Panamá, rezagado en políticas para la reducción del consumo de sodio

La mala alimentación es un cáncer en nuestra región. Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señalan que el 44% de las muertes en las Américas son producto de la hipertensión arterial, la hiperglucemia en ayunas, la obesidad y el sobrepeso.

El último informe mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la reducción de la ingesta de sodio, que monitorea el progreso de las naciones en la implementación de políticas para la reducción del consumo de este mineral, le dio a Panamá una calificación de 1/4, en cuanto a la aplicación de medidas para la reducción del consumo de sodio, a nivel nacional.

Esta puntuación quiere decir que si bien nuestro país se ha comprometido a establecer políticas relacionadas con el tema, estas no se han concretado. Realidad muy diferente a la de otros países de la región, cómo México, Chile. Brasil o Uruguay, donde se han establecido “múltiples medidas obligatorias para la reducción del consumo de sodio”, según explica la 'Sodium Country Score Card', mecanismo implementado por la OMS, para puntuar el progreso de las naciones.

Los datos de este informe, cobran mayor importancia tras la publicación de los resultados del estudio “Contenido de sodio y grasas trans en productos envasados en Panamá”, emitido por el  Instituto de Nutrición de Centroamérica y  Panamá (Incap), en diciembre del año pasado.

El documento establece que tras revisar la información nutricional de 1.341 productos obtenidos en diversos supermercados en todo el país, se encontró que el 74% excedía las metas de sodio de la OPS, para 2025, siendo las sopas, mantequillas, margarinas, panes, frijoles envasados, salsas, sazonadores, embutidos, quesos, y pescados enlatados, los principales productos señalados por exceso del mineral.

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Salud (Minsa) lanzó el plan de acción para la reducción de sodio y eliminación de grasas trans (2022-2025), en colaboración con la OPS. Iniciativa que busca “fortalecer las políticas públicas de prevención y control de las enfermedades no rransmisibles (ENT) y avanzar con el cumplimiento de la meta global para la reducción de la ingesta de sal en un 30% para 2025”, explicó la OPS en un comunicado.

Una iniciativa que según el planteamiento de la OMS ayudaría a salvar cerca de 7 millones de vidas a nivel mundial para 2030, pero que hasta el momento no se ha traducido en acciones concretas.

El plan de acción presentado en diciembre establece seis líneas de acción, que pretenden ser ejecutadas en tres años:

- Promover el desarrollo e implementación de la reformulación de alimentos procesados según categoría enfocada a la reducción de sal/sodio y AGT-PI.

- Implantar una estrategia de comunicación y educación que sensibilice a la ciudadanía sobre la importancia de la reducción del consumo de sodio.

- Generar entornos saludables que promuevan la disminución del consumo de sal y sodio en los centros educativos, gubernamentales, no gubernamentales y privados.

- Incentivar la implantación de un reglamento de etiquetado frontal que advierta de nutrientes críticos como el sodio y AGT-PI.

Sobre este último punto, nuestro país ya ha presentado un proyecto de ley que busca establecer un etiquetado frontal de advertencia nutricional en los envases y empaques de los productos alimenticios procesados preenvasados para el consumo de la población.

El proyecto de ley 265 fue presentado por la nutricionista y diputada suplente Yaidelis González y busca que los alimentos antes mencionados lleven impreso, en la parte frontal, de manera visible y legible, el etiquetado de advertencia nutricional que debe ir separado del etiquetado de contenido nutricional, según plantea el artículo 2 del documento.

Se trata de un proyecto de ley que llegó a primer debate el 3 de agosto de 2021, pasó a la subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, pero no ha logrado seguir avanzando en su desarrollo, pese a contar con el respaldo de la OPS, el Incap, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO) y organismos que piden que se siga debatiendo.

En cuanto a los motivos que obstaculizan el avance del proyecto, Juan Antonio Fábrega, del Sindicato de Industriales de Panamá, planteó que esta iniciativa puede afectar el comercio, durante su discusión, a principios de 2022.

Una postura compartida por la  Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) y otros organismos que emitieron un comunicado, en conjunto, relacionado con el tema, en el cual señalan que esta iniciativa “debe verse a la luz del marco jurídico vigente”, el Subsistema de Integración Económica Centroamericana. A la par de respetar las regulaciones técnicas sobre etiquetado de productos alimentarios procesados, que está vigente en América Central.

“La realidad económica mundial, junto a la ya maltrecha cadena de suministro, nos impone ser cuidadosos y prudentes con medidas que pudiesen aumentar más el efecto inflacionario en nuestro país y disminuir, por otro lado, nuestra competitividad regional con los productos alimenticios que exportemos, al implementar normativas unilaterales como las que se discuten”, concluye el comunicado.