Martinelli contraataca con querella mientras CSJ niega recusación

Actualizado
  • 25/01/2024 00:00
Creado
  • 24/01/2024 17:42
En la Asamblea Nacional Martinelli expresó su preocupación por la presunta influencia de la magistrada en su caso

En medio de crecientes tensiones judiciales, el expresidente Ricardo Martinelli presentó una querella criminal contra la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias. Al mismo tiempo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó por improcedente el incidente de recusación presentado por el abogado defensor de Martinelli contra la misma magistrada.

Martinelli, actual candidato presidencial por el partido Realizando Metas, acusa a la magistrada López Arias de conducta inapropiada y busca acciones legales en su contra.

La querella criminal presentada por Martinelli ante la Asamblea Nacional marca una escalada en las tensiones entre el político y la magistrada, con acusaciones de conducta inapropiada y manipulación judicial. Mientras tanto, el rechazo de la recusación agrega un nuevo elemento a la compleja situación legal del expresidente.

En la Asamblea Nacional, Martinelli expresó su preocupación por la presunta influencia de la magistrada en su caso, afirmando que “ella quiere que el caso de casación se haga a su manera”.

El exmandatario instó a funcionarios y jueces de la Corte a denunciar las supuestas irregularidades presentadas por la magistrada María Eugenia para garantizar la justicia en Panamá.

“Funcionarios han filtrado a los medios proyectos de fallos. Exhorto a los funcionarios y jueces y quienes trabajan en la Corte a que denuncien las arbitrariedades que está presentando la magistrada María Eugenia para que haya justicia en Panamá”, declaró Martinelli.

Además, el candidato presidencial lanzó un desafío a sus rivales políticos, retándolos a respaldar su inhabilitación. “Hago un reto a todos los candidatos presidenciales: ustedes quieren que me inhabiliten para ver si alguno de ustedes puede ganar. No tienen un plan de gobierno”, afirmó Martinelli.

El expresidente también criticó la presunta injerencia del presidente Laurentino Cortizo en el proceso judicial en su contra.

Aseguró que la magistrada seguiría órdenes del mandatario para lograr su inhabilitación y advirtió sobre las posibles consecuencias de permitir que la justicia tome decisiones que afecten la democracia.

“No puede ser que la magistrada María Eugenia haga lo que quiera en este país y siga órdenes de Laurentino Cortizo para que se me inhabilite. No podemos permitir que la justicia decida la democracia y no los cuatro millones de panameños”, enfatizó Martinelli.

De acuerdo con la denuncia de Martinelli la magistrada de la Corte ha incurrido en la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de corrupción de servidores público, delito que se encuentra descrito en el artículo 346 del Código Penal de la República de Panamá.

El equipo de abogados del expresidente de la República y candidato presidencial por el partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, presentó en diciembre el recurso de casación con el objetivo de que la Sala Segunda Penal revoque la condena a 10 años y 8 meses.

El recurso busca revertir la decisión del Tribunal Superior de Liquidación del 24 octubre pasado, que confirmó la condena por blanqueo de capitales al expresidente en el caso New Business, la cual fue emitida en julio pasado por el Juzgado Segundo Liquidador de causas penales.

El caso New Business se refiere a la sociedad canasta que se utilizó para recolectar fondos procedentes de contratos estatales manejados de manera irregular para la compra del grupo editorial Epasa, el conglomerado de tres medios escritos que fue vendido en diciembre de 2010, a través de interpuestas personas.

Junto con Martinelli también fueron condenadas otras cuatro personas que recibieron penas de entre 60 y 96 meses de prisión, por encubrir el dinero ilícito proveniente de fondos del Estado en diferentes tiempos, pero con el mismo propósito, que fue asegurar la compra de Epasa mediante dinero “originado de delitos contra la administración pública”.

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