Las aguas residuales: un desafío para la salud pública

El Código Sanitario, Ley 66 del 10 de noviembre de 1947, en su artículo 205 señala: “Prohíbese descargar directa o indirectamente los desagües de aguas usadas, sean de alcantarillas o de fábricas u otros, en ríos, lagos, acequias o cualquier curso de agua que sirva o pueda servir de abastecimiento para usos domésticos, agrícolas, o industriales o para recreación y balnearios públicos, a menos que sean previamente tratadas por métodos que las rindan inocuas, a juicio de la Dirección de Salud Pública”.

Este artículo indicaba que las aguas usadas, es decir, aquellas que se transforman en residuos, formaban y forman parte de los temas prioritarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la publicación, 'El proceso de transición demográfica en Panamá', de la Unidad de Análisis Demográfico del Instituto de Estadística y Censo (Inec), “una de las características de la evolución de la población del istmo de Panamá fue su acelerado crecimiento durante el siglo XX.

En los primeros 70 años del siglo pasado, el volumen de población total se cuadruplicó, pasando de 336,742 a 1,428,082 entre los censos de 1911 a 1970.

Por ello, se puede extrapolar que la producción de aguas residuales aumentó de la misma forma, e incluso más, debido a la generación de aguas residuales por procesos industriales. Industrias lácteas, cárnicas y avícolas que se instalaron en “las afueras de la ciudad” en áreas como Pueblo Nuevo, calle primera de Juan Díaz, Villalobos en Pedregal y la vía Ricardo J. Alfaro.

En los años 40, el tratamiento de aguas residuales en la ciudad se enfocaba en sanear las áreas, de allí la palabra saneamiento, porque de lo que se trataba era de construir sistemas de evacuación y tratamiento de los residuos urbanos e industriales de la ciudad, para dar condiciones de salubridad a los terrenos o edificios de áreas como Catedral, vía España, vía Argentina y otros polos de desarrollo de la ciudad en ese entonces.

Con el pasar de los años, al aumentar la población, el impacto de las actividades antropogénicas incrementó el desafío de mantener saneada la ciudad, puesto que, ríos centrales como el Matasnillo, Juan Díaz, Matías Hernández y Tapia, al igual que sus afluentes, como la quebrada Palomo y otras, fueron convertidas en los receptos de las aguas con residuos de la ciudad.

Debido a ello, las actividades de la ciudad agotaron el ecosistema de los ríos y estos sufrieron la transformación de las urbes, por lo que ahora se les conoce como ríos urbanos.

Las aguas residuales llevan en sí mismas contaminantes como bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desechos fecales e incluso sustancias radiactivas.

El desafío con la contaminación en los ríos es que los contaminantes son elementos que no siempre son visibles, porque algunos no tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones.

Por esta razón se suele recurrir al análisis químico de pequeñas muestras y organismos acuáticos para conocer el estado de la calidad del agua.

En el año 2000, Panamá promulga su legislación sobre el tratamiento que las aguas residuales deben recibir, antes de ser descargadas en los ríos. Esta serie de normativas se conocen como las Copanit porque fueron publicadas por la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

En su elaboración participaron todas las instituciones que por sus funciones están relacionadas con el agua, tanto en estado natural como residual.

En la plataforma digital de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se hace énfasis en que en el año 2010, 63 años después del Código Sanitario de Panamá, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el acceso al agua potable salubre y limpia, y al saneamiento, es un derecho humano, y pidió que se realizaran esfuerzos internacionales para ayudar a los países a proporcionar agua potable e instalaciones de saneamiento salubres, limpias, accesibles y asequibles.

De allí que la meta 6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) inste a los gobiernos a lograr el acceso a servicios de saneamiento adecuados y equitativos para todos.

Por esto, el seguimiento de la meta se realiza mediante el indicador de servicios de saneamiento gestionados de manera segura, es decir, el uso de instalaciones de saneamiento mejoradas no compartidas con otros hogares, en las que los excrementos se tratan in situ de manera segura, o bien se transportan y se tratan en otro lugar.

En el caso de la ciudad de Panamá, donde hay alcantarillado y colectoras, se capturan y conducen las aguas residuales hasta la planta de tratamiento de lodos activados del Ministerio de Salud (Minsa), ubicada en el Sitio Ramsar, en Juan Díaz.

Entre los datos y cifras de la ONU, se señala que, en 2015, el 39% de la población mundial (2,900 millones de personas) utilizaba un servicio de saneamiento gestionado de forma segura, es decir, sus excrementos se eliminaban de forma segura en el lugar o se sometían a tratamiento en otro lugar.

En el mismo año, el 27% de la población mundial (1,900 millones de personas) utilizaba instalaciones privadas de saneamiento conectadas al alcantarillado, desde el cual se trataban las aguas residuales, y el 13% de la población mundial (900 millones de personas) utilizaba inodoros o letrinas en los que se eliminaban los excrementos in situ.

La Conferencia Latinoamericana de Saneamiento contiene dentro de sus estadísticas que en Panamá, de 91,6% de la población con cobertura de saneamiento, el 29,9% cuenta con infraestructura de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico (no industrial), el 23% está conectado a un tanque séptico y el 46,8% utiliza letrinas, enfatizando que las limitaciones de cobertura de las redes de alcantarillado sanitario en las áreas urbanas, propician la proliferación de tanques sépticos, con carencia de mantenimiento y operación adecuada, lo que produce el desborde de estos, situación que aumenta el riesgo a la población de contaminación por baterías, virus y otros contaminantes, puesto que los tanques sépticos suelen ser ubicados cerca de quebradas y ríos.

Es decir, aunque la cobertura que otorgan los países a nivel mundial ronda en un 95% de la población, esa misma cantidad de agua usada retorna tratada en porcentajes muchos menores a ciclo de donde se extrae.

Debido a ello, cuando retorna el agua usada sin tratamiento, el ciclo del agua es afectado en la calidad del recurso hídrico y por ello se genera un déficit para las generaciones futuras, en cuando a la disponibilidad de agua limpia que podrán utilizar en años futuros.

Las aguas residuales no tratadas son inversamente proporcionales a la disponibilidad de fuentes de abastecimiento con calidad. Esto se traduce en altos costos en la producción de agua limpia. Mientras más descargas de aguas residuales reciban los ríos o lagos, menos disponibilidad de fuentes limpias (con calidad) existen para abastecernos.

El mayor desafío para Panamá es aumentar el porcentaje de tratamiento de las aguas residuales al 100%.