Problema político, no jurídico

El lamentable estado de desconcierto y percepción de manipulación que percibe nuestra sociedad en cuanto a nuestras instituciones fundamentales de administración de justicia como lo son: el Ministerio Público y el Órgano Judicial, tiene sus raíces precisamente en nuestra deficiente estructura constitucional y la ausencia de valores fundamentales en el ejercicio de las facultades que confieren algunas disposiciones de nuestra carta fundamental. Si bien es cierto que el Consejo de Gabinete bajo el absoluto control del presidente de la República, tiene la facultad de designar a los magistrados de la Corte Suprema y sus suplentes, lo mismo que a los procuradores tanto general de la Nación como al de la Administración, en ambos casos resulta claro que el interés del soberano constituyente, es esperar que el ejercicio de tan alta facultad responda a los más altos valores éticos y morales, profesionalismo, trayectoria y necesario prestigio y confianza social y básicamente, que después de realizada la designación tanto el organismo nominador como el designado asuma por virtud de los señalados valores, la posición de respeto e independencia que constituye el fin ideal que pretende asegurar la norma fundamental. Lo anterior no ha sido reiteradamente entendido por los organismos nominadores. En casi todas las designaciones las razones políticas cuando no de amiguismo ha sido la tónica, lo cual ha dado al traste incluso con la propia valoración social y ha afectado negativamente desde hace mucho tiempo la anhelada institucionalidad en nuestro país.

No consideramos necesario ni siquiera esforzarnos en buscar los enfoques jurídicos para confrontarlos con la gama de actuaciones de naturaleza política que dan como resultado las preocupantes medidas adoptadas en estos días. Muy fácilmente todos podemos con base al simple análisis de razonabilidad establecer que una sentencia de inconstitucionalidad de una resolución que ordenaba una escucha a un teléfono precisamente autorizado por la propia víctima para descubrir a un funcionario que lo coimeaba, y que sirvió para establecer la flagrante delictual en un subalterno de la hoy querellada, no puede ser fundamento razonable bajo ningún concepto, ni jurídico ni moral para indagar y separar al funcionario más alto de la nación en cuanto a la investigación de los delincuentes, y que además cumplía con sus altas funciones para el transparente funcionamiento de una institución tutelar. Las bases morales de toda esta articulación están bajo el escrutinio social, y el mensaje que con las actuaciones políticas de oportunidad y el mensaje que se ofrece a la sociedad es realmente deprimente. Vale hacer un llamado a la reflexión a todos los sectores inmersos en esta trama poco edificante para reflexionar con responsabilidad política y respeto a la ley tan necesario en estos momentos. Lo que se impone es la recta aplicación de la ley y el ejercicio de funciones públicas con sentido moral y de responsabilidad, o colocaremos a nuestro país y a nuestras instituciones tutelares en un grado deplorable con efectos totalmente impredecibles. No son pues, asuntos de interpretación jurídica objetiva. Son asuntos de interpretación política de lo jurídico que es la negación precisamente de la razón de la existencia de un orden jurídico y constitucional que se respete y que nos enorgullezca.