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Abogados Gremialistas piden sanción favorable a la ley de moratoria
- 15/04/2020 17:49
- 15/04/2020 17:49
El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) exhortó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, la sanción de tres proyectos de ley por su “impacto positivo” frente a la emergencia nacional que se vive por el COVID-19.
La agrupación de los abogados detallaron que el proyecto de ley 281 establece medidas de interés entre los que se destacan una moratoria para créditos agropecuarios y un control de precio para los productores indispensables para la salud y, además, la suspensión de reducción de la mensualidad de los colegios particulares.
El proyecto de ley 287 que establece medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos de la pandemia en Panamá entre ellas suspender por 90 días prorrogables obligaciones a nivel de la Administración pública, así como la suspensión por el mismo término prorrogable en todo el país para obligaciones y servicios entre particulares como préstamos bancarios, hipotecarios, personales, comerciales, tarjetas de crédito y para los arrendamientos particulares de oficina y comerciales afectados.
El proyecto de ley 295 que adopta medidas especiales para suspender por cuatro meses el pago de los servicios públicos de luz, internet, telefonía fija y móvil.
“Estas normativas de innegable importancia nacional aprobado por la Asamblea Nacional. Merecen el respaldo del Movimiento de Abogados Gremialistas y resulta cónsonos con la difícil situación por la que atraviesan nuestros agremiados y ciudadanía en general”, detalla un comunicado de la agrupación abogadil.
Los abogados aseguran que es el “momento de solidarizarnos, sin individualismos, indiferencias, ni egoísmo, ni estrechez de pensamiento frente a las necesidades de las mayorías que conforman nuestra nación. De esta situación saldremos fortalecido donde los gobernantes, empresarios, profesionales, campesinos, y la ciudad en general nos mantendremos unidos, destacaron los abogados.
El Órgano Ejecutivo debe analizar si los proyectos de ley son viables. El Ejecutivo puede sancionar o vetar las leyes como lo establece la Constición.