Proponen reformas a la justicia de paz

La Ley 16 del 17 de junio de 2016, mediante el cual se crea la jurisdicción especializada de justicia comunitaria y de paz, está nuevamente en la mira tanto de diputados, de los propios jueces de paz y del defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quienes reclaman la necesidad de que se realicen cambios a esta normativa para la mejor resolución de los conflictos comunitarios.

Diputados de diversas bancadas han presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional, tres anteproyectos de leyes.

Una de las iniciativa fue presentada por la diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada independiente Vamos, y busca que la justicia de paz esté adscrita a la Autoridad Nacional de Descentralización y la otra, la presentada por el diputado del Partido Panameñista, Jorge Herrera proyecta que la misma esté bajo el paraguas del Órgano Judicial.

Para la diputada Rodríguez, quien presentó ayer su iniciativa, la Ley 16 de 2016 no ha tenido la acogida esperada en las comunidades, ya que la figura del Juez de Paz se percibe como decorativa y carece de las herramientas logísticas y jurídicas necesarias para realizar sus funciones de manera coherente y equitativa.

“Los jueces manifiestan sentirse limitados, lo que impide la administración de justicia de manera efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Además, se les ha acusado de abusos, lo cual evidencia la necesidad de una fiscalización más directa en su desempeño”, dijo.

Los jueces de paz reemplazaron a las corregidurías. La reforma planteada delega la función de administrar la justicia comunitaria a los Jueces Comunitarios, de manera autónoma e independiente, pero con la debida supervisión de los organismos estatales, garantizando el respeto a los derechos humanos y el apoyo de dependencias estatales y privadas.

Destaca que la gestión municipal a cargo de alcaldes y representantes de corregimientos ha intentado influir en las decisiones de los Jueces de Paz, tratando a estos como subalternos, lo cual asegura, es contrario a cualquier sistema de justicia. “Las reformas buscan garantizar la autonomía e independencia de los jueces comunitarios, alejados de presiones políticas y con todas las garantías y libertades dentro del marco de la ley”, precisó.

Durante la presentación de este anteproyecto, comparecieron ante el pleno legislativo varias juezas de paz que respaldan el anteproyecto.

Neisa Pérez Osorio, jueza de Paz de la región de Chitré, enumeró falencias en la Ley 16 de carácter presupuestario, la falta de herramientas y de la necesidad de que los nombramientos no se den por razones políticas.

“Estamos tratando de ver cómo mejoramos las cosas para poder dar una mejor atención y una justicia efectiva. “La actual ley no nos da las herramientas ara trabajar”, señaló.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc manifestó su acuerdo en modificar esta ley. “Creemos que hay que darle más fuerza a los jueces de paz y analizar quiénes serán sus jefes y quién les va a dar el presupuesto. Ellos no pueden estar a la merced política, yo creo que la justicia comunitaria de paz, que es nuestra base para la paz del país, pudiera estar por ejemplo, en manos de las gobernaciones”, dijo.

Un segundo anteproyecto, el presentado el 22 de julio por el diputado Jorge Herrera, entre otras cosas propone que la justicia de paz este adscrita al Órgano Judicial, con el fin de brindar un mejor servicio y que existan mayores garantías en el proceso.

En tanto, una tercer anteproyecto del diputado Jhonathan Vega, de la bancada independiente Vamos, persigue, entre otros objetivos, mejorar la formación de los jueces de paz, implementar mecanismos de seguimiento y evaluación, garantizar el acceso efectivo a la justicia y fortalecer la coordinación de las instituciones involucradas.