Bosques latinoamericanos buscan entrar en mercados de carbono

Uno de los temas que acaparan la atención en la 25ª. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que inició el 2 de diciembre y culmina hoy, es el funcionamiento del comercio de reducción de emisiones contaminantes de sus miembros.

Dentro de ese mecanismo, una de las variantes llamativas tiene que ver con las emanaciones evitadas por los bosques bajo el esquema de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+), y potencialmente comercializables bajo bonos de carbono a razón de un título por tonelada de dióxido de carbono (CO2), el principal gas generado por las actividades humanas responsables del calentamiento planetario.

Pero ese mecanismo enfrenta asuntos por resolver, como la propiedad del dióxido de carbono evitado y un sistema adecuado de monitoreo y verificación de los gases contaminantes capturados y su registro ante la CMNUCC.

Países como Chile, Colombia y México preparan mercados domésticos de emisiones que incluirían los créditos generados por el cuidado de los bosques y que podrían ser adquiridos por empresas obligadas a empequeñecer su huella contaminante para compensar cualquier brecha de reducciones no alcanzadas.

Amy Duchelle, investigadora del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), con sede en Indonesia, considera que después de 10 años de la introducción de REDD+ en el escenario global, es “un buen momento” para probar nuevas ideas.

“Hay una gran oportunidad para nuevos mecanismos porque a REDD+ le falta financiamiento. Los bonos son una parte de un conjunto de medidas”, dice a LatinClima.

La iniciativa forestal pertenece al Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques, lanzado en 2008 y que actualmente abarca a más de 60 naciones para financiar programas en países en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de CO2 y fomentar el acceso de las naciones participantes a apoyo técnico y financiero con esos fines.

Uno de los temas álgidos de la COP 25 son las reglas del intercambio de reducción de emisiones, plasmado en el artículo VI del Acuerdo de París, que los miembros de la CMNUCC rubricaron en diciembre de 2015.

Las discusiones en Madrid oscilan entre la instauración de nuevos mercados o la extensión de la duración de los proyectos registrados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), creado por el Protocolo de Kioto de 2005 y que no incluye bonos provenientes de la protección forestal. Además, los Estados parte de la convención debaten sobre la transparencia de la compraventa del carbono y el veto a la duplicidad de los acotamientos de la polución –cuando tanto una nación vendedora de bonos como una compradora reportan el encogimiento como propio–.

México prepara la apertura de su mercado doméstico de emisiones, estipulado en la reforma de 2018 a la Ley General de Cambio Climático y por la cual este país latinoamericano -que con Brasil figura entre los 15 mayores contaminadores mundiales- debe ejecutar un proyecto piloto que arrancará en enero próximo y de tres años de duración.

El sistema de comercio, cuya base es el Registro Nacional de Emisiones, se destina a los generadores de más de 100.000 toneladas de CO2 y cuyas bases publicó la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente en octubre pasado. Los sectores con mayores derechos de emisión son generación eléctrica, petróleo y gas; cemento; hierro y acero; y refinación petrolera.

Para la especialista Dánae Azuara, la etapa de preparación mexicana “es una fase de aprendizaje, de construcción de capacidades para que en tres años funcione el mercado. Hemos aprendido de los errores de la Unión Europea y California”, en alusión a que ambas jurisdicciones dejaron fuera sectores contaminantes y tecnologías limpias cuando sus mercados de carbono entraron en operación en 2005 y 2013, respectivamente.

Varios estudios demuestran que la clave de un mercado es la definición de límites de emisiones y su precio por tonelada (cap and trade, en inglés). Las empresas que no rebasan ese tope pueden vender esa diferencia. Para quienes superen el techo, la opción es compensar el faltante con la adquisición de títulos de CO2 y allí hacen su aparición los bonos forestales. “La reducción debe provenir de los sectores más contaminantes. Los bonos forestales tienen un rol que jugar”, plantea la experta a LatinClima.

Una vez en funcionamiento, México podría vincular su mercado con otras jurisdicciones, lo cual es validado por el Acuerdo de París. De esa cuenta, un bono emitido en México puede ser comercializado en otra plaza si cumple con requerimientos.

En diciembre de 2017, durante la cumbre One Planet en París, los gobiernos de Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, México y las administraciones locales de California, Oregon, Washington, Alberta, Columbia Británica, Nueva Escocia, Ontario y Quebec lanzaron la Declaración sobre Precio al Carbono en las Américas, con la cual promueven los mercados de carbono intrarregionales y estandarizan sus sistemas de determinación de precios.

Asimismo, la Alianza del Pacífico, creada en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, contempla la vinculación de sus mercados. Chile y Brasil estudian la apertura de sus sistemas internos de comercio.

En septiembre último, la estatal Junta de Recursos del Aire de California aprobó el Estándar de Bosques Tropicales para aceptar en su mercado la transacción de compensaciones por deforestación evitada provenientes de jurisdicciones nacionales o subregionales. Ese órgano debe evaluar caso por caso las posibles candidaturas.

En 2010, California, el sureño Estado mexicano de Chiapas y el noroccidental territorio brasileño de Acre firmaron un acuerdo para comercializar bonos de REDD+ en su sistema, pero ese arreglo nunca se materializó.

Ningún país latinoamericano ha firmado un Acuerdo de Pago de Reducción de Emisiones con el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), una alianza de 47 naciones en desarrollo, ONG y organizaciones internacionales que financian la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. A excepción de Costa Rica, ninguna nación candidata a ese financiamiento ha demostrado la propiedad del carbono y la facultad para transferir los créditos obtenidos.

Por esa razón, México se quedó en la puerta de ese acuerdo por unos 60 millones de dólares, la negociación está estancada y el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador no parece interesado en finiquitar el proceso.

La Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), presentada ante el FCPF y que funcionaría durante cinco años, estipula una línea base de emisiones de 24 millones de toneladas de CO2 en los proyectos piloto de REDD+, llamadas “acciones tempranas”, que se escenifican en los Estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán, donde existen 18,5 millones de hectáreas boscosas –21% de la superficie forestal nacional–. Esos territorios representan el 36% de las emisiones de carbono forestal del país. Las emanaciones serían reducidas en 80% durante los primeros cuatro años de la iniciativa, a una tasa anual de 20% y equilibrada a 80% en el quinto año.

Así, las emisiones esperadas anuales provenientes de las cinco zonas totalizarían 21,87 millones de toneladas de CO2 en el primer año de ejecución para bajar progresivamente hasta 15,43 millones toneladas en el quinto año.

Las reducciones estimadas anuales sumarían 2,15 millones de toneladas en el primer año de la iniciativa, para subir a 8,58 millones en el año cinco. Mientras, las contracciones proyectadas anuales a ser transferidas al Fondo del Carbono llegarían a 1,7 millones de toneladas, para escalar al quinto año a 6,78 millones.

A nivel nacional, los recursos serían distribuidos a los Estados de acuerdo con su desempeño en las emanaciones recortadas. El gobierno federal recibiría ese pago y lo canalizaría a los Estados, estableciendo los mecanismos para garantizar que esos beneficios lleguen a los dueños y habitantes de las áreas involucradas.

Pero el Banco Mundial, el comprador de los títulos, solo ofrece cinco dólares por crédito, una cotización considerada muy baja por las comunidades forestales.

Perú y Guatemala también quieren los recursos del FCPF. El primero, la novena nación del mundo en cobertura forestal, propone REDD+ en los departamentos de San Martín, que cuenta con 3,37 millones de hectáreas de bosque, y Ucayali, con 9,36 millones. Ambos concentran 18 % de la Amazonía peruana.

La iniciativa, la única planteada para la Amazonía, busca reducir 26,77 millones de toneladas de CO2 en cinco años, con impacto sobre 2,5 millones de hectáreas boscosas y unas 100.000 hectáreas agrícolas, así como beneficios directos e indirectos para 380,000 habitantes de la zona. Ambas áreas han sufrido una deforestación del 35% entre 2008 y 2017, lapso en el cual las emisiones anuales promediaron casi 24 millones de toneladas de CO2.