Fijan fecha de audiencia preliminar en caso de cobranzas de Istmo

El Juzgado Primero de Circuito Penal fijó para el 18 de septiembre, la audiencia preliminar dentro del proceso seguido por el escándalo de Cobrabzas del Istmo.

En la investigación se mencionan al exdirector general de Ingresos, Luis Enrique Cucalón Uribe; al empresario Cristóbal Salerno, a Magaly Ramos, María Alessandra Salerno, Edgardo González e Irasema Sánchez, por los delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos en general, y contra la administración pública, en la modalidad de “las diferentes formas de peculado” y “corrupción de servidores públicos”, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

La jueza de la causa, Agueda Rentería Sánchez, fijó como fecha alterna el 26 de octubre, para la celebración del dicho acto oral.

En tanto, establece que de conformidad con lo señalado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá del auto de medida cautelar del 24 de abril de 2017, y al tenor de lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario, se ordena enviar oficio a la Dirección del Sistema Penitenciario, a fin de que tomen las medidas pertinentes, y con las instrucciones médicas respectivas, para el traslado del imputado Cucalón Uribe a las salas de vídeo-audiencias de un centro penitenciario para celebrar el acto de audiencia preliminar.

Cucalón Uribe se encontraba recluido en el centro penitenciario El Renacer antes de ser internado en el Hospital Punta Pacífica, donde permanece hospitalizado desde hace más de un año.

La empresa Cobranzas del Istmo, S.A., que entre 2010 y 2014 se encargó de recuperar los impuestos morosos.

La Contraloría General de la República realizó una auditoría que corrobora las irregularidades en el funcionamiento de la empresa.

Un informe elaborado por la institución determinó que hubo irregularidades en la adjudicación del contrato y en los polémicos pagos de comisiones a la recaudadora de impuestos.

La auditoría, que comprende el periodo entre 1 de enero de 2010 al 31 de marzo de 2015, establece que la actual afectación económica al Estado panameño es de $8.8 millones, luego de que Cristóbal Humberto Salerno, propietario de CISA, realizara una transferencia voluntaria a la cuenta única del Tesoro Nacional por $20.6 millones, por cobro injustificado.