesto porque el presupuesto se calcula con esos ingresos y la ley, al establecer que ya no va a haber esos ingresos, está condicionando el presupuesto”, explicó González.

Los empresarios han dejado claro que echar para atrás la propuesta está implicando, incluso, una seria amenaza para las inversiones. Sin embargo, González recordó que las leyes de interés preferencial vienen desde la década de 1980 y como gobierno comprenden perfectamente que esto ha sido parte del motor de la inversión privada, por lo que “no” va a ser un obstáculo.

“Eso solamente es un tema administrativo. El presidente ya lo devolvió a la Asamblea. Esta comienza a sesionar el próximo 1 de julio y solamente es que lo reciban, que se hagan los correctivos y vuelve el trámite a enrumbarse y a retomarse”, afirmó el viceministro.

“Aquí se ha hablado de un crecimiento. Para mí, las noticias que de fondo se plantean en este evento son favorables y eso significa que hay confianza y que a pesar de ser un año preelectoral hay confianza en el sector, lo que ha sido históricamente, y lo digo después de 45 años de estar en esta actividad”, puntualizó.

Suárez añadió que el rango de $60.000 a $80.000 es el rango que predomina en el interés social de las viviendas que, además, está impactado por el bono solidario de la vivienda.

Pero “si ese bono no se sigue dando a nuestros clientes, es muy difícil también que puedan tener acceso a una vivienda digna. Si ese es el rango donde más se compra, pues hagamos políticas, tengamos conversaciones, los inversionistas estamos dispuestos a hacerlo, pero tenemos que hacerlo con quienes toman las decisiones de política pública en este país, sino no vamos a poder avanzar”, aseveró.

La construcción de viviendas se mueve hacia la periferia, en las áreas más distantes del centro de la ciudad es donde se construyen más casas, en el área del centro de la ciudad más apartamentos, según Suárez.