Se enciende debate por proyecto que elimina ‘blindaje’

De aprobarse el anteproyecto de ley que deroga la Ley 55 de 2012 y modifica artículos del Código Procesal Penal relacionados con el proceso de enjuiciamiento de los diputados, se eliminarían las cortapisas que complican o impiden la investigación en contra de los llamados ‘padres de la Patria’.

La derogación de la Ley 55 de 2012 surge en medio de denuncias públicas en contra del expresidente de la República Ricardo Martinelli por espionaje telefónico. Distintos sectores han objetado que la Ley 55 podría ser una coraza que impediría investigar al exmandatario, en vista de que establece un plazo de hasta dos meses para concluir las pesquisas.

En su exposición de motivos, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, quien propuso el proyecto de ley, sustentó la iniciativa en la necesidad de eliminar los privilegios de los diputados.

Sin embargo, desde el sector jurídico, algunos plantean que la eliminación de la Ley 55 no cambiaría el escenario favorable a Martinelli; otros aseguran que sí.

El abogado Ernesto Cedeño consideró que, en caso de iniciarse una investigación en contra de Martinelli, se le aplicaría la Ley 55. Pero, para el expresidente del Colegio de Abogados, César Ruiloba, es un asunto de procedimiento.

En caso de que en el transcurso de una investigación a Martinelli la norma cambie, se deberá aplicar la nueva ley, dice Ruiloba.

El perredista Mitchell Doens también apoya la tesis de que la nueva ley no aplicaría a una investigación ya iniciada y por eso solicitó a la Corte Suprema de Justicia resolver, lo antes posible, el recurso de inconstitucionalidad presentado.

‘Una declaración de inconstitucionalidad resolvería el tema’, dijo Doens.

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio de Abogados, también consideró que se debe aplicar la nueva norma.

Lo cierto es que la propuesta del diputado Valderrama retrotrae lo estipulado originalmente en el Código Procesal Penal, en el que no se establece tiempo límite para una investigación en contra de un diputado por la Corte Suprema de Justicia.

La medida también incluye a los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La propuesta de Valderrama también elimina la prueba idónea para presentar una denuncia en contra de diputados.

Para Araúz, es evidente que, en el caso de Martinelli, se trataría de una investigación compleja, que requeriría de tiempo. Aunque es consciente de que una defensa puede apelar la Ley 55.

CAMBIOS AL CÓDIGO

El anteproyecto de ley modifica el artículo 487 del Código Procesal Penal y queda así: ‘Compete al pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento de los actos delictivos y policivos cuya comisión se atribuya a los diputados de la República, principales y suplentes’.

En opinión de Roberto Troncoso, dirigente de la sociedad civil organizada, el anteproyecto de ley es más acertado que la propuesta de la sociedad civil de que los diputados se despojaran por voluntad propia de la coraza protectora.

Otro de los artículos del Código Procesal que, de aprobarse el proyecto de ley, sufriría cambios, es el 488, que habla de la designación del magistrado fiscal y del juez de garantías. El anteproyecto plantea que el ‘pleno en audiencia, con la asistencia de la Procuraduría y el abogado del denunciado o querellado, entrará a examinar la admisibilidad de la misma’.

El proyecto de ley fue presentado el pasado martes y debe ser prohijado por la Comisión de Gobierno y pasar los tres debates legislativos, para después ser sancionado por el Ejecutivo.