Abogados marítimos rechazan proyecto de ley 624 por 'nefasto'

Salir de las listas grises es prioridad. Así coinciden los sectores público y privado del país, donde los últimos representados por la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar) considera que el proyecto de ley 624, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es nefasto, nocivo y absurdo por lo que provocará que el país salga de la lista gris para la lista negra y que inclusive Panamá pierda el envidiado liderazgo mundial del registro y abanderamiento de naves.

El proyecto de ley 624, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, presentado por el MEF en abril pasado ante la Asamblea Nacional y cuya discusión se mantiene en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas ya cuenta con el informe técnico de la subcomisión que analizó el tema. No obstante, el sector privado asegura que no fue consensuado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no participó y el mismo genera descontento.

Para los representantes de la Apademar, la propuesta de llegar a ley tiene dos puntos que vulneran la situación de Panamá. Ahora el agente residente o abogados tendrán que contar con la dotación de una serie de documentos que respalden la operación de la empresa e independientemente, monitorear de las operaciones y el perfil financiero de sus clientes.

Para la expresidenta de la Apademar, Jazmina Rovi, la situación y el panorama para los abogados panameños es difícil y comprometedora, ya que es "imposible" manejar esa cantidad de documentos que aunque sean electrónicos es un volumen alto, así como el manejo de operaciones, ya que los abogados no prestan esos servicios financieros ni contables por lo que considera "no vamos a poder cumplir con la ley y eso será peor para Panamá".

Para que Panamá salga de las listas discriminatorias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el itsmo debe cumplir con las leyes que se aprueban con la finalidad de tener mayor transparencia; sin embargo, la propuesta 624 recoge la consideraciones de otro organismo, aparte de los dos primeros, la Comisión Europea (CE), donde ciertos artículos son contraproducentes a los requisitos que piden a Panamá la OCDE y el GAFI.

"Ya hemos tenido reuniones donde las partes (privado) uniformemente coincidimos en el descontento por el proyecto". dijo Ravi. "Esta última presión no vino de GAFI ni de la OCDE sino de la CE, cuando el istmo aún tiene pendiente que entre en vigencia la Ley 120 de 2020, sobre el registro de beneficiario final, el que sí nos ayudaría a salir de las listas grises sin el peligro de ser incluido en la lista negra", afirmó.

En Panamá hay sociedades que no operan físicamente en Panamá, pero eligieron al país por una serie de ventajas para registro y abanderamiento de sus naves. Con base en el proyecto 624, ahora los agentes residentes o abogados que representan estos negocios en Panamá deberán contar con toda la documentación financiera y contable de la empresa, además de documentación de respaldo, es decir, contratos y facturas con los que se sustente cada transacción que hace esa empresa que no opera en el país.

A manera de ejemplo Ravi explicó el caso del portacontenedores taiwanés Ever Given, que en marzo pasado obstruyó el Canal de Suez por una tormenta de arena y cuyo registro y abanderamiento es panameño. "El portacontenedores tiene unos 24 mil contenedores y cada contenedor podía representar una empresa, es decir, que como agente residente debo contar con toda la información de cada empresa, la cual es múltiple y el volumen sería algo 'inimaginable', pues en total el barco hará cuatro rutas al año". Además aclaró que "la cantidad de información que piden que maneje en Panamá es algo que no se da en otras jurisdicciones y tampoco obedece a ninguna estandarización, ya que el país será el único en cumplir esos requisitos", afirmó la representante de la Apademar.

Según Ravi, el Gobierno debe enfocarse en la Ley 120 de 2020, además de crear una plataforma con la lista de los beneficiarios finales, entender y establecer tecnología de punta para cumplir con lo que pide la OCDE y el GAFI. "En Panamá, tenemos las leyes, pero no las aplicamos y por eso nos sancionan con listas discriminatorias, el proyecto de ley 624 no es el que nos sacará de la lista gris, no lo es", afirmó.

Mediante una nota fechada el 15 de junio, Noriel Araúz, administrador de la AMP informó al titular del MEF, Héctor Alexander que, la institución es una de las que más aporta al presupuesto estatal con recaudaciones de enero a mayo de 2021 por $81.5 millones, gracias a varias labores entre ellas la Dirección de Marina Mercante con más de 8,000 naves inscritas, posicionando a Panamá como el registro de naves #1 en el mundo.

Araúz indica que en 2017, la OCDE declaró "no pemicioso", el registro de naves panameño durante la sesión 47 del Foro sobre prácticas fiscales pemiciosas, realizada en París, Francia. Por lo que el país no representa riesgo, ni es perjudicial a la base impositiva o fiscal de otros países y por ende cumple con las regulaciones de dicho organismo.

Para el también expresidente de la Apademar, Belisario Porras, el proyecto 624 busca que Panamá salga de "Guatemala para Guatepeor y (el gobierno) se está poniendo la soga la cuello". A su juicio los abogados no son entidades y están experimentando un círculo vicioso, donde se imponen adecuaciones más difíciles que las anteriores y que en la revisión nos pondrán una vara más alta. Todo lo anterior es inoperante para los agentes residentes".

Porras advirtió que el proyecto 624 es una amenaza para Panamá, y expone a los abogados al incumplimiento por incurrir en gastos enormes y para los cuales no estamos facultados. Solo en sanciones —dijo— el agente residente está siendo considerado como una entidad y por incumplimiento se pagarían hasta $5 millones, lo que llevaría a muchos a cerrar operaciones y la disolución de los negocios offshore, ya que no sería rentable vender las sociedades anónimas fuera de Panamá.

Por su parte, Ramón Franco Mindreau, vicepresidente de la Apademar es de la posición que el proyecto de ley 624 no se ajusta a la realidad, ya que la idea de reactivación económica queda sacrificada y es contraproducente al generarle a los abogados más gastos que en estos momentos no se pueden incurrir. 

Franco Mindreau nos estamos sentando con las partes involucradas, pero falta más, ya que es el proyecto de ley no cumple con estándares y podría afectarnos aún más.