El Salvador, un punto de partida para la ley cripto de Panamá

El Salvador es un caso de estudio para los amantes de los criptoactivos. “Cuando El Salvador aplicó bitcoin como moneda de curso legal, ya era un caso de estudio”, reconoció Rodrigo Icaza, de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, a este medio.

“Con este caso hemos aprendido que las monedas de curso legal deben ser emitidas por un banco central. Si una moneda no es emitida por un banco central, sino que es una tecnología en sí, que puede ser adaptada al uso del sistema financiero y económico”, agregó el especialista, quien señaló que este caso será valorado por los especialistas y universitarios a futuro.

Icaza aclaró que la reforma salvadoreña le abandonó el concepto de moneda al bitcoin, pero mantuvo el estado de curso legal. A la par de eliminar la obligatoriedad de que los agentes económicos reciban pagos en bitcoin, lo que está generando confusión en el mercado.

El exdiputado Gabriel Silva presentó el 6 de septiembre de 2021 el proyecto de ley 697, popularmente conocido como ley bitcoin, el cual fue aprobado en tercer debate, luego vetado, para después ser aprobado por insistencia de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo lo envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual lo declaró como inexequible (no realizable), el 14 de julio de 2023.

Este proyecto fue definido como algo “muy interesante”, que terminó por convertirse en “una especie de Frankestein”, por el viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Carlos Hoyos.

“[Si eso se aprobaba] iba a ser una especie de sentencia de muerte [para el sector], que estoy seguro no era la intención cuando arrancó”, acotó Hoyos, durante un evento de Lulubit el pasado 6 de febrero.

El abogado especializado en derecho informático y ciberdelitos José Vega Gallardo, dijo a este medio que “ese proyecto tenía una serie de insuficiencias y de defectos que lo hacían insostenible. Esto dejó a Panamá sin regulación, lo que no es necesariamente malo si se toma en consideración el contenido de ese proyecto de ley. Habría sido muy malo para el país haber adoptado ese proyecto de ley”, reflexionó.

A juicio del jurista, algunos de los problemas que tenía la legislación eran: un abordaje incorrecto de la tokenización, la excesiva delimitación de las criptomonedas, una hiperlimitación de los medios de pago.

“De todas las cosas tokenizables que hay en el mundo, se hablaba solamente de cosas muy específicas, entre ellas el oro y los metales preciosos, algo que ya está regulado desde el 2015. Eso generó dudas sobre si este proyecto iba a servir para darle la vuelta a medidas de control y prevención que Panamá había adoptado para hacer frente al blanqueo de capitales”, relató.

Según la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, la tokenización es la emisión de una cripto sobre una blockchain existente, en líneas generales, ethereum, que además, representa un bien tangible o intangible, material o inmaterial. Es decir, una representación virtual basada en blockchain de un bien.

Otro punto que resaltó Vega es que la ley solo hacía referencia a cuatro criptodivisas en específico, cuando en el mundo hay más de 1.000. “Por qué reconocer solo cuatro, en lugar de hacer una ley general”, se preguntó.

Desde la visión gubernamental, Icaza cree que una regulación oportuna puede generar mayor confianza en la ciudadanía. “Desde una perspectiva de país y de lo que puede afectarlo, la situación cambia, ya que hay delitos que pueden afectar a Panamá y debemos mirar en función de la seguridad nacional”, reconoció.

“Si vamos a emitir una regulación sobre prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, debemos mirar cómo eso impacta en la seguridad nacional, no con base en organismos internacionales”, alegó.

“Si la regulación es práctica, funcional y garantiza que no se frene la innovación en Panamá, está bien”, aseguró.

Sobre este tema, Vega dijo que, al hablar de activos digitales, se hace fundamental tener una legislación correcta. “Una cosa es cuando eres un usuario de cripto y otra cosa es cuando hay agentes económicos que van a involucrar al público en una transacción basada en medios digitales cripto o no cripto”, afirmó.

“Yo sí creo que necesitamos una legislación criptográfica, bien elaborada y cónsona con las mejores prácticas en este tema”.

Este sentir es respaldado por el viceministro Hoyos, quien considera que el Estado debe mantener algún grado de supervisión sobre este sector, “manteniendo el mercado lo suficientemente abierto para que se desarrolle”. Me gustaría que nos moviéramos en esa dirección”.

“Esto es inevitable, así que al Estado le iría mejor regulándolo de una forma ligera y que el mercado se adapta a un sistema robusto, que garantiza la certeza del castigo para los estafadores”, reconoció el funcionario.

Al ser consultado sobre qué tipo de legislación debe tener Panamá, Vega indicó que esto debe ser “lo más tecnológicamente neutral posible. Cada vez que encuentras una ley que llama por nombre propio o por marca a algún sistema, medio o herramienta, estás entrando en un terreno que puede favorecer o desfavorecer a algún actor del sector”, reflexionó.

“En la actualidad, la mayoría de los criptoactivos están basados en blokchain, pero eso puede cambiar mañana. La redacción de la ley debe contemplar esos cambios futuros”, aclaró.

Agrega que esta legislación debe considerar “de manera razonable” los compromisos que tiene el país con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

“Las criptos transcienden fronteras y nuestra regulación debería poder ser armonizable con los estándares internacionales, si no, no vamos a ganar mucho, porque sería una ley que solo funcionará en territorio panameño”.

Otro punto importante es que la ley obliga a mantener informados a los inversores sobre los riesgos de invertir en criptodivisas. “Ellos deben conocer los riesgos a los que se exponen, no es malo invertir en criptos, pero debe hacerse de la manera correcta, de forma transparente y proveyendo a información a los interesados”, aseguró.

Al ser cuestionado sobre los motivos detrás de que todavía no haya una legislación en esta rama, Vega apuntó a diversos detonantes, entre ellos, el desconocimiento que hay sobre este tema entre los hacedores de políticas públicas. “Es muy difícil que una persona, de manera autodidacta, pueda proveerse de toda la información necesaria sobre el tema. Es muy raro que vayas a encontrar un diputado que pueda hacerlo”.

Agregó: “Panamá tiene el potencial para ser el hub regional del mercado cripto en América Latina y el Caribe, pero eso no se va a concretar si no desarrollan regulaciones y normas claras, al respecto”, concluyó.