Lo que la pandemia se llevó: los retos del próximo siglo

En las últimas tres décadas, la economía de Panamá ha sido vista como una de las más estables de América, alcanzando altas cifras de crecimiento que lo colocan entre los líderes de la región y del mundo. Este comportamiento conllevó a que Panamá se ubicara como el país con el mayor ingreso per cápita de Latinoamérica (2019).

Con una economía dolarizada, Panamá ha apalancado su crecimiento en las fortalezas que le ofrece su posición geográfica: el Canal de Panamá y los puertos, integrados a la economía tras los Tratados Torrijos-Carter, así como también por el hub de las Américas: el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve de puente a la región.

Impulsado por un dinamismo concentrado principalmente en actividades de servicios en transporte, comunicaciones, turismo y construcción, Panamá ha mostrado un pujante crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 8% entre 2006 y 2012, aún cuando otros países sufrían la crisis financiera global, desatada de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en 2006.

Parte del crecimiento del PIB de Panamá se atribuyó a factores internos, como: el elevado nivel de inversión financiado por endeudamiento externo. Período durante el cual, la construcción, la minería y el comercio interno amortiguaron cualquier impacto que pudiese causar la” gran recesión”.

Numerosos proyectos de infraestructura pública y privada como: la ampliación del Canal de Panamá, el saneamiento de la bahía, la extensión de la Cinta Costera, la edificación del Metro en la ciudad de Panamá, la construcción de carreteras y plantas hidroeléctricas, impulsaron la economía.

En 2012 el PIB aumentó 9.8%, y en los años siguientes continuó creciendo; y aunque a un ritmo inferior comparado con años anteriores, mantuvo un comportamiento muy favorable, constatan las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec), que publica la Contraloría General. (Ver gráfica).

La pandemia de covid-19 tuvo consecuencias nefastas en la economía panameña y en el bienestar social. Ante la declaración de pandemia por el virus SARS-CoV-2 el gobierno, a través del Ministerio de Salud estableció una serie de medidas con el fin de atender la crisis sanitaria, así como restricciones de movilidad social, el cierre de comercios y actividades económicas para evitar la aglomeración de personas como una forma de prevención. Eso trajo como consecuencia un severo impacto en la economía. La producción total de bienes y servicios en la economía panameña, medida a través del PIB, se contrajo en un 17.9% comparado con 2019, reportan las cifras de INEC.

El desempeño negativo se reflejó en las actividades de las industrias manufactureras (-22.2%), construcción (-51.9%), comercio al por mayor y al por menor (-19.4); hoteles y restaurantes (-55.8); transporte, almacenamiento y comunicaciones (-6.2%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-30.8%).

Por el contrario, se dinamizaron los servicios gubernamentales (9.9%), con un crecimiento acumulado por la contratación de colaboradores en el sector salud, educación y seguridad pública, necesarios para atender la crisis sanitaria.

Los servicios de salud privada, igualmente, mostraron un crecimiento de 4.7%, la actividad agropecuaria aumentó 3.0%, la pesca creció 12.2% y la explotación de minas y canteras 34.1%.

También presentó un desempeño favorable en el sector transporte, los ingresos del Canal por peaje con 1.7%; movimiento de contenedores TEU con 5.3%. Mientras que la producción agropecuaria mostró un alza en la exportación FOB de banano ( 10.0%); pescado y filete de pescado (23.0%); minas y cantera, un crecimiento en la exportación de minerales de cobre y sus concentrados en 34.4%; y en el comercio interno, la venta de combustible marino en puertos de 3.6%.

La bajos ingresos y la urgente necesidad de adquirir más dinero para hacer frente a las crisis obligaron al Gobierno Nacional a colocar más deuda, a pesar de que se percibía que tendría impactos sobre su sostenibilidad a mediano plazo y en la calificación de riesgo del país ante terceros.

Al cierre de 2019, el saldo de la deuda era de $31,018.47 millones y en 2020 ascendió a $36,959.94, lo que significó un aumento anual de $5,941.53 millones; mientras que para 2021 se proyecta en $40 mil millones. Del total de la deuda, $31,828.32 millones corresponden a deuda externa y $7,079.55 a interna., según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Ver gráfica).

Mientras que la recaudación de los ingresos tributarios acumulados al cierre preliminar de diciembre de 2020 ascendió a $3,852.8 millones, mostrando una disminución de $1,491.5 millones comparado con el mismo periodo de 2019. Los impuestos directos disminuyeron $662.1 millones (23%), y los indirectos resultaron en $829.4 millones (33.7%) menos que el año anterior, recoge un informe de la Dirección General de Ingresos (DGI).

En comparación con la meta propuesta, sin documentos fiscales, la recaudación de los ingresos tributarios acumulados al cierre preliminar de 2020, muestra un déficit aproximado de (29.5%).

El déficit fiscal observado en 2020 corresponde al mayor valor de la última década. Y “si bien es cierto que está fuertemente influenciado por los efectos de la pandemia de la covid-19, desnuda en su totalidad la crisis que se ha estado presentando en las finanzas públicas desde hace varios años, y que encuentra su principal expresión en la dramática contracción de los ingresos fiscales”, recoge el ICEFI en su análisis 'Perfiles Macrofiscales de Centroamérica Panamá' (febrero 2021).

La pandemia obligó, además, a establecer medidas de alivio para los contribuyentes: amnistía, pronto pago y arreglos de pago, lo que conllevó a que para el 2020 se recaudara menos

Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, tiene enfocadas sus esperanzas de una efectiva y rápida recuperación económica en la vacuna contra el SARS-CoV-2. Desde el 20 de enero de 2020 inició una agresiva jornada de vacunación contra el patógeno en una carrera contrarreloj para lograr la inmunización para finales del 2021.

Dentro de los principales retos que tendrá que enfrentar el país de cara al próximo siglo, el economista Raúl Moreira, dijo que a corto plazo lo primero que se debe abordar es la formulación de un Plan Integral de Reactivación Económica bajo la responsabilidad de un coordinador que garantice que el Gobierno Nacional implemente medidas que coadyuven a una efectiva reactivación económica de manera que cada institución aporte a este objetivo y que cada institución no actúe como una isla para beneficio de la misma en detrimento del beneficio global.

Este plan debe apuntar a desarrollar de manera principal los sectores mayormente generadores de empleo con el objeto de garantizar el incremento de la capacidad de consumo de la población, que será la clave para la dinamización de los sectores más afectados por la pandemia. También considera que se deben “redirigir” los $1,000 millones puestos a disposición de los bancos por si acaso lo necesitan para lo siguiente: $150 millones para un programa de financiamiento no reembolsable a favor de la pequeña y mediana empresa en función de su tamaño y antigüedad de mínimo seis meses antes de la pandemia. Y destinar parte de los $1,000.0 millones para aliviar un porcentaje del capital e intereses de aquellas personas que tengan préstamos de $10,000.0 o menos y que hayan perdido su empleo o que el mismo aún se encuentre suspendido. “Castigando ejemplarmente a las empresas que mantengan artificialmente suspendidos los contratos de sus colaboradores pero que se encuentren trabajando”, expresó Moreira. Mientras que a mediano plazo sugiere garantizar que ninguna medida improvisada para la “supuesta” reactivación económica convierta a nuestro país en dependiente de un sector en particular en detrimento de la diversificación de la estructura económica panameña, que ha garantizado que independientemente de que un sector enfrente dificultades, la economía como un todo continúe avanzando a un ritmo de crecimiento.

A largo plazo, considera necesario tomar las medidas que correspondan para disminuir el porcentaje de evasión fiscal en nuestro país y que esos recursos adicionales se destinen principalmente al fomento de la salud y la educación, garantizando de manera real la disminución efectiva del grave grado de desigualdad que se experimenta en nuestro país.

Otro de los desafíos que deberá enfrentar el país tiene que ver con la materia laboral. Para el consultor laboral René Quevedo, a corto plazo (2021-2022) se experimentará, paradójicamente, un crecimiento económico y un aumento del desempleo de manera concurrente, por lo que a mediano y largo plazo el país debe replantear su estructura económica, reconstruir sus fuentes de empleo, reducir la desigualdad y encarar su mayor reto laboral: la informalidad.

Señaló que el crecimiento en 2021 será apuntalado por el sector externo, particularmente en las exportaciones de cobre y la reactivación del comercio mundial. Sin embargo y a pesar de que comienzan a verse síntomas de reanimación de algunas actividades, el sector interno se mantendrá deprimido el resto del año, lo cual ocasionará una tendencia al aumento del desempleo. De hecho y según estimaciones de la ministra de Trabajo, Doris Zapata, el desempleo a junio 2021 se ubicó en 20%, en contraste con el 18.5% en septiembre 2020.

Por otro lado, la catástrofe laboral en la empresa privada se puede dimensionar analizando qué pasó a los 873,750 trabajadores asalariados en el sector privado que había para agosto 2019 (INEC). De éstos, el 37% (327,340) perdió su empleo, el 30% (262,381) lo mantuvo, un 18% (153,463) fue suspendido y luego reactivado, el 13% (111,019) mantiene su contrato suspendido y un 2% (19,547) fue desvinculado. “La sostenibilidad laboral de estos 111 mil trabajadores no reactivados luce complicada, en particular los 83,974 del sector terciario, pertenecientes al comercio, bares y restaurantes, actividades devastadas por las restricciones de movilidad”, expresó.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), según Quevedo, espera tramitar unos 200 mil nuevos contratos laborales en 2021, 68 mil más que los 132 mil procesados en 2020, cuando se perdieron 289 mil empleos, y un poco más de la mitad de los 378 mil tramitados en 2019, cuando se generaron 52,040 empleos, todos informales. A la fecha, la entidad ha tramitado unos 97,700 nuevos contratos, que representan el 48% de los 202,108 tramitados en el mismo período de 2019.

A mediano y largo plazo, dijo que Panamá “necesita transformar su estructura económica, enfrentar el colapso del empleo formal privado y el aumento de la informalidad”. Cada $1 en salarios privados aporta $0.23 a las finanzas del Estado, vía Impuesto sobre la Renta, cotizaciones a la Caja de Seguro Social (CSS) y Seguro Educativo.

El salario del funcionario también, pero siendo el Estado el empleador, equivale a “sacarse de un bolsillo para metérselo en el otro”. El informal aporta poco a las finanzas gubernamentales. El 92% de los empleos generados en la última década (2010-2020) fueron informales, y el otro 8% fue el resultado de incrementos en la planilla estatal. Hoy casi el 70% de los trabajadores del país son informales y funcionarios. Agregó que una de las razones por las cuales el país debe transformar su estructura económica se debe a que dos de cada tres empleos generados en los últimos 15 años vinieron de siete sectores con altos y crecientes niveles de informalidad, incluyendo el comercio (47.2%), construcción (58.9%), industria (60.4%), logística (59.5%), turismo (52.1%), servicios Administrativos (52.4%) y agricultura (74.5%).

“El país necesita enfrentar el reto del enorme desempleo en trabajadores de baja escolaridad que dejó la pandemia, encarar la necesaria transformación digital de su economía y preparar a la fuerza laboral del país para el futuro del trabajo, para evitar que la tecnología aumente las ya enormes brechas existentes en el sexto país más desigual del mundo”, añadió el experto laboral.

El gobierno adelanta esfuerzos para atraer inversión extranjera directa (IED) y explorar nuevos sectores económicos, como la minería, sector donde la informalidad es apenas del 7.2% (2019). “La mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los que ya invirtieron en el país”, comentó Quevedo. La Ley SEM de 2007 ha atraído $1,100 millones en IED y creado 35 mil empleos formales. “Necesitamos más, muchos más”. “Tenemos que generar empleos formales urgentemente. Será difícil salvar la CSS si no generamos empleo formal, e imposible disminuir la desigualdad en el país sólo generando empleo informal”, puntualizó Quevedo.

Entre otros de los retos que tiene el país es preservar el agua para el Canal para los próximos años. Los cambios acontecidos en materia económica y sobre todo medioambiental están obligando a la Autoridad del Canal de Panamá a plantear las transformaciones necesarias para que esta infraestructura mantenga la competitividad. Así como también acelerar su salida de la listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de la Unión Europea (UE).

Después de una contracción del PIB de 17.9% en 2020, se proyecta que Panamá experimente un fuerte repunte en 2021 apalancado por el aumento de la producción minera y el inicio de nuevas inversiones públicas, como la extensión de la Línea 2 del Metro y la construcción de la Línea 3. En sus últimas previsiones, la Cepal estimó que la economía del país se expandirá en un 12% este año, la tasa más alta de la región. “Al levantarse muchas restricciones y flexibilizarse las restantes, se está detonando una reactivación rápida en varios sectores de gran importancia para la economía panameña”, dijo la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, resaltando que el país ha dado pasos importantes en la vacunación. El Banco Mundial proyecta una expansión de 9.9% y los pronósticos del MEF apuntan a un crecimiento de 4% a 5%.

Entre 2004 y 2019 el país se modernizó, hubo avances importantes en materia de legislación laboral, la economía se cuadruplicó, se crearon 786 mil empleos, los salarios aumentaron 127% (más del doble) y Panamá alcanzó el mayor ingreso per cápita de Latinoamérica, Sin embargo, esta bonanza económica acentuó las brechas sociales ya existentes, que nos ubican hoy como el sexto país más desigual del mundo. En la última década (2010-2020) se amplió el Canal, se hicieron enormes inversiones en infraestructura y se registró un “boom económico”, pero 92% de los empleos generados fueron informales, el 8% restante fue producto de aumentos en la planilla estatal. Ante un panorama en pandemia el desempleo abierto se ubicó en 18.5% (ver gráfica), lo que se traduce en más de 400 mil personas desocupadas y otros 142 mil 266 quedaron con contratos suspendidos. Mientras que la informalidad pasó de 44.9% (716 mil personas) en la población ocupada no agrícola, en 2019, a 52.8% (777 mil personas) en 2020, arroja el INEC. Expertos en temas laborales estiman que la pérdida de empleos en jóvenes menores de 30 años alcanzará a cerca de 135 mil de ellos.

Muchas de las personas que han perdido sus empleos o empresas formales, se trasladan al sector informal con el fin de conseguir los ingresos mínimos que les permitan subsistir ante la crisis. “En 2021, las ocupaciones informales son las que están liderando la recuperación parcial del empleo”, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Otra de las implicaciones sociales de la actual crisis, lo constituye el traslado de miles de panameños de los umbrales de no pobreza a la pobreza general y extrema. Del 2011 al 2017, la pobreza general pasó de 27.6% a 20.7%, mientras que la pobreza extrema cambió de 11.5% a 9.8%. En el contexto actual de crisis, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) estima que la pobreza extrema en Panamá pasaría de 6.5% en 2019 a 8.5% en 2020 y la pobreza general cambiaría de 14.6% en 2019 a 17.5% al finalizar el 2020, lo que significa que al final de 2020 alrededor de 800,000 personas terminaron en situación de pobreza general y cerca de 400,000 en pobreza extrema.

El reciente informe 'Estado de la Región 2021' del Programa Estado Nación arroja que a un estimado del 59% de los panameños (encuestados) no le alcanzan los ingresos para cubrir sus necesidades en medio de la pandemia, un 27% reportó la pérdida de su empleo y un 23% la caída de sus ingresos.