Doens denuncia ‘pinchazos’ ante Procuraduría

PANAMÁ. El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens, acusó ayer directamente a todos los miembros del Consejo de Seguridad de ser los responsables del espionaje telefónico del cual fue víctima. Y, de paso, junto a toda la plana del frente Jurídico de su colectivo, los querelló penalmente ante el Ministerio Público (MP).

‘Sabemos que el origen de la interceptación de las llamadas es el Consejo de Seguridad siguiendo las instrucciones directas de Ricardo Martinelli’, aseguró Doens a las afueras del MP.

La demanda de la oposición, hecha efectiva por la abogada Zulay Rodríguez, también va dirigida ‘a los que resulten responsables’ de la interceptación al teléfono celular del dirigente perredista.

En medio de la crisis indígena, fueron colgados en la red social Youtube una serie de audios con imágenes sobrepuestas, sobre conversaciones que Doens mantenía.

‘Ojalá que el Ministerio Público investigue esto a fondo y se llame a todas las personas que estén involucradas y paguen por el delito que están cometiendo’, reclamó Doens.

La querella surge días después de que el Ministerio Público abriera una investigación de oficio tras la admisión que hizo el diputado oficialista Marcos González en televisión nacional de que es el Consejo de Seguridad quien graba las llamadas de la oposición.

Según Doens, González, también vicepresidente de la Asamblea, debe despojarse de su inmunidad e ir al despacho del procurador José Ayú Prado a testificar. ‘Que ayude a la ley para que efectivamente se terminen los abusos que hace el Gobierno Nacional’, agregó.

Por este expediente ya declaró el exviceministro de Gobierno y hoy opositor al gobierno de Martinelli, Luis Ernesto Carles. En la internet también fue colgada una conversa suya, la cual dijo fue editada intencionalmente ‘para hacer daño’.

Tanto Carles como Doens se basan en que el artículo 29 de la Constitución establece que las comunicaciones privadas son inviolables y sólo se podrán intervenir con la autorización de un despacho judicial, en este caso de la Corte Suprema de Justicia.

El incumplimiento de esa norma, establece el propio artículo 29, impedirá que lo intervenido pueda ser utilizado como prueba. Pero, agrega, no exime de responsabilidad penal a los interventores.