El camino hacia un parto saludable en Panamá y los desafíos del sistema

“Sé que cuando una mujer decide tener un hijo sabe todo lo que esto conlleva, como el dolor, pero fue difícil escuchar durante mi parto frases como: 'Ahora te quejas, pero mientras tenía sexo no'. En medio de mi labor de parto escuché reírse a algunos profesionales de la salud porque me quejé del dolor. Esta experiencia que debió haber sido bonita, terminó siendo amarga. No pude ver a mi hija hasta el día siguiente en la noche. No hice ninguna denuncia porque la ley no acompaña. No me siento respaldada”, este es el testimonio de una madre panameña, que dio a luz en un hospital del interior del país y a quien le llamaremos “Estela”, para el resguardo de su privacidad.

Para Walkiria Chandler D' Orcy, diputada suplente del circuito 8-7, el testimonio de Estela forma parte de los cientos de casos que ocurren en el país. “Tuve una reunión en San Felipe para saber cómo estaban los ciudadanos después de la pandemia y durante esa visita, una de las moradoras me manifestó que dio a luz en el hospital Santo Tomás y la dejaron muchas horas en labor de parto; conversó acerca de la violencia obstétrica que pasó; le gritaron entre otras cosas”.

La diputada asegura que existe un desconocimiento por parte de la sociedad civil sobre el trato digno y respetuoso que deben recibir las madres al momento del parto.

“Pienso que esto no debería ocurrir. Una mujer que necesite los recursos del Estado para dar a luz no debe ser violentada de esa manera. Tras realizar una encuesta nos percatamos de que la realidad de dar a luz en un hospital público es distinta a la del hospital privado”; por ello que propuso el anteproyecto de ley 168 de partos saludables, el 21 de octubre de 2021 que fue prohijado este año en la Asamblea Nacional y pronto estará en primer debate.

Su propuesta busca que la paciente esté informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudiesen tener lugar durante los procesos, de manera que pueda decidir libremente cuando existan diferentes alternativas. Asimismo, establece que la madre debe ser tratada con respeto de modo individual y personalizado, que sea considerada en su situación como una persona sana de modo que se facilite su participación como protagonista en el parto.

En adición, que tenga derecho a ser informada sobre la evolución de su parto, a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo que el consentimiento sea manifestado por escrito, bajo un protocolo aprobado por el Comité de Bioética.

A esto se suma que la madre pueda estar acompañada por una persona de su confianza durante el parto y postparto, que tengan a su hijo a su lado y que reciba información sobre los cuidados de sí misma y del niño o la niña entre otros.

“Es importante que se permita la compañía de una persona cuando la mujer va a dar a luz. El acompañamiento disminuye la ansiedad, el dolor, proporciona a la mujer seguridad y al tener menos estrés le pasa esa sensación de tranquilidad al bebé”, dice.

Sin embargo, el caso de Estela estuvo alejado de esta realidad. La inseguridad y el miedo se apoderaron de ella durante su parto. A sus 39 años y con un hijo de 13 años admite que ha pasado mucho tiempo desde su último embarazo y lamenta que la atención brindada en algunos hospitales públicos sea deficiente.

“Efectivamente di a luz en un hospital en el interior del país, exactamente en la provincia de Los Santos. Las condiciones de ese lugar eran deplorables, el aire acondicionado no funcionaba apropiadamente; mientras estuve en el hospital, un día antes de dar a luz encontraron una serpiente en la sala de parto. En el área donde me encuentro no hay hospitales privados, solo públicos”, arguye.

Tomando en cuenta la infraestructura actual de los hospitales públicos, ¿es posible que una madre pueda ser acompañada durante el parto como se menciona en la propuesta de ley 168? ¿Qué desafíos quedan por superar dentro del sistema?

La doctora Isabel Lloyd, ginecóloga obstetra y presidenta de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) señala que los retos en torno a este tema son la infraestructura y la capacitación profesional.

“Podemos querer ofrecer muchas cosas, aspectos que sin duda son necesarios, pero se requiere más que eso. El acceso a atención de salud de calidad es un derecho de todos, pero a la vez un deber. Gobierno, profesionales y sociedad deben invertir en salud, siendo este un pilar esencial de nuestro bienestar”, comenta.

Para Lloyd invertir no es poner recursos. Es tener el conocimiento para orientar, facilitar y acceder a lo que por derecho a todos le corresponde.

La falta de recursos para adecuaciones estructurales y para capacitar al personal pueden vulnerar esos derechos. “Por más que lo desee, no puedo brindarle a esa mujer un espacio privado durante su parto, si la infraestructura no lo permite; sin embargo, esto no significa que su parto no sea saludable, respetado y humanizado”, subraya.

La ginecóloga sostiene que en el campo de la medicina “siempre habrá algo mejor que ofrecer, porque este es precisamente el norte de ella”.

Desde la SPOG ven viable el anteproyecto de la diputada suplente del circuito 8-7, Walkiria Chandler D' Orcy y destacan que “es responsabilidad del gobierno hacer los cambios necesarios en infraestructura y capacitación de todo el personal que labora en las instituciones de salud para estar alineados con el objetivo de brindar atención y servicios siempre respetando los derechos humanos y, a la vez, que la población cumpla con los deberes y responsabilidad que estos derechos también conllevan”.

En ese contexto, Chandler D' Orcy indica que todo reposa en “la buena voluntad política” para que las madres en Panamá puedan tener mejores condiciones al momento de dar a luz. “En este momento se está construyendo el nuevo Hospital del Niño y así como se dieron cuenta de que el Hospital del Niño ya está saturado y que no tiene la infraestructura ni las condiciones para la población actual en Panamá, pienso que el Santo Tomás también es un tema que hay que atender. Aquí tenemos pendiente una deuda hospitalaria en al menos dos gobiernos, en donde si existiese la voluntad política se podrían transformar las salas de maternidad”.

Por su parte, la directora del Instituto Nacional de La Mujer (Inamu), Nellys Herrera afirma que apoya el anteproyecto de ley 168 que, entre tantos puntos, señala el acompañamiento a la madre durante el parto. “Sabemos que en Panamá esto no es permitido dentro del sistema público de salud y esto tiene que ver con una cantidad de temas, por ejemplo, la falta de espacio, entre otros”, comenta y agrega que el acondicionamiento de salas es importante para que el familiar pueda dar el acompañamiento a la embarazada.

“Habrá que hacer cambios. Cuando hablamos de brechas en ese sentido, nos referimos a las desigualdades en el sistema de salud. Un hecho es que la falta de estructura y personal pone en mayor riesgo a las mujeres en las áreas de las zonas comarcales”.

El papel del ginecólogo obstetra es lograr un embarazo a término, con un nacimiento saludable para la madre y su hijo; siempre priorizando en la salvaguarda de la vida de los mismos, según explica la presidenta de la SPOG, quien expone que el ginecólogo, desde que ocurre el embarazo, tiene el deber de orientar y facilitar el desarrollo del mismo y de ofrecer las condiciones necesarias para un parto seguro, que es a lo que realmente se debería llamar parto respetado y humanizado.

Dentro de las recomendaciones está que la paciente cuente con buena salud en general y en su condición física, que disponga d el conocimiento y la confianza en el parto (incluyendo las creencias y prácticas culturales que la mujer ha aprendido sobre el parto), tener la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre su parto con su proveedor de cuidado de la salud, tener acceso a un sistema de salud, a profesionales en el cuidado de la salud y un ambiente en el que la apoyen y ayuden a lograr su objetivo de ser madre.

En cuanto a los espacios no compartidos, remarca que se trata de permitirle a la paciente la privacidad de llevar la labor de parto en un ambiente tranquilo, con luz tenue o no, música o no, y no en un mismo cuarto con 10 pacientes más en labor.

La doctora Lloyd, detalla que desde el punto de vista médico-clínico y según organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el parto respetado y humanizado es el parto vaginal o cesárea que se realiza respetando la fisiología y ritmo del proceso; es decir, se interviene sólo en caso de ser necesario con base en la evidencia científica actualizada y en las condiciones particulares de salud de la paciente.

Se identifican, comprenden y respetan los aspectos socioculturales de la mujer, se le brinda apoyo emocional, se le da poder de decisión y se le garantiza su autonomía y privacidad, con un enfoque holístico y basado en el respeto por los derechos humanos.

El parto respetado y humanizado es aquel que brinda la seguridad que la madre y el bebé necesitan. “En el caso de Panamá, un parto respetado y humanizado es aquel que se lleva a cabo de manera intrahospitalaria, con todas las medidas de seguridad que madre e hijo requieren al momento del nacimiento e inmediatamente después”.

Mientras tanto, el parto normal y saludable es aquel en que el cuerpo de la madre libera hormonas que la ayudan a tener un trabajo de parto eficaz, sobrellevar el dolor y a relacionarse con su bebé.

Estas hormonas también ayudan a su bebé en la transición entre la vida en el útero y la vida en el exterior, mantener una temperatura corporal normal, amamantar exitosamente y a relacionarse con la madre de manera más eficiente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto, al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos no consentidos.

La lucha en contra de la violencia obstétrica en Latinoamérica empezó en 1990 con los esfuerzos de activistas para divulgar prácticas que fueron basadas en evidencias respecto al cuidado materno infantil, según señala un artículo publicado por The New York Times, donde se especifica que tales esfuerzos se respaldaron en un documento de la OMS en 1996 ('Cuidados en el parto normal: una guía práctica'), que advierte del peligro de convertir un suceso fisiológico normal en un procedimiento médico, por medio de la adopción, sin crítica previa, de toda una serie de intervenciones inútiles, inoportunas e inapropiadas.

Uruguay (2001), Argentina (2004), Brasil (2005) y Puerto Rico (2006) aprobaron leyes que garantizaban el derecho de la mujer a estar acompañada durante el trabajo de parto. Brasil y Argentina también desarrollaron una legislación más amplia que impulsa el llamado parto humanizado o respetado.

En 2007, Venezuela se convirtió en el primer país en tener una ley específica para atender la violencia obstétrica. Luego Argentina promulgó una ley similar; le siguieron México, Bolivia (con una ley que aborda la “violencia en contra de los derechos reproductivos” y la “violencia en servicios de salud”) y El Salvador (que hizo efectiva una ley que hace un llamado a un trato digno en los servicios de salud maternos y de salud reproductiva).

Las formas más comunes de maltrato consisten en procedimientos no consensuados (incluyendo la esterilización), intervenciones que se practican sin base en evidencias como las episiotomías rutinarias, así como la violencia física, verbal y sexual.

Tener una mala experiencia durante el parto no solo afecta la parte física, sino también la psicológica. Estela expresa que en su parto tuvo un aumento de presión y estaba entrando en una preeclampsia severa. “Me ingresaron a sala de parto, me hicieron dilatar ocho centímetros y luego me practicaron cesárea”. Dice que tras este episodio salió hipertensa, frustrada y afirma que no quiere volver a tener hijos; sin embargo, desea que “las condiciones en el sistema de salud mejoren para que se le garantice un parto digno a las mujeres panameñas”.

Un parto deshumanizado de acuerdo con la SPOG es aquel que no respeta los derechos fundamentales de la madre y del niño; lo cual no debe sobre limitar el derecho individual a la seguridad vital. “Un parto deshumanizado es responsabilidad de ambas partes. Los efectos físicos son muchos y van desde el riesgo de muerte hasta complicaciones que pudieran evitar un nuevo embarazo, mientras que pudiéramos ver episodios de depresión en mujeres que hayan vivido pérdidas, que es el desenlace esperado de los partos deshumanizados.

“Reiteramos, parto humanizado es aquel que se realiza bajo estrictas medidas de seguridad y esto sólo es posible de manera intrahospitalaria”.

El psicólogo clínico y psicoterapeuta, Augusto Méndez responde que se debe tomar en cuenta que todo ser humano debe tener acceso a un procedimiento médico o quirúrgico con dignidad y esto incluye a todas las especialidades entre ello la parte ginecoobstetricia.

El parto es una situación que causa estrés y dolor así sea parto natural o cesárea. “Este episodio genera mucha ansiedad; luego viene la parte bonita que es el nacimiento, pero la gente se olvida de que hay un proceso previo que se debe manejar de manera adecuada a nivel psicológico”.

Parte de la salud mental también radica en que la persona pueda pasar este momento de una manera adecuada y con la guía necesaria. Méndez precisa que es primordial que la mujer tenga apoyo de su pareja o de un familiar ya que ayudan a prevenir situaciones de estrés postraumático, depresión postparto, ataques de pánico y otra series de circunstancias que afectan la salud mental de la madre y de manera indirecta o directa al bebé.

También el hecho de que la pareja pueda estar al momento del parto “afianza ese compromiso del padre y fortalece los lazos afectivos”.

En caso de que una mujer sea violentada de manera verbal o física en el parto, surgirán repercusiones negativas, por ejemplo, la madre puede perder contacto con la realidad o existir una alta probabilidad de suicidio. “Estamos ante una situación que no podemos dejar de lado. Las mujeres que pasen por estos episodios deben recibir apoyo psicológico y legal”.

Con relación al anteproyecto 168 de partos saludables dice que es una iniciativa que, en medio del panorama actual, viene a cerrar la brecha que hay en el trato que reciben las embarazadas en los hospitales públicos y privados en Panamá.