La prevención de la violencia mediática en Panamá

Este mes de septiembre de 2024 se llevará a cabo una jornada organizada por el Observatorio de Violencia Mediática de Panamá (OVM Panamá), con el apoyo de Fundagénero, en conmemoración del aniversario de esta iniciativa. El programa está diseñado para abordar la naturalización de la violencia simbólica y el papel de los medios de comunicación y la publicidad, ofreciendo un análisis de la situación actual de la violencia mediática. La jornada, parte de la fase de visibilización del proyecto, se desarrollará en formato de foro, sentando las bases para futuras ediciones. El evento está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y consumidores de medios, y se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube del observatorio, para ampliar su alcance.

Coincidentemente, durante la organización de esta jornada de sensibilización sobre la prevención de la violencia mediática, se presentó y prohijó en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre políticas de prevención y protección contra la violencia sexual digital y mediática. El artículo 4 de este anteproyecto define la violencia mediática como “todo acto, a través de cualquier medio de comunicación, que directa o indirectamente promueva estereotipos sexistas, haga apología contra las personas, genere o permita la difusión de discursos de odio sexistas o misándricos, y que genere discriminación por género o cree desigualdad entre los géneros, causando daño psicológico, sexual, físico, económico o patrimonial, y en casos extremos, fomente el femicidio o la misandria”.

Esta definición es ambiciosa y subraya la importancia de la prevención y protección contra diversas manifestaciones de esta violencia y sus consecuencias, que van desde el daño psicológico hasta el femicidio. También hace referencia a la “violencia contra las personas” y contempla medidas específicas de protección, programas educativos y de sensibilización dirigidos principalmente a menores de edad, así como campañas educativas para que madres, padres y educadores puedan reconocer y actuar frente a la violencia sexual digital y mediática. Involucra al Ministerio de Educación, al igual que la Ley 82 de 2013, en el establecimiento de medidas de prevención contra la violencia y en la sensibilización de la comunidad educativa sobre sus consecuencias.

Además, el anteproyecto prevé la creación de una comisión interinstitucional encargada de promover, vigilar y dar seguimiento a los programas establecidos. Este enfoque se alinea con la Ley 82 de 2013, que insta a celebrar acuerdos de cooperación con el Instituto Nacional de la Mujer (actualmente Ministerio de la Mujer) y otras entidades para diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención de la violencia contra las mujeres, así como a desarrollar protocolos que ofrezcan apoyo seguro y confidencial a estudiantes y sus familias.

Sería interesante analizar las acciones que se han llevado a cabo o se están realizando con los medios de comunicación como una alianza estratégica. Conocer las iniciativas y medidas existentes permitirá optimizar su aplicación y alcance si se llega a aprobar este anteproyecto.

Dado el rápido crecimiento de los servicios globales de plataformas de streaming por suscripción y la posibilidad de difusión de contenido en medios propios de comunicación (sitios web, blogs y redes sociales) a bajo costo, que atrae la atención de consumidores, ha llevado a que las empresas mediáticas también incursionen en estos espacios que aplican sus propias políticas de uso.

Por otro lado, el sistema mediático en Panamá sigue un modelo liberal con una limitada intervención. Las políticas se centran principalmente en la regulación de telecomunicaciones, infraestructura y competencia en los servicios públicos de radiodifusión y televisión. Las empresas concesionarias de estos servicios establecen convenios de autorregulación. Existe normativa vigente relacionada con la publicidad y propaganda de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco, y se insta a los medios de comunicación social a fomentar la publicación y emisión de mensajes orientados a la prevención del consumo, la elaboración y el tráfico de drogas. Desconozco si en Panamá se aplican medidas similares para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, ya sean personas naturales o jurídicas, cuando utilizan plataformas en línea para difundir contenido dirigido a los consumidores del país.

En este contexto, vemos cómo el Estado podría redoblar esfuerzos en relación con el tratamiento mediático sexista y estigmatizante de las mujeres para aumentar el consumo e interacción de los medios, procurando que estas medidas se perciban como un esfuerzo para promover una representación visual y narrativa respetuosa hacia las personas protagonistas del contenido, en lugar de como un intento de controlar la opinión pública y la actividad comercial.

Mientras tanto, desde el Observatorio de Violencia Mediática, continuaremos con la segunda fase de la iniciativa, que consiste en sensibilizar sobre el uso y consumo responsable y libre de violencia en los medios de comunicación.