Ley de Transparencia, un debate sobre las falencias y las reformas

La Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia y Acceso a la Información ha representado la columna vertebral para la construcción del Estado de derecho durante más de dos décadas. Este miércoles, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana- Capítulo panameño de Transparencia Internacional- reunió a diversas voces para destacar la relevancia de esta legislación.

“En la administración anterior tuvimos un descenso en el acceso a la información pública, cuando se determinó dejar de hacer públicas las actas del Consejo de Gabinete, algo que me alegra se haya resuelto”, destacó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la fundación.

Obaldía resaltó que el acceso a la información pública es clave para el desarrollo de mejores políticas públicas, de allí que sea necesario analizar cómo se ha desarrollado la implementación de la ley para determinar cómo se puede mejorar.

La abogada hizo referencia al aporte de incitativas como la propuesta que presentó el diputado Betsarai Richards, que busca que todas las instituciones públicas se vean obligadas a hacer pública la designación de funcionarios, gastos de representación, costos de viajes, viaticios, bonificaciones, sobresueldos y otros, de manera mensual. Algo que no está establecido en la legislación.

“Hay otros proyectos en el camino, que están buscando aumentar esa transparencia. Nos tomó casi una década cambiar la cultura de transparencia en el país. Hoy podemos decir que estamos mejor que hace 10 años, pero necesitamos mejorar”, analizó.

Al ser consultada sobre la principal falencia que tiene esta normativa, Obaldía apuntó que hay “confusión” en los funcionarios, al momento de saber cuál es la información de debe ser pública y la que debe mantenerse en privado.

“Estamos lanzando una campaña, a partir del próximo lunes, para concienciar a la población sobre la importancia del acceso a la información de carácter público.

La representante de San Francisco, Serena Vamvas y el representante de Don Bosco, Pier Janson, hicieron énfasis en la importancia que tiene que se actualice la legislación, para garantizar que los documentos públicos se digitalicen.

Vamvas indicó que es necesario que se establezcan multas a los funcionarios que se nieguen a hacer pública la información de las juntas comunales.

“Mi transición en San Francisco ha sido tumultosa, porque no hay un mecanismo de presión legal para obligar a la anterior administración a entregar los datos de la junta comunal”, lamentó, a la par de recordar que la mayor parte de los datos que tenía esa junta comunal fueron eliminados antes de que ella tomase pocesión del cargo.

”Cuando fuimos al Ministerio de Economía y Finanzas a solicitar que nos dieran la información de los bienes e inmuebles de la junta, nos dimos cuenta de que no se le habían dado seguimiento desde 2015 y nos mencionaron que no podían hacer nada para obligar a que se entregasen”, agregó.

El representante de Don Bosco, Pier Janson, dijo que el problema de la Ley 6 es que “los funcionarios no tienen la obligación real de cumplir con ella y no hay sanciones para aquellos que no la sigan”.

Manuel Colina, director de Transparencia de la Alcaldía de San Miguelito, dijo que la legislación “no alcanza a exfuncionarios” lo que hace que la única vía legal que haya sea la de presentar denuncias penales. Un movimiento que se ha visto en múltiples gobiernos locales, en todo el país.

Uno de los puntos más criticado fue la “tardía” aplicación del Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas (SIERC), un sistema lanzado por la Contraloría General de la República, esta semana, en el que las entidades públicas deben demostrar como utilizan los recursos del Estado.

Aunque todos los involucrados en el diálogo consideraron que la herramienta es positiva. Janson lamenta que esta haya tardado tanto en inaugurarse.

“Tengo entendido que eso está listo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué lo lanza ahora, que terminó el gobierno anterior?”, cuestionó.

”Llama la atención que la Contraloría le exija a la nueva alcaldía de Panamá todos los requisitos que pone la Ley para poder devengar un salario, cuando anteriormente se nombraba a diestra y sieniestra”, agregó, aclarando que el problema no es la exigencia, sino la arbitrariedad en su imposición.

Este sentir es compartido por Vamvas. “Esta es plataforma es necesaria, pero llegó sumamente tarde. Debió existir desde hace muchos años”, acotó.

“La Contraloría no ha estado cumpliendo con el debido proceso de auditoría en los gobierno locales. Nosotros pedimos auditorías y nos dicen que no tienen suficiente personal para hacerla, es inaudito”, sentenció.

”Las auditorias responden al derecho ciudadano de saber qué está sucediendo en las juntas comunales y eso es lo que me gustaría que el contralor entendiese”, concluyó.