Cambio en la ley de intereses preferenciales es inminente; ABP advierte de retrasos

Es inminente la aprobación del proyecto ley 1039 que establece un régimen de intereses preferenciales y que está en espera de un veto presidencial, informó el viceministro de Ordenamiento Territorial (Miviot), José Batista González.

“Estamos enfatizando un cambio desde el 3% al 4% para aquellas propiedades hasta $120.000, cambiando los años de subsidio de 10 a 8.

Según González, la tabla quedaría así: hasta propiedades de $45.000, 0% de tasa de interés; de $45.000 a $80.000, 4% por 10 años; de $80.000 a $120.000, 4% por 8 años; de $120.000 a $150.000, 2% por 5 años; y de $150.000 a $180.000, 1,5% por 5 años, pero solamente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

El viceministro enfatizó que la ley de interés preferenciales data de 1985, es decir, el Estado viene utilizando este beneficio para bajar el déficit habitacional en Panamá desde hace 38 años, y la ley viene renovada cada dos a tres años.

Por ende, “no es justo que una vivienda que originalmente tuvo beneficio por 10 años, 15 años después, siendo de segunda, goce nuevamente de este beneficio.

“No hay manera de medir ese mercado (de reventa) para calcular el sacrificio fiscal; incluso para nosotros, con los intereses preferenciales, nos es difícil calcular cuántas viviendas se van a incorporar en el régimen”, agregó González.

El nuevo proyecto de ley busca extender estas tasas hasta 2028.

En una entrevista de la semana pasada, Carlos Enrique Troetsch, presidente de la Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi), reconoció que el Estado ha pagado $205 millones en 9 años, de 2013 a 2022 para beneficio de quien goza de este subsidio estatal.

De igual manera, el Miviot y otros gremios insisten en que el incremento en el precio de las viviendas nuevas es debido a un incremento en el costo de la materia prima y de la mano de obra. Mientras que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) defiende que el precio de los materiales primos, como arena y cemento, están a discreción de cada entidad privada, y es lógico asumir que los costos de esos materiales hayan aumentado en los últimos años.

La producción de concreto premezclado ha aumentado de 378.119 metros cúbicos en 2022 a 467.398 metros cúbicos en 2023 en Panamá, un aumento de casi 20%, según un informe preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec). La venta de cemento gris ha aumentado un 15,2% durante el mismo período. De igual forma, otro informe preliminar del Inec indica que hubo un aumento de nada menos que del 71% en las áreas de construcción en los municipios de Panamá, Colón, David, Santiago, Chitré, Aguadulce y La Chorrera, de 592.872 metros cuadrados en 2022 a 1.012.704 metros cuadrados en 2023, un asombroso casi 1.097% de aumento solamente en el municipio de Colón, de 5.818 metros cuadrados de área de construcción en 2022 a 69.619 metros cuadrados en lo que va de año.

Mientras, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) hizo llegar un comunicado al presidente Laurentino Cortizo la semana pasada, advirtiendo de que retrasos en los procedimientos burocráticos por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI) han causado un aumento considerable de la deuda del Estado hacia esa entidad. Esa deuda se incrementa en cantidades de $20 millones cada mes.

Siendo la Ley de interés preferenciales un subsidio del Estado, la DGI, como un órgano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es la encargada de validar los certificados que emiten los bancos de las cantidades que tiene que subsidiar el Estado. Retrasos en la emisión de estos certificados han causado que los bancos deseen hasta suspender la emisión del subsidio, ya que no ven el retorno del interés prestado al cliente en términos cortos.

Entre uno de los puntos de discusión levantados la semana pasada por el diputado de la bancada independiente Gabriel Silva sobre las tasas de intereses preferenciales, estaba el tema de las áreas verdes en los nuevos proyectos de varios distritos del país.

“Seguimos utilizando los mismos porcentajes y quiero decirte que son superiores a los que eran hace 20 años, que eran del 5% y ahora son del 10%”, comentó González refiriéndose a la Ley 6 de 2006, que establece que el porcentaje de traspasos a cada municipio de áreas públicas dedicadas a parques o zonas verdes, tiene que ser 10% del total.

González dijo que el Miviot tiene dificultad para que los municipios, sobre todo en el interior, acepten recibir los parques porque no tienen el presupuesto.

“La gente se olvida que estos parques necesitan ser mantenidos” y eso conlleva un gasto presupuestario notable para cada municipio, que son los responsables de mantener las áreas verdes. En algunas urbanizaciones, recordó González, los residentes y propietarios han “adoptado” los parques y son ellos quienes los mantienen. “Algunos distritos dicen que no quieren aceptar ningún parque más”.

Para hacer frente a esta problemática, el Miviot está llevando a cabo una consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para buscar nuevos modelos de gestión.

González hizo una referencia a Jaime Lerner, quien murió hace dos años y fue alcalde durante tres mandatos en su ciudad natal de Curitiba, al sur de Brasil, en el estado de Paraná, del cual también fue gobernador. Curitiba ha sido, gracias a Lerner, reconocida como la “ciudad sonrisa” y “ciudad ecológica” de Brasil por la cantidad de áreas verdes.

Rafael Greca, el actual alcalde de Curitiba, la ciudad del mundo con más metros cuadrados por habitante, según afirma el mismo González, “se queja de esos parques porque dice que son una carga enorme. El mismo Lerner decía que un tema fundamental en las ciudades es la sostenibilidad. Si tú tomas decisiones y dices 'yo ahora voy a subir el porcentaje de 10% a 20%,' ¿quién le va a dar mantenimiento a esas áreas verdes? Si no tenemos resueltas esas cosas no podemos utilizar a veces algunas argumentaciones que suenan demagógicas. Hay gente que piensa que eso no tiene un costo”.