Panamá: una ciudad informal

La informalidad es uno de los hechos más notables al caminar por las calles de la ciudad de Panamá. En muchos sectores, alrededor de puentes peatonales, paradas de buses o estaciones de metro, las aceras e isletas están ocupadas por vendedores ambulantes que exhiben su mercancía en improvisados puestos y mesas, reduciendo el espacio para los peatones.

Los vehículos de carga y motocicletas de los repartidores mal estacionadas reflejan la falta de regulación en el tráfico. Los comercios como restaurantes y arrendadoras de autos que ocupan las aceras con mesas y vehículos, los conos y cadenas que colocan los negocios para ‘custodiar’ los estacionamientos en la calle frente a los locales, los busitos ‘piratas’ que se apropian también de las calles para improvisar paradas y ‘piqueras’, son otros ejemplos de la informalidad reinante en la ciudad.

La ocupación informal de las calles en actividades comerciales es una construcción social que se alimenta tanto de la exclusión socioeconómica, como de un Estado ausente que por décadas ha abandonado su función como regulador de la vida en sociedad y en la ciudad. Especialmente en el caso del municipio, -entendida como la institución que gobierna la ciudad-, esta situación se evidencia en el estado de abandono y deterioro del espacio público, dígase aceras, calles, plazas y parques.

De acuerdo con la encuesta de opinión publicada por este diario el pasado miércoles 17 de julio, para el 26% de los encuestados el principal problema que vive hoy Panamá es el desempleo. Según el reporte ‘Ocupación desocupación e informalidad’, publicado por el Ministerio de Trabajo (Mitradel, 2021), “se colige que antes de la pandemia la economía panameña no estaba generando el empleo suficiente para aprovechar el incremento de la fuerza laboral disponible y queda en evidencia la existencia de una amplia brecha entre la tasa de participación en la población económicamente activa y la tasa de ocupación durante este período analizado”.

‘La economía panameña solo genera empleo informal’ es el titular de un artículo publicado en el diario La Prensa (03/02/2024). El mismo refuerza y amplia lo expresado en el mencionado reporte del Mitradel al indicar que, “cada trabajador formal del sector privado que perdió su empleo en la última década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales, síntoma de un severo proceso de precarización y estatización del empleo en la economía panameña”. El artículo señala también que, “2 de cada 3 empleos del sector privado nacional son informales”.

El reporte de ‘La encuesta de mercado laboral, agosto 2023’, publicado por el INEC señala sobre este mismo tema que, “aproximadamente 47 de cada 100 ocupados tuvo un empleo informal. Al cotejar esta información con la resultante en abril 2022, se registró un incremento en el empleo informal, el cual fue de 27.230 personas”. Esto al tiempo que la tasa de desempleo se ubicaba en el 7,5%, de acuerdo con el Mitradel.

Este nivel de informalidad laboral se da en un contexto en el que la propia construcción de la ciudad arrastra un desafío de alta informalidad en la vivienda. Tomando como base datos del censo 2010, se estima que el porcentaje población en asentamientos informales en el área metropolitana de Panamá es de 44%, siendo mayor la proporción en los distritos de La Chorrera (62%), San Miguelito (51%) y Arraiján (48%). Una ciudad que no genera oportunidades en el sector formal termina arrastrando esta situación a todos los otros aspectos de su estructura y funcionamiento.

En ciudad de Panamá, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2023, la desocupación alcanza al 7% de la población económicamente activa. Los barrios de vivienda social y los asentamientos informales son los que reflejan la mayor proporción de personas desempleadas con el 9,6 y 8% de la población respectivamente. En las urbanizaciones formales la desocupación se reduce al 5%.

Para dimensionar el problema del comercio informal en la ciudad de Panamá es necesario mirar los datos del pasado censo de población y vivienda. Estos datos indican que en los distritos de Panamá y San Miguelito al menos 3.541 personas declararon ser vendedores ambulantes, ya sea de productos alimenticios no perecederos o de otros productos no alimenticios.

De este grupo dedicado a la venta ambulante, 438 residen en los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana y Calidonia, -sector donde la semana pasada los buhoneros protestaron por las nuevas medidas de ordenamiento implementadas por la nueva administración alcaldicia-. Son los corregimientos de Santa Ana (173 personas) y Calidonia (103 personas), donde se registra una mayor población dedicada a estas actividades en el centro urbano, dada su condición de barrios con sectores comerciales y de afluencia peatonal.

Según el reporte, ‘El comercio popular en las ciudades brasileñas: gestión del desplazamiento económico y la transferencia de bienes’, publicado por el BID en 2021, “el comercio callejero genera polémica en los debates sobre urbanismo. Muchas ciudades experimentan ciclos en los que las autoridades locales toleran, regulan o desalojan a los vendedores ambulantes según el enfoque de la gestión urbana. En América Latina, las estrategias empresariales de gobernanza urbana, (...) han llevado a la eliminación de los vendedores ambulantes de los centros históricos”.

Se requiere de la implementación de políticas de diseño urbano y gobernanza que incorporen el comercio popular como parte del funcionamiento de la ciudad. Hasta el momento el enfoque se ha basado en acciones orientadas a su registro y pago de impuestos, y su desalojo o ‘despeje’ de las áreas donde el propio Estado ante su falta de autoridad ha dejado que se concentren y operen.

La inclusión de espacios que permitan la acogida del comercio popular como parte del funcionamiento de la ciudad debe ser una política municipal y de Estado. Los proyectos de espacio público (aceras, parques, plazas, canchas de juego), los proyectos habitacionales de vivienda social, proyectos como estaciones de metro y terminales de transporte, entre otros deben incorporar espacios para el funcionamiento de este tipo de actividad.

Para reducir el problema de la informalidad no basta con hacer un registro, dar un carnet y pagar los impuestos. La informalidad, como problema que atañe a la estructura económica, -que no genera suficientes empleos formales-, y que deriva en la ocupación ilegal y desordenada del espacio público en la búsqueda de lograr un sustento, requiere de un abordaje que resuelva en la ciudad ambas condiciones. El diseño urbano debería de alguna forma ser la síntesis por la cual se resuelve este problema social.