'Tres caballeros' implicados en un intento de asesinato contra el presidente Harmodio Arias

Un terremoto de primera magnitud constituyó para la pequeña sociedad panameña el descubrimiento de un plan para asesinar al presidente de la República, Harmodio Arias, a finales del mes de enero de 1934.

Los rumores que habían circulado durante varios días fueron confirmados la noche del 1 de febrero por la Presidencia. “El gobierno”, decía la nota de prensa firmada por el presidente Arias, “está en posesión de los detalles de una conspiración aparentemente planificada por un grupo de conocidos caballeros de esta ciudad, quienes han tomado pasos para incitar a dos o tres extranjeros, ignorantes e irresponsables, de que intenten asesinarme”.

“Las investigaciones muestran que estos tres señores prometieron dinero, protección y proporcionaron armas y un carro de motor para transportar a los asesinos a cierto punto de la carretera entre Chame y San Carlos, donde se cometería el asesinato en la tarde del día 27 de enero”.

En los días siguientes se darían a conocer los nombres de los tres “caballeros” señalados por Arias, supuestos cómplices intelectuales, ampliamente conocidos en los altos círculos sociales del país: José Euribíades Jiménez; Adolfo Alemán y Roberto Vallarino.

En el estrecho ambiente de la sociedad panameña, sus relaciones personales resultaban complicadas, en especial las de Jiménez, hijo del secretario de Gobierno y Justicia, el coronel Juan Antonio Jiménez, y sobrino de Domingo Diaz, primer designado.

Como secretario de Gobierno y Justicia, a Jiménez padre le correspondía dirigir la investigación criminal. Más aun, en caso de tener éxito el atentado, Domingo Díaz sucedería a Arias.

Al día siguiente de que fuera anunciado el atentado, Jiménez padre renunció a su puesto. El gobernador Héctor Valdés y el jefe de la Policía, Aurelio Guardia, habían asumido la dirección de las investigaciones sin notificarle del asunto, lo que en su opinión “denotaba falta de confianza”. El presidente Arias aceptó la renuncia y nombró en su lugar al abogado Galileo Solís.

El Primer Designado, Domingo Díaz, también renunció ese mismo día: “… No estoy dispuesto a que se sospeche de mi honor. Nunca aceptaría ocupar la Presidencia con el sacrificio de una vida, aun cuando fuera la de un enemigo, menos aun cuando se trata de un amigo (Harmodio Arias) quien ha manejado la Nave del Estado con rectitud y honradez”, adujo en una carta pública.

Con respecto a esta carta, el diario La Estrella de Panamá, publicó en su editorial del 5 de febrero: “Nadie en la república estima que haya el más ligero asomo de pensamiento en el sentido que Díaz se habría aprovechado indebidamente de su situación política. Su renuncia no debe ser considerada sino como un noble gesto del exaltado pundonor de su signatario”.

Los detalles del atentado serían expuestos ante la prensa después de que la Policía arrestara en la mañana del sábado 27 de enero, en la ciudad de La Chorrera, a tres de los sospechosos, mientras esperaban en el interior de un automóvil marca Plymouth, estacionado frente a una tienda a la entrada del pueblo.

La Policía encontró escondido en el respaldar del asiento de atrás un revolver marca Colt calibre 38 y un saco de harina que llevaba adentro una carabina Winchester, calibre 12, con 40 cartuchos de pólvora.

Según la policía, los sospechosos formaban parte de un grupo de cuatro que cometerían el crimen, en momentos en que el presidente Arias viajaba hacia a Penonomé para participar en una conferencia de alcaldes y gobernadores.

El plan era disparar en un punto de la carretera ubicado entre San Carlos y Chame conocido como “La Puesta del Tigre”.

Los sospechosos, Vicente Villaverde, Juan José Hernández y Agustín Acevedo, cantaron de inmediato. El bulto de harina que escondía la carabina había salido del apartamento de Adolfo Alemán, ubicado en el tercer piso del American Trade Developing Company, el día 26 de enero. La información fue confirmada por el ascensorista del edificio, ubicado frente a la Plaza Herrera, quien juró haber visto a un empleado de Alemán bajar del apartamento cargando el bulto de dos pies de largo.

Otro de los implicados era Agustín Acevedo, un nicaragüense empleado en la finca de Juan Euribíades Arosemena, quien había hecho venir a Panamá a su compatriota Juan José Hernández, alias la Abuelita, a hacer un “trabajo” que requería andar armado y “tronar” a alguien.

Hernández, un sargento revolucionario que había combatido a las órdenes del general Sandino en Nicaragua y era experto en emboscadas, reveló que había exigido $100 por adelantado y otros $400 una vez fuera completado el trabajo. También sostuvo que “los tres señores” le habían ofrecido inmunidad, pues si el plan tenía éxito, “serían gobierno”.

Según revelara el sumario de la investigación, publicado en los periódicos locales, Hernández aseguró que nunca se le dijo quién viajaba en el interior del vehículo y que sus planes eran extorsionar a los “tres señores”, sacándoles el máximo de dinero, pero que no planeaba cometer ningún crimen.

Al momento de su indagatoria, Vallarino, Alemán y Jiménez negaron todo. Jiménez calificó la acusación de “infundada y canallesca”. Vallarino protestó energéticamente y exigió que se llevará a cabo una investigación imparcial. Sin embargo, reconocieron haber dado dinero a Villaverde. Los tres fueron arrestados el 5 de febrero y mantenidos en el Cuartel Central de la Policía.

De acuerdo con la versión de uno de los periódicos de la época, aunque fallido, el plan “había sido cuidadosamente planificado”. Rumores de la separación de Arias del cargo habían circulado tres meses antes en medios internacionales, de la pluma de “columnistas estadounidenses muy bien informados”: “La próxima explosión en América Latina ocurrirá en Panamá, donde se espera que el presidente Harmodio Arias renuncie en los próximos seis meses. Se espera un desbarajuste entre cuatro aspirantes a su puesto”, decía la nota.

No eran la primera vez que se rumoraba de un golpe para separar a Arias de la presidencia. Antes de su toma de posesión, el capitán José Remón había sido acusado, en conjunto con el defenestrado expresidente Florencio Arosemena, de organizar un complot para impedir su toma de posesión. En este caso, la policía terminó desestimando los hechos.

La pregunta del momento era: ¿qué razón habría para forzar la salida de Arias del gobierno? De acuerdo con los diarios norteamericanos de la época, Arias era mal visto por algunos sectores de la sociedad panameña que habían sido sacados del poder político. El presidente había accedido al poder en condiciones inusitadas: tras un golpe de estado que desembocó en las primeras elecciones limpias de la historia del país, uno en que todos reconocían como cierto aquello de que “el que escruta elige”, es decir, que cada gobierno saliente prácticamente forzaba a su sucesor.

Harmodio Arias había nacido en un ambiente modesto, sin dinero, sin parientes influyentes, decía el periodista norteamericano Gaston Nerval. “En su adolescencia, compitió y ganó una beca del gobierno en competencia contra un grupo de distinguidos estudiantes. Eligió estudiar en Cambridge, Inglaterra, en una de las escuelas más difíciles y caras del mundo”.

“El dinero que recibió del gobierno fue insuficiente para cubrir esos gastos. Se vio obligado a hacer trabajos secretariales en las noches y aun así regresó a Panamá lleno de deudas. Sin embargo, en los próximos años ganó prestigio como abogado y hombre honesto. Hizo amigos y admiradores, pero también enemigos. Sus clientes eran las grandes compañías americanas instaladas en el país. Ganaba casos en las cortes más que ningún otro”, continuaba Nerval.

De acuerdo con Víctor Florencio Goytía, “a partir del 2 de enero de 1931 los gobiernos creen en los golpes de Estado y domina el complejo del miedo. Temen a sus guardianes, depositarios de armas, temen a sus aliados, temen a sus adversarios y temen a cuanto les rodea” (Historia del Panamá Republicano).

En los próximos meses, el caso contra “los tres caballeros” fue perdiendo interés. El abogado a cargo, el eminente criminalista Carlos L. López, convenció a las autoridades judiciales de que su arresto era ilegal: “No existen méritos para mantener la detención de mis defendidos”. “No hay un solo testimonio en el expediente que compruebe que existiera un complot o que este fuera en contra del presidente de la República. Todos los acusados lo negaron”.

Eventualmente, los acusados fueron liberados y el caso fue ocultándose en la oscuridad del olvido. De acuerdo con los historiadores Celestino Araúz y Patricia Pizzurno (Historia del Panamá Republicano), un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Panamá revelaría que en el atentado no solo había móviles políticos, sino también otros intereses vinculados con el tráfico de narcóticos.

Al respecto de todo el asunto, diría uno de los periódicos locales: “La primera reacción es la indignación. Pasada la indignación, la segunda reacción del panameño típico es la convicción de que no pasará nada… Se cometen irregularidades y crímenes, se malversan fondos y hasta se atenta contra la vida. Pero cuando el asunto entra en la zona de la investigación policiva y los sumarios judiciales, las indagatorias comienzan, los abogados alegan, los patrones intervienen, los políticos mueven los hilos… y no pasa nada”.

“Nada tan dañino para una comunidad cuando este estado de ánimo prevalece. Cuando una filosofía como esta llega a imbuirse en el ánimo de la democracia, la comunidad vive en peligro”.