Acciones para la igualdad de género y nuevos retos en la participación política femenina

El 22 de marzo de 2024, se firma por sexta vez el Pacto “Mujeres, Desarrollo e Igualdad”, el elaborado con base en las propuestas de 600 panameñas. El Pacto se concibe como una herramienta para orientar las políticas públicas para el avance de las mujeres, que surgen de las propias aspiraciones y preocupaciones ante problemáticas aún no resueltas en cuanto a la participación de la mujer, en el ámbito público y privado.

Lo cierto es que este documento podría ser utilizado como una valiosa hoja de ruta, con base en aquellos puntos específicos identificados por mujeres de diversas agrupaciones, poblaciones y sectores: campesinas, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, jóvenes, adultas mayores, profesionales y obreras, que se analizaron a partir de los avances, retrocesos y desafíos pendientes, en torno a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en el ODS-5.

Entre las iniciativas propuestas por mujeres de amplios sectores sociales se encuentra la promoción de una nueva Constitución Política que garantice la igualdad de derechos y deberes para todas las personas, así como el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Ministerio de la Mujer, dotándolo de los recursos técnicos y financieros.

Otros temas relevantes como una educación libre de barreras sexistas, que promueva la igualdad de género y prevenga la violencia contra las mujeres desde una edad temprana. Lograr la igualdad de género no es tarea fácil, los cambios y transformaciones se obtienen en la medida en que las acciones se den de manera conjunta e integral.

La igualdad como derecho humano, es esencial para lograr la sostenibilidad de un mundo donde las mujeres somos la mitad de la población. En tal sentido, es válido reconocer la participación política de las mujeres como un derecho humano.

En resumen, la igualdad de género es un paso esencial hacia el bienestar común y el cumplimiento de los derechos humanos independientemente del país de residencia. Solo a través de esta se avanzará hacia una sociedad más equitativa en todos sus ámbitos.

Según ONU Mujeres, a pesar del incremento en el número de mujeres que se han incorporado a cargos políticos en los últimos años, gracias a la aplicación de cuotas de género, éstas apenas siguen ocupando el 23,7 % de las curules parlamentarias, una cifra que dista mucho de ser paritaria. La situación no es mucho mejor en el sector privado, donde a nivel mundial las mujeres ocupan menos de una tercera parte de los puestos de dirección de nivel medio y alto.

En el caso de Panamá, se cuenta con una legislación (Ley 56 de 2017) que mandata que el 30 % de las juntas directivas de empresas públicas y privadas sean ocupadas por mujeres, pero en la práctica no se cumple.

El abordaje integral de la gama de temas cruciales relacionados con la equidad de género, desde la igualdad de oportunidades y la participación equitativa en la política, debe mínimamente conformar una agenda política de las mujeres, que recoja sus necesidades específicas. Para esto, además de los diagnósticos que se han realizado, no hay que perder de vista que existe una agenda política regional que adopta aspectos puntuales como:

· Paridad en la participación política

· Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades

· Asegurar que las políticas públicas consideren las necesidades de las mujeres

· Eliminación de la violencia política contra las mujeres.

En la Estrategia de igualdad de género 2022-2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se consideran los factores que facilitan el avance hacia la igualdad de género como revitalizar la gobernanza inclusiva, la participación y el liderazgo de las mujeres. Esto implica la promoción de la igualdad de género en los parlamentos, gobiernos locales y en la administración pública.

Esto pudiera darnos unas pistas de hacia dónde podríamos dirigir la mirada como país y atender de raíz las desigualdades colocando en primer lugar a las personas, entendiendo que las reglas y normas responden a la sociedad y nacen de sus necesidades más apremiantes y de los tiempos que se viven.

El pasado 5 de mayo se celebraron las séptimas elecciones democráticas en nuestro país, además calificadas por expertos como inéditas y particulares, alcanzando también el nivel de participación más alto de nuestra historia con el 77.7%, donde las mujeres representamos el 50.3% del padrón electoral. Y con esta elección inicia un nuevo ciclo con autoridades electas por el voto popular.

El informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA dedicó una sección para analizar el acceso a las candidaturas y la representación política, donde se indica que el establecimiento de la paridad en la postulación de los convencionales de los partidos políticos y en formación fue un avance.

Sin embargo, a pesar de que el artículo 373 del Código Electoral establece que los partidos políticos deben postular el 50 % de mujeres y 50 % de hombres a los distintos cargos de elección como diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, la norma permite que no se cumpla pues persiste una válvula de escape conveniente para mantener las prácticas de los partidos políticos de certificar vía la secretaría de la mujer, la ausencia de candidatas.

En las elecciones del 2019, las candidaturas femeninas representaron solo el 17%, en 2024 fue apenas 19% del total. En cuanto a los resultados para la obtención de curules en la Asamblea Nacional, en 2019, la representación femenina con 16 diputadas, fue de 22.5%. En 2024, con una participación importante de diputadas electas por la libre postulación, logran apenas el 21.1 % del total.

En los cargos locales, de igual forma se logró representación femenina por vía de libre postulación, desplazando liderazgos de los partidos tradicionales, sin embargo, al igual que ocurrió con las diputadas, las alcaldesas electas no superaron el 14 %, mismo porcentaje obtenido en el 2019.

Acaba de concluir una elección con enormes desafíos para el país, tales como la ciudadanía de las mujeres y la representación política de cara a cerrar brechas de la desigualdad que crece, y se junta con las expectativas de una población que deposita su confianza en las nuevas autoridades, para colocar sus principales necesidades en primer lugar: agua, seguridad, salud, educación, transporte, canasta básica, ambiente.

En cuanto a la participación política de las mujeres como desafío para nuestra democracia, las recomendaciones de la MOE en Panamá indican que además de eliminar la cláusula que permite a los partidos políticos incumplir el requisito de la paridad en las listas y establecer un mandato de posición que otorgue mayores garantías a la igualdad de resultado; es importante que se fomente un debate nacional sobre otras medidas necesarias para incrementar la participación política de las mujeres. Esta debe ser la agenda y la hoja de ruta para que podamos avanzar hacia esa igualdad.

La autora es socióloga e investigadora del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral, y docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Panamá.