San Sebastián y Boca la Caja: un desafío de inclusión y resiliencia urbana

A diferencia de otras zonas costeras de la ciudad, como la avenida Balboa, Paitilla o Costa del Este, los barrios de San Sebastián y Boca la Caja enfrentan una serie de desafíos superpuestos. Estos incluyen un estancamiento socioeconómico de larga data, asentamientos informales con viviendas inadecuadas, condiciones de vida precarias y un alto grado de hacinamiento. A esto se suman las amenazas ambientales derivadas de su ubicación. La falta de conectividad y las dificultades socioeconómicas, resultado de un ciclo prolongado de pobreza, hacen que la regeneración de estos barrios requiera un enfoque que trascienda las políticas tradicionales.

Este enfoque debe adoptar una visión integral de planificación y renovación urbana. San Sebastián ha quedado aislado y desconectado entre distintos desarrollos urbanos, mientras que Boca la Caja ha experimentado un declive de su actividad económica costera tradicional, lo que ha transformado su perfil socioeconómico. Estos barrios son el reflejo de las fallidas políticas públicas que los han relegado a una condición de abandono en pleno centro de la ciudad.

San Sebastián y Boca la Caja son barrios centenarios que, a pesar de haber enfrentado procesos de marginalización y exclusión social, han demostrado una notable resiliencia. Además, los habitantes de estos barrios no son una población homogénea, sino un grupo diverso de personas con diferentes intereses, medios y orígenes. Su presencia es fundamental en la fisonomía de la ciudad de Panamá, pues también se han convertido en una de las puertas de entrada a la ciudad desde el aeropuerto de Tocumen. En el artículo “Raíces del barrio de San Francisco de la Caleta”, publicado en la sección Proyecto Ciudad el 11 de diciembre de 2021, analizo los diversos tejidos urbanos fragmentados que han dado forma a este corregimiento.

Entre 1923 y 1926, el Estado adquirió una finca de terratenientes locales y la urbanizó. Sin embargo, con el traslado de una comunidad de pescadores artesanales desde la playa Prieta en Calidonia, que se estableció en San Francisco, sus habitantes continuaron con sus prácticas tradicionales y se asentaron en los alrededores de la desembocadura de una quebrada, junto al mar, formando una comunidad en constante crecimiento.

La construcción del Aeropuerto Nacional en 1929, posteriormente renombrado Marcos A. Gelabert, dividió esta franja residencial hacia el mar en dos sectores: San Sebastián y Boca la Caja. Mientras tanto, el área de Paitilla fue incorporada a la Zona del Canal de Panamá y convertida en una base militar durante la Segunda Guerra Mundial. Al revertirse estos terrenos a Panamá, la urbanización de Paitilla, con fines turísticos, excluyó a San Sebastián del diseño de su trazado urbano. Además, la cesión de terrenos para la construcción de un distrito escolar a lo largo de la vía creó una barrera física que aisló aún más estos barrios del resto de la ciudad.

En 1988, la Agencia de Cooperación del Japón (JICA), en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), elaboró un estudio de factibilidad para el corredor Sur en el área metropolitana de la ciudad de Panamá, dentro del proyecto Estampa III. Este estudio delineó la ruta del corredor Sur desde El Marañón hasta la vía Panamericana en Tocumen, y presentó tres posibles trazados: la primera alternativa atravesaba San Sebastián, la segunda se extendía desde Paitilla hasta Atlapa sobre el mar, y la tercera recorría la vía Israel para continuar hasta Atlapa.

El corredor Sur fue entregado en concesión en 1996 y finalizado en 2000. Su construcción fragmentó aún más el barrio de San Sebastián al atravesar una de sus secciones. Además, con la urbanización de Punta Pacífica por parte de la empresa ICA, algunas fincas fueron incorporadas al mercado inmobiliario, aunque la mayoría aún permanece sin edificar. En Boca la Caja, la autopista urbana del corredor Sur pasa justo enfrente, limitando drásticamente el acceso de la comunidad al mar.

El deterioro de las instalaciones escolares de las escuelas José Antonio Remón Cantera, Isabel Herrera Obaldía y Richard Newman, así como la procedencia de su matrícula, ha mantenido en debate el valor y el futuro de estos terrenos, y la presencia de infraestructura pública escolar en el centro urbano de la ciudad. Se ha discutido tanto su posible entrega al mercado inmobiliario como su potencial aprovechamiento como espacio público para la ciudad.

En este contexto, la resolución No. 472-2013, publicada en la Gaceta Oficial el 2 de agosto de 2013, aprobó un cambio de zonificación para estas fincas, otorgándoles la categoría RM3-C3 (residencial de alta densidad con comercio de alta densidad).

Si bien es posible concebir un plan de regeneración urbana que integre facilidades educativas modernas, espacios públicos y viviendas de interés social, las grandes iniciativas de renovación han priorizado la reutilización rápida de terrenos abandonados para generar crecimiento económico a través del desarrollo inmobiliario.

La regeneración impulsada por la propiedad y las concesiones al sector privado desde el ámbito público ha normalizado un modelo de renovación urbana orientado al mercado, diseñado para atraer inversión privada con consideraciones sociales mínimas.

La solución más comúnmente adoptada ha sido demoler y reconstruir estos barrios de la forma más rentable posible, o en su extremo opuesto, replicar bajo una nueva forma un gueto urbano homogéneo que, con el tiempo, terminan deteriorándose. También se opta por reubicarlos en las afueras de la ciudad, con el objetivo de solucionar el deterioro y acceso a la vivienda. Sin embargo, esta práctica ignora aspectos clave, como el vínculo de los residentes con sus empleos, sus redes sociales y el acceso a servicios básicos.

En lugar de mejorar realmente las opciones de vivienda, frecuentemente genera nuevos problemas en otras áreas. Este enfoque debe ser el punto de partida para la revitalización de San Sebastián y Boca la Caja en el corregimiento de San Francisco. Es un desafío que las nuevas autoridades municipales y del gobierno han de abordar con eficacia, adoptando un enfoque integral que priorice la participación activa de la comunidad y la mejora sostenible de la calidad de vida.