Iglesia logra que partes se mantengan en el diálogo

PANAMÁ. En un esfuerzo para que el diálogo entre gobierno e indígenas no sucumbiera, el obispo de David, José Luis Lacunza, decidió ayer reunirse por separado con cada una de las partes, antes de empezar la sesión. Aunque poco se supo de lo que conversaron en privado, trascendió que monseñor hizo un enérgico llamado a cada uno de los bandos a los cuales pidió empezar a dar muestras concretas de llegar a un acuerdo por el bien del país.

‘Dónde estamos, hacia dónde vamos y cuál sería el costo para todos los panameños, si se rompiera el diálogo’, fue el mensaje categórico de la Iglesia a cada grupo, conoció La Estrella.

Según se informó, en la conversación la cacica dijo que ella debía dar una respuesta a su pueblo antes del mediodía; si no, volverían a las calles. Pero monseñor la convenció de mantenerse en la mesa.

El Salón Chanchoré, donde sesiona la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, se transformó ayer en una especie de confesionario en el que indígenas y ministros conversaron con monseñor y aceptaron seguir en la mesa y buscar el consenso.

MANTIENEN PRESIÓN

Mientras la Iglesia se esforzaba por el consenso, los indígenas se reactivaron. Javier Selles, dirigente de la coordinadora, aseguró que en al menos 14 lugares hubo protestas.

El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, lamentó las acciones de los indígenas. Dijo que violan los acuerdos alcanzados con el Pacto San Lorenzo 1.

Viguí volvió a convertirse en escenario de bloqueos. Los manifestantes advirtieron que las presiones son para que el gobierno ceda.

Un grupo de indígenas piqueteó y gritó consignas en contra del Gobierno Nacional en las inmediaciones de la empresa encargada del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, lo mismo en las afueras del Palacio Legislativo.

EL PUNTO DE LA DISCORDIA

Barro Blanco, en las riberas del río Tabasará, sigue siendo la manzana de la discordia y lo que impide un acuerdo.

El gobierno advirtió que han cedido en varios puntos y no perciben disposición de parte de los indígenas. El ministro Fábrega señaló que el tema de Barro Blanco deben analizarlo, pues considera que se podría poner en riesgo el grado de inversión en Panamá y reiteró que representa beneficios para el futuro.

Directivos de Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), empresa encargada de la hidroeléctrica, defendieron ayer su propuesta ante la mesa del diálogo. El gerente de la compañía, Aldo López, aseguró que cuentan con un certificado firmado por el cacique Máximo Saldaña sobre el estudio de impacto ambiental realizado para la construcción de la hidroeléctrica.

Agregó que la Ley 10, en su artículo 50, establece que no es necesario pedir autorización si el proyecto no ocupa el 100% de la comarca, aduciendo que el mismo está en la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de Tolé.

A los planteamientos de López, Ausencio Palacios, de la Coordinadora indígena, adujo que ‘la interpretación que se le está dando no es el espíritu originario de la ley que creó la comarca’. Hasta se atrevió a llamar mentirosos a los representantes de la empresa en su cara, lo que llevó a monseñor a llamar al orden.

DENUNCIAS

El reinicio del diálogo estuvo marcado por denuncias de ambas partes.

La cacica Silvia Carrera denunció que el lunes, a su salida de la Asamblea Nacional, dos carros modelo Yaris se encargaron de montarle una persecución al carro donde se trasladaba y se vieron obligados a hacer diversas maniobras para alejarse de los autos; sin embargo uno de los jóvenes que conducía se puso nervioso y chocó el automóvil donde se trasladaba Carrera.

La dirigente advirtió que el equipo de seguridad de la Comarca logró obtener detalles de los autos, tales como la matrícula, y pidió seguridad para todas las autoridades de la comarca.

El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, no se quedó atrás y dijo que el mismo lunes, dos personas llegaron a Barro Blanco pidiendo la suspensión de la obra. Los sujetos dijeron ser del servicio de inteligencia del Estado; sin embargo, todo apunta a que sólo se trató de un par de impostores.

Juan Jurado y otro hombre revelaron su supuesta identidad en Barro Blanco; no obstante, según Fábrega, al consultar sobre ellos en el Ministerio de Seguridad comprobaron que ninguno existe en la base de datos.

El procurador, José Ayú Prado, informó que por el momento no podía iniciar investigaciones, pues no había recibido ninguna denuncia.

Por su parte, monseñor José Luis Lacunza solicitó, en calidad de mediador, que las pruebas sean entregadas al ministro Fábrega para que investigue de quiénes se trata y en cuanto a los impostores que solicitaron la cancelación de la obra de Barro Blando, dijo que ‘hay personas que quieren pescar en río revuelto y otras que buscan revolver el río’.

La Coordinadora denunció la difusión de una carta en un medio televisivo en la que supuestamente los indígenas condicionan el diálogo a puestos de trabajos en el gobierno o dinero. Fábrega aseguró que el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, desmintió la existencia de tal misiva. Mientras que la Coordinadora rechazó que hayan escrito tal carta y aseguró que hay personas que están ‘malinformando’.