Crisis de la Institucionalidad Cultural Panameña

La noticia sobre el gasto en raoming hecho por el subdirector del Instituto Nacional de Cultura en su último viaje oficial se propagó como el ignominioso fuego que consumió la casa Boyacá hace poco. Tirios y troyanos en redes sociales cuestionaron con vehemencia al funcionario, por lo que, sin duda alguna, debe ser considerado como un uso irracional de los pocos recursos de esta institución, la más raída y abandona del Estado panameño. No es ningún secreto en este istmo, ‘donde es más claro el cielo y más brillante el sol', que el INAC y por ende la institucionalidad cultural panameña se encuentra en una profunda crisis.

Al ver las condiciones en que se encuentra una parte sustancial del patrimonio cultural material del país o al escuchar las denuncias de profesores y estudiantes sobre la precaria situación de la escuela nacional de música u observando la poca inversión pública que existe para garantizar que las lenguas y cosmogonías de nuestras nacionalidades indígenas sean salvaguardadas, conocidas y valoradas por el resto de la población –así como pasa con la pollera azuerence- en tanto patrimonio inmaterial de nuestra nación, podemos constatar en parte la magnitud de esta crisis, sin embargo, con ello no basta, hace falta mirar más profundo para entender las dimensiones reales del problema.

Con sólo 77,326 km2 y una población total que, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, apenas se acerca a los 4 millones y medio de habitantes (50.2% hombres y 49.7% mujeres), Panamá presenta una sociedad diversa y compleja. El 12.3% de la población total está compuesta por indígenas de las nacionalidades guna, emberá, wounaan, nasos, bri bris, ngöbes y buglés; un 9.2% corresponde a los afrodescendientes (de origen antillano y colonial), y además hay una fuerte presencia de comunidades culturales provenientes de China, India, Pakistán, España, Italia, Israel, Colombia, Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos.

La investigación ‘Genealogía y distribución racial de la población panameña' (2016), del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), evidenció que la población panameña posee un porcentaje predominante de linaje materno amerindio (83.5%), seguido de africano (14%) y euroasiático (2.2%), mientras que en el linaje paterno destacó el euroasiático (73%), seguido del africano (17%) y el amerindio (9%).

Geológicamente formamos parte del istmo centroamericano; nuestra historia colonial nos unió a la cuenca del Pacífico y nuestro legado afroindígena está fuertemente arraigado en términos identitarios, étnico-culturales y genéticos, a pesar de los intentos de invisibilizarlos. En lo económico y lo político, desde 1850 hemos tenido una relación de dependencia con los Estados Unidos, producto del enclave neocolonial impuesto por la política imperialista de dicho país, lo que configuró un modelo económico transitista que ha determinado, a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI, las asimetrías territoriales, los conflictos sociopolíticos y las ventajas macroeconómicas de nuestra posición geográfica.

Los imaginarios sociales que han predominado en nuestro país a lo largo de su historia republicana, han encarnado siempre a la cultura como sinónimo de producción artística (‘alta cultura'), exclusivamente relacionada con el uso elitista de ella por parte de una minoría de la población. Esta visión excluyente y arcaica de la cultura ha sido una fuente permanente de desigualdades, que además deja por fuera las múltiples y variadas formas que la cultura asume, impidiendo el reconocimiento de los aportes que esta puede ofrecer en la configuración de identidades, la prevención de las violencias, en la cohesión e inclusión social, así como también en la generación de empleo, la producción de divisas y la exportación de bienes y servicios de base cultural.

Otra de las áreas culturales reconocidas que presenta problemas en Panamá es el folklore, ya que existe una resistencia por parte de sectores representativos de esta área del conocimiento, a reconocer su profesión como perteneciente al campo del patrimonio cultural inmaterial, lo que los aísla e imposibilita una producción de saberes transdisciplinarios.

Por otra parte, la producción cultural juvenil urbana ha sido imperceptible en la inversión del exiguo presupuesto de la institucionalidad cultural del gobierno central, de manera que cuenta con muy poco o ningún reconocimiento como parte de la ‘producción cultural'. Es decir que los artistas cuyas creaciones no encajan en la definición de ‘alta cultura' o de folklore, enfrentan graves dificultades de sostenibilidad, ausencia de apoyos a la creación y falta de espacios comunitarios. Como hemos mencionado antes, en un país con un pobre desarrollo de las fuerzas productivas, como es el caso de Panamá, habrá un pobre desarrollo de la cultura y por ende los derechos culturales, considerados derechos humanos, no serán parte de las competencias asumidas por los gobiernos centrales y locales de manera programática. Si las fuerzas vivas del país no empiezan a reflexionar con seriedad sobre la crisis de nuestra institucionalidad cultural y como transformarla, pronto estaremos debatiendo si ‘Esto es Guerra' o ‘Calle 7' es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial.

COLUMNISTA