Ajustes a ley de imprescriptibilidad genera choques

A pesar de que coincidió en que hay que revisar los artículos del proyecto de ley 514 sobre imprescriptibilidad en los delitos contra la administración pública, en el que se inhabilita a las empresas para contratar con el Estado, aun cuando hayan colaborado con la investigación, uno de los proponentes del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional consideró que debe ser sancionado.

Juan Diego Vásquez, estudiante de derecho y uno de los proponentes del proyecto 514, indicó que los artículos (3 y 4) en los que se inhabilita para contratar con el Estado a las personas naturales y jurídicas condenadas en Panamá o en el extranjero por sentencia judicial definitiva o por haber realizado acuerdos de pena o de colaboración eficaz por la comisión de delitos contra la administración publica, no es justificación para pedir un veto al Presidente.

‘No es justificación, entendiendo que cada día que no se promulga la ley es un día que los corruptos escapan de su alcance', dijo.

La reacción de Vásquez surge luego de que la Alianza Ciudadana Pro Justicia pidiera al presidente de la República vetar estos artículos tras advertir que, de sancionarse la ley, todas las empresas que han colaborado no podrán ser contratadas por el Estado.

La norma aprobada, según esta agrupación, ‘parece tener el objetivo de que no acepten la colaboración eficaz', señala la organización de la sociedad civil.

La modificación en cuestión fue presentada y aprobada por diputados de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático y de Cambio Democrático.

‘Ahora frente a esta polémica bien podría seguirse el debate de este tema en el marco del proyecto 597 y dejar que la imprescriptibilidad empiece a operar en Panamá', precisó Vásquez al referirse al proyecto 597, sobre ‘muerte civil' que busca inhabilitar de manera permanente a contratar con el Estado a empresas corruptas.

Durante el tercer debate del proyecto 514 realizado el martes, la diputada independiente Ana Matilde Gómez calificó como un grave error procesal el incluir al colaborador eficaz e inhabilitarlo de contratar con el Estado.

Esto, destacó la diputada independiente, puede llevar a que un subcontratista o contratista pequeño que no participa del acto delictivo y que tiene conocimiento del acto de corrupción, se vea poco motivado a delatar al gran corrupto.

El diputado panameñista José Luis Varela también aseguró que de inhabilitarse a empresarios para contratar con el Estado, aun cuando estos hayan llegado a acuerdos de pena o colaboración eficaz, estas personas nunca delatarían a un político involucrado en este tipo de delitos corruptos.