Más de 4,000 millones de personas en el mundo siguen sin ninguna protección social, alerta la OIT

Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alerta que más de 4,000 millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, pese a la extensión sin precedentes de la protección social en muchas partes del mundo, durante la crisis generada por la pandemia de la covid-19.

El estudio constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen. 

La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.

“Los países se encuentran en una encrucijada”, afirmó el director general de la OIT, Guy Ryder, en el marco de la presentación del Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor.

En la actualidad, sólo 47% de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que 4,100 millones de personas (53%) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.

Sin embargo, para Ryder  es un momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos.

Indicó que estos sistemas pueden proteger a las personas de futuras crisis y dar a los trabajadores y a las empresas la seguridad para enfrentar las múltiples transiciones que se avecinan con confianza y esperanza.

“Debemos reconocer que una protección social eficaz y completa no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente”, expresó Ryder.

El informe ofrece un panorama mundial de la evolución reciente de los sistemas de protección social, incluyendo los pisos de protección social, y abarca las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Identifica los déficits en materia de protección social y formula recomendaciones políticas esenciales, en especial en relación a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con el informe, existen diferencias regionales considerables en materia de protección social. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84% de la población cubierta por al menos una prestación.

Las Américas también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64.3%. Asia y el Pacífico (44%), los Estados Árabes (40 por ciento) y África (17.4%) tienen evidentes deficiencias en materia de cobertura.

A nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26.4%) se beneficia de una prestación de protección social.

Sólo 45% de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33.5%) recibe una prestación por invalidez.

La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18.6% de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77.5% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.

El gasto público en protección social también varía de manera significativa. En promedio, los países destinan 12.8% de su producto interior bruto (PIB) a la protección social (excluyendo la salud), sin embargo los países de altos ingresos invierten 16.4% de su PIB en protección social y los de bajos ingresos sólo 1.1%.

El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) ha aumentado de alrededor de 30% desde el comienzo de la crisis generada por la covid-19.

Con el fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, la OIT considera que los países de bajos ingresos deberían invertir $77,900 millones adicionales al año, los países de ingresos medios-bajos $362,900 millones adicionales al año, los países de ingresos medios-altos $750,800 millones adicionales al año. Esto equivale respectivamente a 15.9%; 5.1% y 3.1% de su PIB.

“Hay una enorme presión para que los países alcancen una consolidación fiscal, después de los gastos públicos enormes relacionados con la pandemia”, apuntó.