Asamblea Nacional, entre las más opacas de la región

La Asamblea Nacional volvió a fracasar en el índice de transparencia al obtener un puntaje de 38,93% y la ubica en la posición 10 de los 14 países de América Latina evaluados. Solo supera a los parlamentos de Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Honduras.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, presentó este miércoles la sexta versión del índice latinoamericano de transparencia legislativa que evalúa los parlamentos de 14 países en diferentes áreas, como la transparencia y la labor legislativa.

Los parlamentos de Chile (63,03), Perú (59,51), México (51,62), Costa Rica (50,74%) y Paraguay (47,82%) fueron los que mayor puntaje obtuvieron en materia de transparencia en una escala donde 0 es opaco y cerrado, y 100% es transparente y abierto.

Comparado con la anterior evaluación de 2020, la Asamblea Nacional logró una leve mejoría al subir 3,75%, sin embargo, aún no alcanza estar entre los países que superan el promedio regional que es de 42,18%.

Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el problema principal de la Asamblea Nacional está en su reglamento interno, que contiene vacíos legales que generan la discrecionalidad.

El índice latinoamericano de transparencia legislativa mide cuatro aspectos de los parlamentos: normatividad, labor del congreso, presupuesto y gestión administrativa, y participación ciudadana. El informe fue realizado por 22 organizaciones de la sociedad civil en la región entre enero y agosto del año pasado.

En normatividad, la Asamblea Nacional fue donde mejor puntaje alcanzó con 55,2%, es decir quedó entre los parlamentos que mayor cantidad de leyes aprueba, sin embargo, de Obaldía considera que muchas de las normas no se cumplen. En el aspecto de presupuesto y gestión administrativa solo obtuvo 9,8%, mientras que en labor legislativa sacó 47,9% y en participación ciudadana 46,3%, de estos cuatro porcentajes se obtiene el índice de transparencia.

“Entre los principales hallazgos de esta edición se encuentra que el promedio regional de transparencia aumentó de 39,6% en 2020 a 42,18% en 2023. Esto implica una leve mejora del conjunto, debido a que gran parte de los congresos progresaron en el manejo presupuestario y administrativo, así como en políticas de participación ciudadana”, reveló de Obaldía.

El informe detalla, además, que la mayoría de los países no tiene planes de parlamento abierto o una política clara de uso de datos abiertos, y que presentan deficiencias en la publicación de información sobre los legisladores y sus equipos de asesores.

En la mayoría de los países, en la que se incluye Panamá, se evidencia la falta de regulación sobre el lobby y la declaración de intereses.

Para de Obaldía es fundamental poner la transparencia legislativa como tema central de los candidatos que buscan una curul en la Asamblea Nacional.

Durante la presentación del informe, en el auditorio del Tribunal Electoral, se realizó la conferencia “Fortalecimiento de la democracia a través de la transparencia legislativa” a cargo del expresidente del Congreso de Chile, Hernán Larraín, quien hizo un diagnóstico de la democracia en la región y planteó la necesidad de cambiar paradigmas en la gestión pública, es decir, de dejar de ser opaco para ser más transparente.

“En la opacidad solo puede crecer la corrupción”, dijo.

El evento fue inaugurado por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá. Asistieron embajadores acreditados en Panamá y concluyó con una mesa redonda sobre los retos y oportunidades de la transparencia legislativa en Panamá.

Además de la presentación del informe, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana junto con la oenegé Espacio Cívico lanzaron el compromiso por una Asamblea transparente en la que piden a los candidatos a diputado comprometerse en impulsar algunas normas, de ser elegidos el próximo 5 de mayo.

Entre las normas que piden que sean impulsadas están, la de protección a denunciantes de corrupción, fortalecer la Ley 2 de 2002, mejor conocida como Ley de la Transparencia, y derogar la Ley 351 de 2022 que crea fueros y privilegios para funcionarios de la Contraloría.

Adicional, los candidatos que se comprometan a reformar la ley del reglamento interno de la Asamblea.