Aramburú: ‘Si la ley de la CSS no pasa pronto Panamá puede perder su grado de inversión’

Si el debate sobre el proyecto de ley 163, que reforma la Ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS), no finaliza este mes, el país corre el riesgo de perder su grado de inversión, indicó el economista y exministro de Economía y Finanzas (MEF) Fernando Aramburú-Porras, en conversaciones con este medio.

“Todas las casas calificadoras e inversionistas están esperando el desenlace de esta ley, porque va a tener un gran impacto en las finanzas públicas. Si no se resuelve este problema, a más tardar este mes es probable que perdamos el grado de inversión”, analizó.

El sentimiento de Aramburú-Porras es compartido por el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Juan Arias, quien hace un mes ya dijo, que de no lograrse una “ley coherente”, el país iba a perder su grado de inversión. Se trata de un escenario que, según el empresario, se traducirá en que las letras mensuales de los préstamos subirán para los panameños, las empresas y el país.

“Imagínese pagar $6.500 o $6.700 millones para pagar la deuda. Eso solo significa menos fondos para la CSS, educación, calles, etc.”, manifestó el presidente de la Cciap. Añadió que “eso nos puede golpear duro al bolsillo de los panameños y al bolsillo global del país”.

Sobre el contenido del proyecto, Aramburú-Porras cuestionó la propuesta de algunos diputados de no decidir aumentar la edad de jubilación con este proyecto, posponiendo el debate a un estudio actuarial que determine, en seis años, si esto es necesario. “Los legisladores no quieren confrontar esa decisión ahora mismo. Todos los estudios señalan que uno de los parámetros que se debe tomar en cuenta es el de aumentar la edad de jubilación. Si vivimos más tiempo, trabajamos más tiempo”, justificó.

El exministro del MEF cree que posponer esta decisión es “patear la lata”. “Lo único que se ha hecho [en la Asamblea] es exigir que los empresarios y el gobierno den más dinero, sin que esto represente un cambio en la estructura de la seguridad social en Panamá y las pensiones”, alegó.

Agrega que, aunque el tema de la edad de jubilación es importante, para poder exigirle a la ciudadanía un mayor sacrificio, es fundamental que el Estado inicie un proceso de reducción de planilla y contención de gastos.

Aramburú-Porras puso como ejemplo la planilla de la CSS. “Ellos tienen 37.000 empleados y un gasto de $1.000 millones por año, con un salario promedio de $2.500 por empleado. Eso es insostenible”, resaltó.

Panamá lleva evidenciando una compleja situación económica desde el 28 de marzo de 2024, cuando la calificadora de riesgo Fitch Ratings le abandonó el grado de inversión al país, pasando de 'BB+' desde 'BBB-'.

A finales de noviembre del año pasado, la calificadora Moody's Ratings decidió mantener el grado de inversión de Panamá en Baa3, pero decidió bajar la perspectiva del país de estable a negativa.

Una acción que hizo que el titular del MEF, Felipe Chapman, emitiera un comunicado, en esas fechas, en el que reconocía que la calificación dada por Moody's era una advertencia al deterioro fiscal que atraviesa la nación durante los últimos años.

En su estudio, Moody’s mencionó que el país tenía un deterioro de su balance fiscal 2024 -que era mayor al que tenían previsto- y algunos obstáculos significativos para lograr una rápida consolidación fiscal, algo que se traduce en que hay riesgos de que los indicadores de deuda y asequibilidad de la deuda se debiliten materialmente.

Esto luego de que la calificadora Standard & Poor's Global Ratings (S&P), redujese la calificación crediticia del país de 'BBB' a 'BBB-', sin alterar el grado de inversión.

“Como ministro, reafirmó el compromiso del gobierno con la disciplina financiera, enfatizando que el deterioro fiscal, al que hacen alusión ambas calificadoras, afecta a todos; de ahí la importancia de tener marcos regulatorios responsables que aseguren la estabilidad económica y el bienestar de la población”, comunicó Chapman.

A esto hay que resumir que, al cierre fiscal del año 2024, el país registró un déficit del 7,4 % del producto interno bruto (PIB), lo que representó $6.426 millones, informó el titular del MEF, Felipe Chapman, en una reunión con inversionistas internacionales.

Durante esa reunión, Chapman dio un listado de los factores heredados que contribuyeron, negativamente, al déficit fiscal, el cual representó el 6,2 % del PIB entre: la sobreestimación de ingresos del $2.207 millones (3,1 % del PIB); cuentas por pagar sin presupuesto, $786 millones (0,9 % del PIB), y la sobreestimación de baja ejecución de gasto en proyectos de continuidad, $1.921 millones (2,2 % del PIB).

Otro punto a considerar es la incertidumbre que están generando las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el país, las cuales, este año, ya ocasionaron que el banco JP Morgan bajase sus recomendaciones sobre los bonos de Panamá.

Según el economista Aristides Hernández, a nivel local “muchos inversionistas van a esperar a ver hasta dónde va a llegar Trump con Panamá antes de invertir. Puede que no haga nada o puede que sí, lo que es adverso para nosotros”.

Hernández también recordó que el país viene experimentando las consecuencias de la pandemia, la guerra de Ucrania y el cierre de la mina que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la Contraloría General de la República, hizo que el país perdiera el 4,8 % de su PIB en 2024.

En medio de esto, el debate por la CSS es visto por muchos especialistas, como Aramburú-Porras, como un punto clave, en el destino financiero de la nación. Algo que fue reconocido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ya adelantó, durante una de sus conferencias de prensa el pasado 20 de febrero, que la aprobación de la ley es fundamental.

“Si esa ley no se aprueba bien, ¡apaguen la luz y vámonos, tan sencillo como eso! Esa es la enorme responsabilidad que pareciera que la Asamblea pelotea y pelotea. Yo tuve ayer [miércoles 19 de febrero] una reunión importante con la presidenta de la Asamblea [Dana Castañeda] y se lo volví a pedir [...] con el ánimo de decirle: ¡Esto es de verdad, esto es de verdad!, si esa ley se pasa bien, avanzamos, si no se pasa bien, primero la voy a vetar y hasta ahí llegó el juego para el país”, puntualizó.