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- 19/12/2012 01:00
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PANAMÁ.
Como si se tratara de un juego de ajedrez, el gobierno de Ricardo Martinelli hizo ayer una jugada de jaque mate. Profundizó las denuncias por el proceso de penetración del sistema de la justicia y coronó, según los críticos, su supremacía sobre el Poder Judicial panameño.
Martinelli y sus ministros, con absoluta discreción, nombraron a José Ayú Prado como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a Ana Belfon como nueva procuradora.
Ayú Prado cumpliría este enero dos años al frente del Ministerio Público, tras la destitución de Ana Matilde Gómez vía el plan ‘Pamago’, una conspiración que comprometió a Martinelli y a cercanos colaboradores.
El espaldarazo a Belfon, paralelamente, dio un remezón al panorama político del país. Ayer, líderes civilistas recordaban cómo, siendo fiscal primera y tercera en la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, ella ordenaba arrestos a opositores. Y cómo ordenó la detención de Guillermo Sánchez Borbón por sus columnas ‘En pocas palabras’, que frecuentemente cuestionaban al poder alrededor del ‘hombre fuerte’.
LOS TEMORES DEL GOLPE
Pero, ¿qué significan estas rotaciones? ¿Por qué Martinelli quisiera a Belfon en el Ministerio Público y a Ayú Prado en la Corte?
‘Lo que viene es el autogolpe’, advierte Miguel Antonio Bernal, a quien Belfon, de paso, mandó a apresar en tiempos de dictadura. ‘Su nombramiento es un insulto, Belfon abre las vías para las violaciones de garantías, es su naturaleza’, agrega Bernal.
Aurelio Barría, dirigente de la otrora Cruzada Civilista, coincide con ello. ‘Es una vergüenza... Belfon no tiene más méritos que los que adquirió durante la dictadura’, lanza. Pero discrepa con Bernal sobre el panorama actual: la dictadura civil está, dice. Se ha atornillado en el país a cuentas de Martinelli. ‘No es lo que viene, es que ya está ocurriendo... aquí se puede esperar cualquier cosa’.
Sin embargo, los cuestionamientos por la promoción de Belfon no solo apuntan a su pasado con Noriega, sino también a su cercanía con Martinelli.
Ella, según fuentes políticas, llegó a él por la gobernadora Mayín Correa. Fue su asesora legal y secretaria general en la Alcaldía de Panamá.
‘Espero que sea independiente’, dijo el activista Roberto Troncoso, también presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede). Él sabe bien de violaciones a los derechos humanos, pues lideró la comisión que investigó la represión y muerte de indígenas en Changuinola, a manos del gobierno, por la ‘ley chorizo’.
Belfon desestimó todos los temores. Aseguró a La Estrella que está ‘acostumbrada a trabajar donde me pongan’. ‘Si esa es la decisión del Gabinete, la acepto’, insistió.
¿PAGANDO CUENTAS?
Sobre Ayú Prado también se posaron críticas, principalmente por su ejecutoria en el Ministerio Público.
El expresidente Ernesto Pérez Balladares, investigado por Ayú Prado por supuesto enriquecimiento ilícito, fue el más punzante: su mérito, dijo, ‘es arrastrarse ante el poder en turno’.
Él y Belfon, sostiene el panameñista José Isabel Blandón, son una mancuerna negativa. Lo dice por la forma en la que Ayú Prado actuó en el Ministerio Público: mandó a cerrar el expediente Finmeccanica, en el que se señala a Martinelli; guardó el escándalo Juan Hombrón, que tocaba a la familia del exministro Jimmy Papadimitriu; y liberó a Anabelle Villamonte de toda culpa de la componenda para regalar tierras estatales en Paitilla.
‘Necesitaba a un magistrado de probado servilismo’, agregó en su momento el crítico Mauro Zúñiga.
Tras las designaciones, el Ejecutivo llamó a la Asamblea en plena época de Navidad a sesiones extraordinarias, en medio de una jornada que despierta inquietudes (véase: ¿Gabinete dividido?).
El proceso de ratificación empezará hoy y se extenderá hasta el 26. Además de Belfon y Ayú Prado habrá que ratificar a su suplente, Gabriel Fernández. Pero antes, el procurador se aseguró de amarrar todo: anunció rotaciones y cambios en el Ministerio Público. ‘¿Corrupción?’, se preguntó ayer Pedro Sitton, un exvocero de Martinelli.