Lo que Panamá ha cedido ante Estados Unidos hasta ahora

A solo 79 días del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y con la firme intención de restablecer el dominio estadounidense en el Canal de Panamá, el gobierno norteamericano ya ha avanzado significativamente en esa dirección.

Aunque desde el inicio el gobierno panameño adoptó una postura firme al rechazar todas las alegaciones formuladas por el presidente Trump, con el pasar del tiempo ha ido entregando concesiones ante la presiones de Washington.

Una de las primeras concesiones realizadas por el gobierno panameño se dio tras la llegada del Secretario de Estado, Marco Rubio. El 2 de febrero el presidente de la República, José Raúl Mulino anunció que tras su reunión con Rubio se exploró la posibilidad de expandir el Memorándum de Entendimiento para articular más las repatriaciones desde el Darién.

De esta manera, el presidente ofreció al gobierno estadounidense la pista de Nicanor en Metetí para poder realizar cualquier operación que tuviera que ver con el Memorándum de Entendimiento.

“Cualquier cosa que se vaya a hacer les he ofrecido el área de la pista de Nicanor, en Metetí, Darién, para que sea desde ahí que se surta el trámite de repatriación de personas de distintas partes como Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otras nacionalidades”, declaró Mulino, en una conferencia de prensa tras la reunión con el Secretario de Estado.

Desde el 13 de febrero, Panamá empezó a recibir migrantes expulsados de Estados Unidos en vuelos de repatriación. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), esto se dio en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre ambos países.

Sin embargo, esta decisión contradijo lo que había planteado el pasado 5 de diciembre, cuando el presidente señaló que “a la luz del Derecho Internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades que no sean panameñas”.

Los migrantes estuvieron encerrados en un hotel de la ciudad de Panamá y solo unos 192 de los 300 accedieron a ser deportados a sus países de origen.

El resto recibió un plazo de 30 días para salir de Panamá, sino serían deportados por las autoridades de migración. Muchos de los migrantes venían de países como Irán, China, Vietnam, India, Nepal, Pakistán, Afganistán, Turquía, entre otros.

Según el MIRE, los costos de la repatriación desde Estados Unidos y los gastos que se generen según el tránsito de los migrantes en Panamá, serán cubiertos por el gobierno americano.

Tras la visita de Rubio, el gobierno estadounidense manifestó tener problemas con la “influencia china” en los puertos aledaños al canal como Cristobal y Balboa, bajo la administración de Panama Ports Company (PPC) mediante el conglomerado CK Hutchison Holdings Ltd., una empresa de Hong-Kong.

A principios de marzo de este año, el conglomerado llegó a un acuerdo preliminar con el consorcio estadounidense BlackRock-TiL para vender el 90% de sus acciones en PPC, lo que otorgará a este consorcio la concesión para operar los puertos de Cristóbal y Balboa en Panamá.

La transacción, sujeta a aprobación del gobierno panameño, forma parte de una venta más amplia de activos portuarios de Hutchison por un valor total de $22.8 mil millones, que incluye 43 puertos en 23 países.La venta proporcionará a CK Hutchison aproximadamente $19,000 millones después de ajustes financieros.

Legisladores republicanos estadounidenses celebraron en su momento la venta como una victoria geopolítica, mientras que Trump apoyó abiertamente a BlackRock-TiL.

Por su parte, CK Hutchison insiste en que se trata de una operación meramente comercial. Aunque el gobierno aseguró que la venta no tenía que ver con las presiones de Estados Unidos, desde la Casa Blanca fueron enfáticos en dejar claro que ellos dieron las condiciones para la que se diera el proceso de venta.

El pasado 2 de abril, Trump, anunció la imposición de un arancel del 10% a las importaciones provenientes de Panamá, como parte de su nueva política comercial de “aranceles recíprocos”.

Según el mandatario estadounidense, esta medida busca equilibrar las relaciones comerciales, aplicando tarifas similares a las que Estados Unidos enfrenta en otros países.

Además de Panamá, otras naciones latinoamericanas, como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, también estarán sujetas a este arancel del 10%.

Estos aranceles entraron en pausa por 90 días, anunció Trump el pasado miércoles 9 de abril.

Aunque diferentes expertos advierten que estos aranceles podrían tener repercusiones en el Canal de Panamá, una vía por la que transita aproximadamente el 3% del comercio mundial, el gobierno panameño está evaluando las implicaciones de esta medida y explorando estrategias para mitigar sus efectos en la economía nacional.

El martes 8 de abril, con la visita del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ambos países firmaron el marco de cooperación “Primero y libre”.

Este garantiza el paso expedito de buques de guerra y auxiliares de los Estados Unidos a través del Canal de Panamá, en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y conforme el marco constitucional del istmo.

Según el comunicado conjunto realizado por ambos países, tanto Panamá como Estados Unidos trabajarán en el diseño de un mecanismo para la compensación de peajes y otros cargos relacionados al Canal, en cumplimiento del Tratado de Neutralidad y las normativas vigentes.

Por su parte, Hegseth reveló ayer al mediodía que se firmaría un “documento marco” con el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, para que los buques de la armada de Estados Unidos y auxiliares tengan el paso libre por esta vía marítima.

Otras partes de este mismo acuerdo también contempla la reactivación del ejercicio Panamax en 2026, centrado en la defensa del Canal de Panamá y entrenamiento en entornos selváticos.

También, el incremento de actividades bilaterales de entrenamiento y cooperación en seguridad, respaldadas por un Memorándum de Entendimiento entre los cuerpos de seguridad panameños y el Departamento de Defensa de EE.UU.

Por otro lado, Estados Unidos estará brindando asistencia técnica para “fortalecer” la ciberseguridad, la seguridad marítima y la planificación estratégica de las autoridades panameñas.

Asimismo, se revitalizará el Diálogo de Alto Nivel en Seguridad, con énfasis en la defensa del Canal y la preparación ante amenazas regionales.

La declaración conjunta también señaló que el presidente Mulino expresó su compromiso de retirar a Panamá de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China, convirtiéndose en el primer país de la región en hacerlo.

Por su parte, Hegseth celebró esta decisión como un paso importante hacia el fortalecimiento de la seguridad regional y la reducción de la influencia china en áreas estratégicas del continente.