Sociedad civil afina propuestas de reformas al Código Electoral

Representantes de organismos de la sociedad civil que integran la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), comienzan a afinar las propuestas de modificación al Código Electoral una vez se instale esta instancia en enero de 2025, como parte de los preparativos para establecer las nuevas reglas electorales que regirán para las elecciones generales de 2029.

De acuerdo con Ana Carolina Rodríguez, del proyecto Dinero Limpio en Elecciones que lleva la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, están en el proceso de recopilar las experiencias de las excandidatas a los diversos puestos de elección popular sobre los temas de financiamiento y junto a esas vivencias, y las normas que se consideren necesarias, generar más transparencia en los dineros que financian la política.

Explicó que uno de los temas que han identificado es la gran cantidad de dinero que se paga a los activistas y que no se reporta, incluyendo el dinero en efectivo que circula el día de las elecciones. “Consideramos que deben haber mejores mecanismos para fiscalizar el uso de estos dineros”, dijo.

Igualmente, consideró que cree que se debe volver a ver el tema de los topes al financiamiento de las campañas y en general, mejorar las herramientas de monitoreo y fiscalización que tiene el Tribunal Electoral (TE) para hacer cumplir estas normas.

”El proyecto que llevamos en la Fundación es en general para promover más transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, de todas las candidaturas, independientemente si son hombres o mujeres”, explicó Rodríguez.

Detalló que una de las partes del proyecto sí tiene un componente de género, y es por eso que se está trabajando simultáneamente en conocer cuáles son las barreras que tienen las candidatas a la hora de financiar sus campañas y que está impidiendo que más mujeres lleguen a cargos públicos.

“Ya llevamos como país tres ciclos electorales (15 años) sin aumentar el porcentaje de mujeres electas a nivel nacional (entre 11 y 12%)”, señaló.

Indicó que otro tema interesante identificado fue cómo la ley electoral señala que deben destinarse los fondos para capacitación de mujeres, ya que se pueden utilizar solo como capacitaciones cívico-electoral, pero no pueden ser utilizados para, por ejemplo, enseñar cómo llevar una campaña política más efectiva.

“Entonces hay restricciones de lo que realmente puede hacer las secretarías femeninas de los partidos”, enfatizó.

Rodríguez sostuvo que también se ha hablado de cierto estigma que hay por parte de los donantes que no quieren aparecer que han donado a campañas de ciertas mujeres, y eso señaló, es un tema novedoso que ha salido a la luz y por supuesto, reiterarán en que se elimine esa válvula de escape en torno a la paridad de género.

El Código Electoral vigente señala que los partidos políticos postularán 50% de mujeres y 50% de hombres del total de los cargos principales de diputados, alcaldes, representantes de corregimientos y concejales, correspondiente a cada provincia.

No obstante, precisa que en los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior a la paridad y participación establecida en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos.

Esta parte de la norma es la que sectores que impulsan la participación política de la mujer, denominan como la “válvula de escape”, que ha permitido a los partidos políticos incumplir con la postulación del 50% de mujeres.

Por su parte, el jurista Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, manifestó que la organización tiene ya algunas propuestas de reformas al Código Electoral que deben discutir muy pronto, al tiempo que informó que el viernes próximo tendrán una reunión en el Arzobispado para tal fin.

Con respecto a este proceso de ajustes al Código Electoral que se realiza en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, Troncoso manifestó que Panamá sigue siendo un ejemplo para América al ser uno de los muy pocos países que revisa su Código Electoral con regular frecuencia.

Recordó que desde 1992 el Tribunal Electoral conjuntamente con la sociedad civil, consideró prudente revisar el Código Electoral y normativas colaterales una vez terminadas las elecciones de cada cinco años.