¿En qué quedaron las promesas económicas del presidente Cortizo?

Cuando inició su mandato, el presidente Laurentino Cortizo perfilaba la administración económica de su gobierno bajo los principios de la responsabilidad fiscal y la buena administración de las finanzas públicas. “[Los anteriores gobiernos] han triplicado la deuda pública en los últimos 10 años, tenemos un presupuesto de $24 mil millones y la gran tragedia nacional es que no se han resuelto los problemas que afectan a la población y amenazan nuestro futuro”, mencionó Cortizo, en afirmaciones recogidas dentro su plan de gobierno.

Tras casi finalizar su mandato, la deuda pública pasó de $26,612.4 millones (2019) a $47,406 millones, para finales de 2023. Un incremento histórico que, según Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP), se vio condicionado por la pandemia, las protestas sociales, los conflictos internacionales y la falta de visión por parte de las autoridades económicas.

“La pandemia hizo que Panamá, un país sin moneda propia, no tuviese ahorros suficientes para enfrentar los gastos que eran necesarios, lo que condicionó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a tener que buscar recursos, mediante deuda, para saldar sus cuentas”, dijo a este medio.

En consecuencia, la actividad económica del país se redujo, haciendo que muchas micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se fueran a la quiebra y que se incrementara el desempleo.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec), muestran que, el 2023, cerró con 262.874 nuevos contratos laborales, un 30% menos de los 378.495, que había para 2019.

Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), reconoció a La Estrella de Panamá que tanto la pandemia, como las protestas ciudadanas condicionaron el desarrollo de la economía.

El especialista comentó que, para 2019, existían cerca de 96.000 mipymes en Panamá, pero que el 60% ya había quebrado para el 2022. “El 80% de las empresas quiebran en sus primeros dos años y las mipymes son responsables del 76% del empleo nacional”, indicó.

El problema surge cuando se estudia el comportamiento del Ejecutivo tras la pandemia. “El gobierno se refugia en la pandemia y la guerra de Ucrania, pero ya han pasado cuatro años desde el 2020. La realidad es que el problema está en que se mantiene una política económica anticuada, producto de personas que están arraigadas en el pasado”, sentenció el economista Felipe Argote, en conversaciones con ‘La Decana’.

Argote aseguró que el gobierno no cumplió con sus obligaciones en materia de déficit fiscal. “El gobierno subió legalmente el límite de déficit que podía tener, para poder cumplirlo, y eso no tiene sentido. Al no cumplir con eso, el país perdió con su grado de inversión, como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal”, ponderó.

A finales de marzo, la agencia calificadora Fitch Ratings rebajó la calificación de Panamá de “BBB-”, con perspectiva “estable” a “BB+”, argumentando que el cierre de la mina de cobre y el incremento de la deuda, le estaban pasando factura a la nación.

En su plan de gobierno, Cortizo se comprometió a “fortalecer la institucionalidad del Estado para el debido cumplimiento de las leyes, contratos y regulaciones”, relacionadas con la actividad minera, algo que se vio truncado con la declaración de inconstitucionalidad del contrato ley, que violaba más de 25 artículos de la Carta Magna.

“El Gobierno buscó una forma de conseguir dinero rápido y creyó que la salvación del país era la minería, sin apostar por otros polos de desarrollo. Actuaron de forma apresurada y terminaron firmando un contrato con múltiples inconstitucionalidades”, cuestionó Gordón.

El decano consideró que, el “mayor fracaso” del gobierno no vino por el lado de la minería, sino con todo lo relacionado con la Caja del Seguro Social (CSS), ya que Cortizo dio su palabra de que iban a “rescatar” la entidad y asegurarse de que “cumpliera con su misión y compromiso institucional de protección de la salud y seguridad económica de los panameños”.

“Esa promesa fue un fracaso total, él no hizo nada por resolver el problema del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cogieron miedo, porque sabían que si presentaban una solución al problema podían perder apoyo político”, aseveró.

Sobre las mesas de diálogo, el catedrático alegó que éstas “no quedaron en nada”, lo que le permitió al actual gobierno “ganar tiempo” y pasarle el problema a la próxima administración.

En el tema de medicamentos, Cortizo se comprometió a realizar “compras unificadas”, poner a funcionar los sistemas de inventarios y promover el uso de farmacias populares, que contaran con “medicamentos genéricos de calidad”.

“De eso no se ha cumplido absolutamente nada, sigue el problema de los medicamentos, no hay farmacias populares en ningún lado y las compañías privadas que controlan los medicamos, continúan con los precios altos”, acotó Gordón.

Además de esto, Argote considera que, en materia de infraestructura, se dejaron cosas pendientes como la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, que había sido iniciado en la administración anterior. “Si lo hubieran seguido, ya estaría terminado, pero lo detuvieron y, ahora, sale mucho más caro”, criticó. En un inicio la obra tenía un precio de $1.420 millones, ahora subió a $1.518 millones.

En el tema educativo, el especialista comentó que, aunque el gobierno se comprometió a destinar el 6% del presupuesto del Estado a este rubro y técnicamente lo hizo, este aumento se fue a “ayudas económicas” y no en mejorar la calidad educativa.

Otro punto que menciona fue lo afectado que quedó el tejido empresarial. “No ayudaron a las mipymes que perdieron sus negocios en pandemia, porque muchos empresarios se vieron obligados a pagar alquiler, a pesar de que tenían el negocio cerrado”, resaltó.

Sobre este asunto, el líder de Unpyme lamentó que el sector al que representa “no haya sido importante” para el gobierno de Cortizo. “Nos hemos intentado reunir con los múltiples ministros de Comercio e Industria que ha habido y no lo hemos conseguido”.

Martínez alegó que el actual mandatario centró sus esfuerzos en el emprendimiento, lo que redujo la recaudación de impuestos y acentuó la informalidad laboral.

En su plan de gobierno, el presidente sostenía la tesis de que el aumento del empleo informal podría convertirse una “oportunidad” de incrementar el emprendimiento juvenil, por lo que era necesario crear una cultura que lo estimulase.

Según el Inec, el país cerró 2023 con un 7,4% de informalidad, en donde 5 de cada 10 empleos correspondían a empleos informales, algo que, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), atribuía a que, en Panamá no era atractivo formalizarse “porque tienen que pasar por largos y costosos procesos burocráticos, y cuando lo consigues, no ves los beneficios reflejados en materia de salud, educación, seguridad o infraestructura”.

Dentro de sus propuestas, el mandatario afirmó que iba a “reducir la tramitología” para que la formalización fuese un proceso más laxo y que se iba a crear el “Banco de Oportunidades” para otorgar financiamiento y acompañar a los emprendedores.

“Eso va a quedar para el próximo gobierno, debido a que, en la actualidad, no existen programas específicos para nuestro sector, en la banca”, analizó.

Martínez ve en las elecciones de este 5 de mayo un “antes y después” para la economía nacional, porque se determinará su rumbo, para el próximo quinquenio, lo que hace fundamental que la gente salga a votar, a conciencia.