Ciega, pobre y violada

Ángel lleva tres años desmontando las falsedades y leguleyadas de las que se vale una vecina para aprovecharse de su propiedad, pero tiene que enfrentar la violencia verbal y física, las amenazas y la actitud blandengue de quien debe hacer valer la justicia y los derechos humanos con equidad.

Mientras tanto, en un distrito de Panamá, la quincena recién pasada los funcionarios que atienden la justicia comunitaria mascullaban entre dientes su frustración porque ninguno había cobrado su salario, “ni el juez”, decía una de las afectadas, que a pesar de todo seguía en su puesto atendiendo a los ciudadanos que se acercaban por algún caso.

No es fácil, tampoco ninguna novedad, las falencias de la administración de justicia desde una casa de Paz hasta la Corte Suprema de Justicia, por ello esta dama luce, además de ciega, pobre y reiteradamente violada, así que tampoco debe extrañar la poca fe en estas instancias que tiene una buena porción de la población, basta leer los comentarios en redes sociales todos los días sobre los famosos casos o los “notables” personajes procesados.

¿Cómo va a administrar justicia una persona que sabe que a las 5:00 de la tarde saldrá hacia su casa sin un real en el bolsillo del salario que debía recibir de su trabajo, y lo espera su pareja para hacer el súper o comprar las medicinas del abuelo o el niño resfriado?

Decía un famoso exvicepresidente, ya fallecido, que “todos los gobiernos roban” y más recientemente otro político cuestionaba “¿quién resiste un cañonazo de un millón de dólares?”.

El expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) explicaba al inicio de su mandato que era difícil el combate a las pandillas, porque “mientras tú le ofreces al muchacho una oportunidad de reinsertarse a la vida, viene el jefe de la pandilla a pagarle $1.600, al mes, y luego entran los carteles y los reclutan por $10.000 al mes”.

Y peor es si los pandilleros están entogados, “enchufados” o sentados en los estrados “administrando justicia”, como la situación que enfrenta Carmen, que en los últimos años conoció a un abogado que sí cree en hacer justicia equitativa y vertical.

Han tratado de robarle más de una hectárea de terreno en la provincia central de Veraguas usando una venta ficticia e ilegal. El mismo “letrado” usó a su pareja para que aparezca como “compradora” a un campesino de un terreno que ya tiene dueños desde hace casi medio siglo para despojar a Carmen de su parcela, pero afectando a otras once familias que residen allí por décadas.

¿Cómo pasó esto? Pues allí un “descuido” de una jueza –que ya salió del sistema pero si la auditan se las verá duras para demostrar que sus ingresos corresponden con su patrimonio– pues la funcionaria retardó casi tres semanas notificar al Registro Público la marginal que por ley se tiene que colocar a toda escritura de terrenos en disputa judicial.

Ello le sirvió al jurisconsulto para agarrar al casi iletrado “vendedor”, quien técnicamente ha sido declarado ciego por los médicos, para hacerle firmar una escritura de compra venta y no, lo que alega este último personaje, los papeles de segregación de los terrenos que ya había vendido con anterioridad a otros dueños.

Esta batalla legal, que Carmen espera entra a su último asalto, expone una grave problemática en Panamá sobre las propiedades de tierras; se sospecha que hay expertos abogados, agrimensores y funcionarios que operan para impulsar prescripciones de dominio para arrojar a los legítimos ocupantes de terrenos sobre los que tienen derechos posesorios o compra-ventas antiguos ante los corregidores, ya extintos, y los alcaldes.

Hay otro caso, de un grupo de 74 familias en las montañas de Veraguas a las que un abogado enviado desde Panamá quiere lanzarlos “por intrusos” de sus terrenos, que poseen algunos desde hace más de un siglo, con otra trama de escándalo.

El susodicho dice representar a una familia que emigró de allí hace aproximadamente cuatro décadas, de acuerdo con los afectados.

Los habitantes trabajaron hace años la titulación de sus tierras nacionales a través de la Anati (Autoridad Nacional de Administración de Tierras), sus escrituras están asentadas en el Registro Público, pero “misteriosamente” se emite una resolución administrativa anulando esas titulaciones –del mismo que había dado los títulos– la cual sería “avalada” por la misma exjueza que afectó a Carmen.

Legalmente eso no procede de ninguna manera de esa forma, según explicó el abogado defensor de los afectados, porque una titulación, por ley, tiene que ser anulada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, y, de otro lado, la entonces jueza tenía que haberse declarado impedida porque no tenía competencia para emitir ese aval.

Afortunadamente para estas familias, tanto funcionarios del Ministerio de Vivienda como del Registro Público han reaccionado positivamente y están colaborando para restituirles los terrenos a los legítimos dueños.

Igualmente Ángel en su caso se ha tropezado con funcionarios empíricos que cambian dictámenes técnicos para favorecer a su vecina con cosas tan irracionales como que los desagües de una ducha y una tina los lanza a la calle, como si en las barriadas no existiera un reglamento de construcción que establece que todo eso se conecta a las aguas servidas.

Esos procesos con pruebas trucadas, con testigos que mienten descaradamente ante un juez, y funcionarios que no cobran a tiempo su quincena, exigen una gran dosis de paciencia, pericia y perseverancia porque la llamada justicia de paz aún carece de fortaleza en el país.

Mientras tanto, sigue esperando desde el 20 de octubre de 2022 que le den segundo debate el proyecto de ley 900 que subroga la Ley 16 de 2016 que creó la justicia comunitaria de paz, que busca corregir errores, dar más herramientas al sistema y dignificar esta instancia, algo de lo que carece en estos momentos porque hay ciudadanos que añoran los corregidores de policía.

Cuando la hoy canciller panameña Janaina Tewaney Mencomo, en su calidad de ministra de Gobierno, presentó el 4 de octubre de 2022 el proyecto de ley, lo hizo convencida que no funcionaba la justicia comunitaria porque no se había implementado debidamente la norma vigente.

Organización, capacitación, supervisión efectiva y evaluación del desempeño de los “actores de la justicia comunitaria” son algunos de los aspectos a mejorar, además de la gestión oportuna de los conflictos mediante la mediación y la conciliación, porque “el funcionamiento de las casas de Paz no ha sido efectivo”, señala la sustentación.

Pero Carmen, en el último asalto de su lucha, los vecinos de Veraguas contra sus “expropiadores” y Ángel, ante las bribonadas de su colindante, tienen que vivir con o contra el sistema actual para revertir los abusos, porque solo queda confiar en la calidad humana de funcionarios probos, que seguro los hay, para lograr la anhelada justicia.

Periodista independiente y profesor universitario