La simbiosis entre el crimen organizado y la política

Dos hechos detectados por las autoridades correspondientes han puesto la atención sobre el colectivo gobernante, Partido Revolucionario Democrático (PRD), y no precisamente por motivos que enorgullezcan a sus miembros: la operación de la Policía detrás de la detención del exgobernador de Guna Yala Erick Martelo, quien conducía un auto con doble fondo en el que escondía 79 paquetes de presunta droga; y el caso del representante de Pacora, Hugo Henríquez, cuyo asistente Hernán Carreón fue sorprendido manejando un auto que había sido reportado como robado en febrero pasado.

En ambos casos se presume que existe la participación del crimen organizado. En el proceso contra Martelo, la Fiscalía de Drogas logró la imputación por posesión agravada de drogas y modificación de la estructura (automóvil). Durante la audiencia de imputación de Martelo, la fiscal de Drogas detalló la forma en que operan las redes criminales vinculadas al tráfico de drogas, dando a entender que el exgobernador no había actuado solo.

En el segundo caso fue la Policía Nacional quien detectó lo que parece el primer eslabón de una red más compleja.

No obstante, los pronunciamientos del colectivo gobernante, de la dirigencia del Partido Revolucionario Demmocrático, han sido tímidos, o nulos en el caso de Henríquez.

Estos asuntos, aunque en nuestro país se escuchen como escándalos pasajeros, en muchos países donde los poderes ilegales han penetrado con más fuerza la clase política, refieren su origen en la financiación de las campañas políticas y la poca o nula filtración de los candidatos por parte de los colectivos que los postulan a puestos de elección popular, o aquellos que están llamados a tomar decisiones colectivas.

En general, las elecciones primarias para esos puestos las dominan quienes más plata tienen para las campañas. En otros países estas elecciones están reguladas con topes de gastos y financiamiento.

El dinero, al ser clave para llegar al poder, se convierte en una llave para el crimen organizado y penetrar los sistemas de elección. A las bandas les atrae el dominio territorial, la capacidad de presionar a la población para emitir el voto que favorezca a cierto candidato, e intimidar a los contrincantes políticos de quien han decidido apoyar.

A cambio se aseguran de recibir protección e impunidad o asistencia económica y apoyo a las familias de las bandas. Ese es su origen. De ahí se deriva el uso de algunos cargos públicos para influir en sus decisiones en las bases de la población.

Las bandas más complejas o estructuradas controlan niveles de mando de organismos de seguridad o relaciones con líderes políticos de jurisdicción nacional. Se adueñan del control del territorio, perímetros de seguridad cuya población en coyunturas electorales es proveedora de votos para asegurar escaños políticos.

Entre otras cosas, los poderes ilegales usan a los políticos para legalizar sus empresas que les sirven de fachada para introducir el dinero en el mercado, o sistema financiero. Además, reciben apoyo de los políticos para neutralizar los efectos de los estamentos de seguridad.

Los partidos tienden a tolerar estos comportamientos, miran para otro lado, porque al final suman votos, se consolidan electoralmente, permitiendo así el escalamiento de la delincuencia en detrimento de la democracia, la sociedad y la seguridad del país.

Anteriormente hemos visto muestras de esta situación en otros cargos. Recordemos el incidente de 2016 cuando Rubén De León, presidente del Órgano Legislativo, solicitó a sus colegas devolver las placas de sus autos luego de que se detuviera a un hombre que transportaba droga en una camioneta que tenía una placa a nombre de un diputado de la Asamblea Nacional.

Si bien se presume la inocencia de ambos casos mencionados arriba, se trata de presuntos delitos graves que merecen un análisis más detenido sobre la influencia de los grupos criminales en el poder, y la simbiosis que surge entre ambos en momentos pre y postelectorales.

Este medio intentó contactar al menos a cuatro miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para conocer si se tomarían acciones internas, o si se pronunciarían al respecto, pero fue inútil.

Cabe mencionar que en el caso del exgobernador, el secretario general, Pedro Miguel González, en un mensaje de Twitter condenó los hechos e instó al fiscal del colectivo a hacer una investigación. Para cuando se publicó el mensaje de la dirigencia, el mandatario Laurentino Cortizo ya había ordenado su destitución.

Senen Mosquera, presidente del Consejo Municipal y representante de Curundú, se apartó de los hechos que vinculan a su copartidario Henríquez. “No tengo comentario al respecto, porque cada persona es dueña de sus actos y son cosas personales”, indicó Mosquera. Enseguida añadió que no podía hacer opinión sin saber cuáles son los hechos que su colega ha tenido. “Como presidente de los 26 concejales, yo trato de tener una conversación con el compañero; cuando lo haga tendré idea”, acotó.

“El PRD atraviesa por una de las crisis más profundas de la historia por varias razones: un sistema de elección de candidatos que da preponderancia al dinero que se gasta en campaña y no al talento de los mismos”, dice José Isabel Blandón, analista político.

Como segundo punto, destaca la falta de preparación de los cuadros medios, “no están funcionando al igual que los organismos de masa. Al combinarse una selección por dinero y no tener una dirección en sintonía con el país, el PRD atraviesa por una crisis institucional, divorciado de los organismos de base”. El tercer elemento, que define Blandón, es que “el PRD se ha quedado mudo en el momento en que más deben brillar los talentos. El colectivo no tiene mensaje ni para su membresía ni para el país, siendo un partido gobernante”, zanjó el analista.

“También es un secreto a voces que las bandas o pandillas tienen nexos con diputados, no solo del PRD”, afirmó a este medio un especialista en inteligencia. Lo malo, añadió, “es que hay un divorcio entre el partido sustentador de la plataforma política de gobierno y las acciones gubernamentales”.

De acuerdo con el reporte del medio digital TNP, la placa y el año que tenía el auto que manejaba el asistente del representante de Pacora corresponden a una camioneta blanca inservible, similar a la que había tenido un accidente y quedó en el desguazadero. La camioneta fue declarada pérdida total, pero la placa se empleó en el registro vehicular del auto robado que usaba el concejal. El representante negó a TNP que compró el auto. Dijo que cuando le vendieron el carro era de otro color, “me buscaron para comprar el carro, una persona que lo vendió y yo se lo pagué; he visto la buena fe del fiscal donde no hubo detenidos porque se comprobó la buena fe”, dijo el representante.