Gapifi: Las reglas del Registro de Beneficiario Final están muy bien orientadas

Los abogados Raúl Molina y Carlos Raúl Moreno, del Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional (Gapifi), brindaron una radiografía del sistema tributario y fiscal de Panamá. Destacaron algunos avances y retos que consideran todavía hay dentro de las estructuras administrativas.

Las declaraciones forman parte de una postura de defensa que desde Gapifi quieren dar a conocer, luego que especialistas internacionales declararan que Panamá todavía mantiene supuestos comportamientos de paraíso fiscal y recomendaran cambios en el sistema tributario, como aumentar el impuesto sobre la renta y establecer impuestos a los bienes inmuebles.

Molina explicó que establecer impuestos a los bienes inmuebles sería un “mecanismo confiscatorio e iría en contra de las normas generales sobre tributación que tiene el país”.

Antes de hablar de cambios en este tema, recomendó que las discusiones se dirijan a si el impuesto sobre la renta en Panamá se debe subir o bajar o incluso incluir a más personas. En su opinión, “hay que bajarlo”.

El abogado, miembro de Gapifi, reconoció que el país debe mejorar las reglas tributarias para que sean “más flexibles” y que no haya “tantas exoneraciones”. Consideró que es hora de que el gobierno comience a debatir sobre estos temas, porque “las leyes tributarias son un instrumento para el desarrollo del país”. El concepto de desarrollo del que habla Molina es aquel donde “la economía, al generar empleo, inversión y desarrollo, le permite al Estado obtener mayores ingresos y más circulación del dinero en la calle”. Un escenario que, según dijo, es muy distinto a establecer impuestos confiscatorios, donde no se incentivaría la inversión, el empleo y el desarrollo de las personas, sin embargo, el Estado seguiría cobrando y expropiando dinero con dicho impuesto.

“Las leyes tributarias son otra cosa. Yo creo que hay que hacer ajustes, porque pagar impuestos es sumamente complicado. Un sistema tributario efectivo tiene que ser simple y que elimine tantos tramos (cifras). Actualmente, la parte corporativa se maneja con un 25% cuando en Estados Unidos, por ejemplo, lo tiene en un 21%, mientras que varios países de Europa lo tienen en 15%, otros en 12% o 13%, entonces, esa es una discusión que nosotros debemos tener en Panamá”, puntualizó el abogado.

Respecto a las declaraciones de los expertos sobre que la Ley de Registro de Beneficiario Final no es pública y tampoco se conoce qué es lo que pide el Estado, Molina señaló que “hay una diferencia entre opacidad y privacidad”, ya que la primera se refiere a un país que no da información de nada, mientras que la segunda significa que si la persona no está sujeta a una investigación, no está obligada a darle información a nadie. “Eso es muy distinto a un Registro de Beneficiario Final, en que el Estado ya sabe quiénes son los beneficiarios de las sociedades o fundaciones”, recalcó.

El abogado recordó que incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo Constitucional de Francia, entre otros, han dicho claramente que una cosa es la lucha contra la evasión fiscal, el terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, y otra muy distinta es que las autoridades pueden en el curso de una investigación tener información personal de determinados ciudadanos. “No es usar esa lucha para violar la privacidad de las personas ventilando públicamente la información de sus activos o inversiones en sociedades anónimas, eso ha quedado claramente establecido”, dijo.

Lamentó que dichos expertos “no tengan el conocimiento claro de decisiones de organismos internacionales”. “En ese sentido, las reglas nuestras del Registro de Beneficiario Final están muy bien orientadas”, defendió.

Mientras tanto, Moreno agregó que el Tribunal Europeo ha declarado que es inconstitucional que el registro de beneficiarios sea público. Entre los países que se han sumado a esta medida se encuentran Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo y la Unión Económica Europea.

Por otro lado, Molina señaló que vale la pena plantear la discusión que existe sobre porqué una persona necesita una sociedad anónima, ya que hay expertos que dicen que esta es una actividad exclusivamente para lavar dinero o esconder capital, cuando no es así. Justificó que una sociedad anónima lo que hace es convertirse en un vehículo que facilita las inversiones y el movimiento de flujo de capital para inversiones, como es el caso de una fundación de interés privado.

Constató que hay que partir del hecho que toda actividad económica se presta para lavar dinero. “Por lo tanto, acusar la figura de la sociedad anónima como única actividad exclusiva para lavar dinero es falso. Claro que sí se puede usar para lavar dinero, lo que tendríamos que evaluar es en qué porcentaje se usa para tal actividad”, dijo.

Gapifi ve con buenos ojos la visita in situ que hará en septiembre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) a Panamá, como parte del cumplimiento de los 15 puntos dentro del plan de acción.

“La propia Gafi y la embajadora de la Comunidad Económica Europea han declarado que ven con buenos ojos los avances panameños, y consideran que Panamá cumple y ha cumplido con los 15 puntos, por eso el Gobierno panameño se encuentra optimista en salir de la lista”, recalcó Moreno.

No obstante, Molina señaló que las autoridades deben entender que las reglas que se derivan de todas estas normas tienen que ser aplicables, de lo contrario pueden llegar a ser “absurdas”, como es el tema del registro contable.

Según el jurista, el registro contable fue una exigencia que propiamente estableció Panamá, porque no fue un compromiso solicitado ni por la Unión Europea (UE) ni la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo habían solicitado (Ocde). “Nosotros mismos estamos exigiendo cosas, que no nos piden la UE ni la Ocde, y que no podemos cumplir, porque para una firma de abogados es imposible llevar los registros contables de las sociedades porque involucra una serie de documentos que justifiquen todas las transacciones y movimiento del dinero, ya sea en efectivo o cuentas bancarias; esa es una tarea difícil para una firma de abogados que no cuenta con la formación profesional”, justificó.

Para Moreno, otro punto clave que hay que advertirle al país es que salir posiblemente de la lista del Gafi no es una garantía para tener los mismos resultados en la lista de la UE, porque los embajadores de este último organismo han mencionado que se deben discutir otros requisitos.

“El país debe saber que la celebración será a medias porque estaríamos todavía en la lista de la UE y como país no cooperador de la Ocde. Es necesario puntualizar sobre ese tema para que tomemos conciencia de lo que va a pasar si salimos de la lista del Gafi. Somos aliados al gobierno, lo apoyamos, pero tenemos que sentarnos a discutir de muchas cosas después con ellos”, comentó el abogado.

Moreno también enfatizó en que ve importante que el gobierno deje claro que “bajo ninguna circunstancia” se cambiará la base impositiva territorial, ya que esta podría ser una forma para que la comunidad internacional “tenga claro hasta dónde puede llegar”. “Nosotros hemos pedido encarecidamente al gobierno que deje claro este tema, porque es una línea roja que no se va a tocar”, concluyó.